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INFORME DE LOS GRUPOS ESPECIALES, WT/DS461/RW DEL 5 DE OCTUBRE DE 2018. COLOMBIA - MEDIDAS RELATIVAS A LA IMPORTACIÓN DE TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO RECURSO DE COLOMBIA AL PÁRRAFO 5 DEL ARTÍCULO 21 DEL ESD RECURSO DE PANAMÁ AL PÁRRAFO 5 DEL ARTÍCULO 21 DEL ESD

El 5 de octubre de 2018, la OMC distribuyó los informes sobre el cumplimiento en relación con la diferencia “Colombia — Medidas relativas a la importación de textiles, prendas de vestir y calzado — Recurso de Panamá al párrafo 5 del artículo 21 del ESD y recurso de Colombia al párrafo 5 del artículo 21 del ESD” (DS461)

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN

8.1. Por las razones expuestas en el presente informe, el Grupo Especial concluye lo siguiente:

8.2. Con respecto a su mandato, el Grupo Especial concluye que:

  1. la garantía específica y el régimen especial de importación con las características descritas en el Decreto No. 1745/2016 están “indisolublemente vinculadas” y “claramente relacionadas” con la medida declarada como destinada para cumplir por Colombia, es decir, los aranceles impuestos por el Decreto No. 1744/2016;
  2. la garantía específica y el régimen especial de importación con las características previstas en el Decreto No. 2218/2017 entran dentro del mandato del Grupo Especial, debido a que el lenguaje de la solicitud de establecimiento de Panamá es lo suficientemente amplio y la esencia de las medidas originales no ha cambiado por su reemplazo;
  3. para cumplir con su mandato de resolver el asunto que se le ha sometido, tiene que examinar y formular constataciones y, en su caso, recomendaciones, sobre la garantía específica y el régimen especial de importación con las características previstas en el Decreto No. 2218/2017 y no con las características previstas en el Decreto No. 1745/2016;
  4. las alegaciones de Panamá respecto de los artículos VIII:3 del GATT de 1994 y 7.2 g) del Acuerdo sobre Valoración en Aduana no se encuentran dentro del mandato del Grupo Especial, dado que Panamá no incluyó estas disposiciones en su solicitud de establecimiento de grupo especial; y
  5. las alegaciones de Panamá incluidas en su solicitud de establecimiento de grupo especial se encuentran dentro del mandato del Grupo Especial en ambos procedimientos.

8.3. Con respecto al Decreto No. 1744/2016, el Grupo Especial concluye que Colombia ha acreditado que los aranceles previstos en dicho Decreto no son incompatibles con las obligaciones de Colombia al amparo de los artículos II:1 a) y II:1 b), primera oración, del GATT de 1994.

8.4. Con respecto a las alegaciones de Panamá al amparo del artículo XI:1 del GATT de 1994, el Grupo Especial concluye que: a. Panamá no ha acreditado que la garantía específica prevista en el artículo 7 del Decreto No. 2218/2017 tiene efectos limitativos sobre las importaciones de manera incompatible con el artículo XI:1 del GATT de 1994; y b. Panamá no ha acreditado que el régimen especial de importación previsto en los artículos 4 a 10 del Decreto No. 2218/2017 tiene efectos limitativos sobre las importaciones de manera incompatible con el artículo XI:1 del GATT de 1994.

8.5. Con respecto a las alegaciones de Panamá al amparo del artículo X:3 a) del GATT de 1994, el Grupo Especial concluye que:

  1. La alegación de Panamá de que el Decreto No. 390/2016 es aplicado de forma incompatible con el artículo X:3 a) del GATT de 1994 a través del Decreto No. 2218/2017 no se encuentra dentro del mandato del Grupo Especial;
  2. Panamá no ha acreditado que la garantía específica prevista en el artículo 7 del Decreto No. 2218/2017 es aplicada de manera no uniforme, no imparcial o no razonable, de forma incompatible con el artículo X:3 a) del GATT de 1994; y
  3. Panamá no ha acreditado que el régimen especial de importación previsto en los artículos 4 a 10 del Decreto No. 2218/2017 es aplicado de manera no uniforme, no imparcial o no razonable, de forma incompatible con el artículo X:3 a) del GATT de 1994.

8.6. Con respecto a las alegaciones de Panamá al amparo del Acuerdo sobre Valoración en Aduana, el Grupo Especial concluye lo siguiente:

  1. El régimen especial de importación previsto en los artículos 4 a 10 del Decreto No. 2218/2017 no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de los artículos 1, 2, 3, 5, 6 y 7.2 f) del Acuerdo sobre Valoración en Aduana en la manera descrita por Panamá. En consecuencia, el Grupo Especial rechaza las alegaciones de Panamá al amparo de cada uno de dichos artículos; y
  2. Panamá no ha acreditado que la garantía específica prevista en el artículo 7 del Decreto No. 2218/2017 es incompatible con el artículo 13 del Acuerdo sobre Valoración en Aduana.

8.7. Por todo lo anterior, habiendo constatado que los aranceles previstos en el Decreto No. 1744/2016 no son incompatibles con las obligaciones de Colombia al amparo de los artículos II:1 a) y II:1 b), primera oración, del GATT de 1994, y que Panamá no ha acreditado que la garantía específica y el régimen especial de importación sean incompatibles con el Acuerdo sobre la OMC, el Grupo Especial concluye que Colombia ha aplicado las recomendaciones y resoluciones del OSD en Colombia - Medidas Relativas a la Importación de Textiles, Prendas de Vestir y Calzado de poner su medida en conformidad con las obligaciones que le corresponden en virtud del Acuerdo sobre la OMC.

8.8. Al haber constatado que Panamá no ha acreditado que Colombia ha actuado de manera incompatible con las obligaciones que le corresponden en virtud del Acuerdo sobre la OMC, el Grupo Especial considera que no es necesaria ninguna recomendación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 19 del ESD, y no formula ninguna.

Fuente: https://www.wto.org/spanish/news_s/ news18_s/461rw_s.htm

La Corte Constitucional, en el marco de la revisión oficiosa de la Ley 1844 de 2017 “por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo de París’, adoptado el 12 de diciembre de 2015, en París, Francia”, mediante sentencia C-048/18 del 23 de mayo de 2018 (M.P. Dra. Cristina Pardo Schlesinger) reiteró su jurisprudencia sobre el ejercicio del derecho a la consulta previa de leyes aprobatorias de tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano.

 

De esta manera, recordó que mediante la Sentencia C-214 de 2017 se realizó un recuento sobre la jurisprudencia constitucional y en particular destacó los siguientes pronunciamientos:

 

  • Sentencia C-750 de 2008.- constitucionalidad de la Ley Aprobatoria del “Acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América´, sus ´cartas adjuntas´ y sus ´entendimientos´”. La Corte señaló que toda medida legislativa o administrativa que afectara de forma directa a una población étnica, debe someterse a la consulta previa, como consecuencia del derecho que le asiste a dicha comunidad a decidir sobre sus prioridades en su desarrollo y preservación cultural. En esa oportunidad, la Corte consideró que, prima facie, el acuerdo no afectaba de forma directa los derechos de los pueblos indígenas y por consiguiente no era necesario adelantar el proceso de consulta previa. No obstante, indicó que si las medidas de orden legislativo y administrativo que se expidieran en desarrollo del tratado afectaban de forma directa a alguna comunidad étnica, debía realizase dicho procedimiento.

 

  • Sentencia C-027 de 2011.- Constitucionalidad del “Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de Colombia”, aprobado por la Ley 1254 de 2008: la Corte indicó que el Tratado sólo establece obligaciones generales en materia de Cooperación entre Colombia y Guatemala y no hace referencia a algún área específica para el desarrollo de estas actividades. Por consiguiente concluyó que el Convenio no afecta de forma directa a ninguna comunidad étnica en el Estado colombiano y en consecuencia no era necesario someterlo al proceso de consulta previa. No obstante, indicó que si en desarrollo del Acuerdo se realiza alguna actividad de investigación científica o de exploración de recursos naturales en áreas de influencia directa a alguna comunidad, se debe realizar la consulta.

 

  • Sentencia C-1051 de 2012, en el control de constitucionalidad del “Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales” aprobado por la Ley 1518 de 2012,  se declaró la inexequibilidad del Convenio, por considerar que era necesario realizar el proceso de consulta previa en el trámite de su aprobación interna,  pues el Acuerdo, si bien no hacía referencia a alguna comunidad específica, sí regulaba las formas de producción y conservación de vegetales, lo que evidentemente afectaba a todas las comunidades étnicas del territorio nacional, en especial sus tradiciones y costumbres.

 

  • Sentencia C-217 de 2015, examen de constitucionalidad del “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre permiso de residencia, estudio y trabajo para los nacionales fronterizos brasileños y colombianos entre las localidades fronterizas vinculadas, suscrito en Brasilia el 1º de septiembre de 2010” aprobado por la Ley 1664 de 2013: la Corte consideró que el objetivo del Acuerdo es flexibilizar las reglas migratorias entre los dos Estados, especialmente en las zonas fronterizas, por lo que no se evidenciaba ninguna afectación directa a las comunidades indígenas. En particular, la Corte enfatizó en el hecho de que en el Acuerdo no existe ninguna disposición que regule de manera favorable o desfavorable el tránsito fronterizo de los miembros de las comunidades étnicas y que las medidas están dirigidas a todos los nacionales colombianos y brasileros, por lo que no se evidencia ninguna limitación o beneficio especial por el hecho de pertenecer a una comunidad en particular.

 

En su sentencia la Corte concluyó:

 

“De conformidad con la línea expuesta, recogida en la Sentencia C-214 de 2017 que se acaba de resumir, la Sala reitera las reglas jurisprudenciales sobre el ejercicio del derecho a la consulta previa frente a tratados internacionales, que establecen que (i) las leyes aprobatorias de tratados deben ser objeto de consulta previa cuando el texto afecte de forma directa a las comunidades étnicas; (ii) las medidas legislativas o administrativas que se adopten en el desarrollo del tratado que involucren directamente a una población étnica, deben someterse al proceso de consulta antes de que se presente la norma para su aprobación en el Congreso de la República; y (iii) prima facie no es necesario someter el instrumento internacional a dicho procedimiento, si éste se refiere a creación de zonas de libre comercio, sin embargo se debe hacer consulta cuando las medidas que se tomen en desarrollo del tratado afecten de forma directa a una comunidad étnica.

 

Finalmente, es necesario resaltar que para la Corte Constitucional el ejercicio de participación ejecutado a través de la consulta previa constituye una garantía de orden procedimental encaminada a respetar los derechos a la subsistencia y la integridad cultural de los grupos étnicos, y en sí misma se erige en un procedimiento, y su omisión se proyecta sobre el contenido material de las medidas que a través del procedimiento se lleguen a adoptar, que si bien tiene implicaciones de naturaleza sustantiva sobre las disposiciones legales que a través de él se aprueben, no lo convierte en un asunto de índole sustancial exclusivamente. En este sentido, esta Corporación ha establecido la omisión del deber de consultar a las comunidades étnicas concernidas con la adopción de medidas legislativas se erige en un vicio de trámite con repercusiones sustanciales.” (ver: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-048-18.htm )

La Secretaría General de la Comunidad Andina, mediante Resolución 1999, del 20 de abril de 2018, se pronunció sobre las tasas entendidas como la contraprestación exigible por el servicio prestado por las autoridades aduaneras y que corresponde al costo aproximado de dichos servicios, conforme al artículo 73 del Acuerdo de Cartagena y  al artículo 2 de la Decisión 671: 

 

  • De conformidad con el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, se entiende por gravámenes los derechos aduaneros y cualquier otro recargo de efectos equivalente que incidan sobre las importaciones, no quedando comprendidos en este concepto las tasas y recargos análogos cuando correspondan al costo aproximado de los servicios prestados.

 

  • Por su parte, en el artículo 2 de la Decisión 671 se define “tasas” como “la contraprestación exigible por el servicio efectivamente prestado por las autoridades aduaneras y que corresponde al costo aproximado por dichos servicios.”

 

  • Sobre la definición de tasas, el TJCAN, en el Proceso 12-AN-99, ha establecido pautas para saber bajo qué circunstancias, y de manera excepcional, se pueden cobrar tasas en la Comunidad Andina, en un contexto de libre circulación de mercancías:

 

‘(…) el concepto de gravamen, tal como lo considera el Acuerdo de Cartagena, sólo tenga en la práctica, una excepción, cual es la referente a las tasas y recargos análogos, los cuales no quedan comprendidos dentro de dicho concepto pero con la condición ineluctable de que tales tasas o recargos correspondan al costo aproximado de los servicios que se le prestan al importador, en relación con el hecho mismo de la importación. Se trata, de que los Países Miembros puedan razonablemente recuperar a través de este mecanismo los costos que asumen al facilitar las operaciones de importación mediante el concurso de su infraestructura física y administrativa. (…)’[énfasis añadido]

 

  • De lo anterior, se observa que la lógica que existe detrás para el cobro de tasas en la Comunidad Andina, es que los Países Miembros puedan recuperar razonablemente los costos incurridos en implementar actividades que faciliten las operaciones de importación, a través del cobro de una tasa. De allí que el establecimiento de la tasa deba corresponder necesariamente al costo aproximado de los servicios que se prestan al importador”.

 

Conforme a los criterios desarrollados por el TJCAN, la Secretaría General de la CAN evaluó si la tasa de servicio de control aduanero (TSCA) aplicada por uno de los Países Miembros, corresponde al “costo aproximado del supuesto servicio efectivamente prestado” al importador, concluyendo, después de efectuado el análisis del caso, que la TSCA constituye un gravamen en los términos del artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, que desnaturaliza el Programa de Liberación de la CAN. Esta conclusión se sustenta en lo siguiente:

 

  • “ Se constató que el cobro de la TSCA no corresponde a un servicio efectivamente prestado al importador; puesto que: se ha evidenciado que el control aduanero no es una actividad directa y únicamente vinculada a las operaciones de importación; no se ha demostrado que el SENAE haya implementado servicios con el objeto de facilitar las operaciones de importación; y, se ha constatado que la aplicación de dicha tasa es de carácter obligatorio y no optativo.

 

  • Se constató que el cobro de la TSCA no se estableció en función al costo aproximado del supuesto servicio prestado al importador, al evidenciarse que el monto de dicha tasa se calcula en función al peso y a la clasificación arancelaria de las mercancías importadas, obteniéndose finalmente tasas diferenciadas en cada operación de importación.”

 

Debido a lo anterior, la Secretaría General de la Comunidad Andina declaró que la tasa de servicio de control aduanero establecida y aplicada por uno de los Países Miembros de la CAN constituye un gravamen conforme a lo dispuesto por el Acuerdo de Cartagena, que inciden sobre la importación de productos originarios del territorio de los Países Miembros y; por lo tanto, vulneraría el Programa de Liberación de la Comunidad Andina establecido en el Acuerdo de Cartagena y concedió un plazo de diez (10) días hábiles para que la medida fuera retirada. (ver: http://www.comunidadandina.org/Normativa.aspx?GruDoc=08)

Mediante sentencia 01-AN-2015 del 23 de agosto de 2018, el Tribunal de Justicia, al pronunciarse sobre la legalidad de la Resolución 1762 de la Secretaría General, destacó las características de las salvaguardias previstas en el Acuerdo de Cartagena y a continuación se refirió a la salvaguardia por devaluación monetaria prevista en el artículo 98 de dicho Acuerdo.

 

El Tribunal manifestó que las salvaguardias en la CAN tienen unos elementos comunes en todas las modalidades reguladas por el Acuerdo de Cartagena, basado en el análisis sobre los pronunciamientos previos del Tribunal en la materia. Conforme a dicho estudio, el Tribunal señala en su sentencia que se advierten como características comunes a todas las modalidades de salvaguardias (por desequilibrio en la balanza de pagos, por cumplimiento del programa de liberación, de productos específicos y por devaluación monetaria) las siguientes:

 

  • Son medidas de naturaleza correctiva;
  • Son medidas de carácter transitorio;
  • Son medidas de carácter excepcional por lo que están sujetas a una interpretación restrictiva, y solo pueden ser conferidas en estricto cumplimiento de todos y cada uno de sus requisitos.
  • Les es exigible el requisito de la relación causal. Ello es así debido a la naturaleza correctiva de todas estas medidas. Al ser las salvaguardias, medidas correctivas, lo que buscan corregir se encuentra vinculado con aquello que causa el daño o la amenaza de daño. Las importaciones o el incremento de determinadas importaciones tienen que ser el hecho causal, o contribuir como hecho causal, del daño o amenaza de daño, siendo que este daño puede ser el desequilibrio de la balanza de pagos global, los perjuicios graves a la economía del país, la perturbación en la producción nacional, o la alteración de las condiciones normales de competencia, según la salvaguardia de que se trate.
  • Deben ser proporcionales al hecho que las genere. Esto significa que se procurará que no afecten el comercio de los productos incorporados al programa de liberación. No podrán implicar una disminución de las importaciones del producto o productos de que se trate (con respecto a los doce meses anteriores); se deberá garantizar el acceso de un volumen de comercio no inferior al promedio de los últimos 3 años o no podrán significar una disminución de los niveles de importación existentes antes de la devaluación, según la salvaguardia de que se trate.

 

Después de analizar estos elementos comunes, el Tribunal se centra en el análisis de la salvaguardia por devaluación monetaria prevista en el artículo 98 del Acuerdo de Cartagena para dejar en claro que:

 

La devaluación monetaria es una medida de política económica que adopta un Gobierno para impulsar las exportaciones de su país, ya que el precio internacional de la producción local se reduce y el exportador recibe más unidades de moneda nacional por cada divisa extranjera. Según el Tribunal:

 

“La devaluación señalada en el artículo 98 del Acuerdo de Cartagena debe ser efectuada por un País Miembro y alterar las condiciones normales de competencia, teniendo en cuenta lo anterior, la Secretaría General en el acto acusado, realizó un análisis sobre los regímenes cambiarios en Ecuador, Colombia y Perú y concluye que efectivamente existió una depreciación del peso colombiano y el nuevo sol peruano debido a circunstancias exógenas a la voluntad de los bancos centrales, razón por la cual no se cumple el primer requisito establecido en la norma andina, consistente en la existencia de una devaluación como consecuencia de una política monetaria, para la aplicación de la salvaguardia cambiaria”.

 

El Tribunal después de pronunciarse sobre todos los extremos planteados en la demanda, resolvió declarar infundada la demanda contra la Resolución 1762 de la Secretaría General de la Comunidad Andina (ver: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203369.pdf)

El 15 de agosto de 2018 el Órgano de Apelación de la OMC profirió el informe en el caso de Indonesia – Salvaguardia sobre determinados productos de hierro o acero.

 

El Órgano de Apelación afirmó que los alegatos en contra de Indonesia en el Acuerdo sobre Salvaguardias deberían ser descartados bajo el entendido que el cargo bajo análisis no era en realidad una “medida de salvaguardia”.

 

Todas las partes reclamantes alegaron que la carga cobrada por Indonesia al hierro y al acero era una medida de salvaguardia, pero el Órgano de Apelación rechazó esta posición. En su lugar, el Órgano de Apelación sostuvo un alegato diferente y consideró que la carga era en realidad una violación al principio de Nación más Favorecida del GATT de 1994.

 

Esta decisión es importante en la medida que refuerza el principio bajo el cual los Grupos Especiales de la OMC deben realizar un análisis independiente sobre si un determinado Acuerdo de la OMC resulta aplicable a un caso concreto. Adicionalmente, los Grupos Especiales no están atados por ninguna de las posiciones que sostengan las partes de la disputa.

 

La disputa fue inusual en la medida que el Órgano de Apelación rechazó la posición conjunta de las partes demandantes (Taipei Chino y Vietnam) y de la parte demandada de que la medida bajo análisis era una salvaguardia. Por un lado, Indonesia realizó una investigación bajo su legislación de salvaguardia y notificó el resultado de la carga resultante al Comité de Salvaguardias de la OMC. Por otro lado, todas las partes de la disputa consideraron que el Acuerdo sobre Salvaguardias resultaba aplicable, sin embargo diferían sobre si la carga de Indonesia era compatible con dicho Acuerdo.

El Órgano de Apelación por su parte consideró que el Acuerdo sobre Salvaguardias no era aplicable en la medida que Indonesia no tenía ninguna obligación arancelaria bajo el artículo II respecto a aquellos productos a los cuales les era aplicable la medida.

 

Inicialmente, el Grupo Especial consideró que el Acuerdo sobre Salvaguardias define una “medida de salvaguardia”, en parte, como aquella que “suspende una obligación del GATT” o “retira o modifica una concesión del GATT”. Así pues, Indonesia era libre de imponer cualquier tipo de carga que considerara apropiada en estos productos que no se encontraban consolidados en su lista de concesiones y que, en el caso concreto, la carga impuesta “no suspendía, retiraba o modificaba las obligaciones de Indonesia bajo el artículo II”. Así pues, el Grupo Especial consideró que el Acuerdo sobre Salvaguardias no era aplicable y descartó todas las violaciones bajo dicho Acuerdo.

 

De la misma manera, el Órgano de Apelación sostuvo las constataciones del Grupo Especial señalando que “la imposición de cargas específicas no suspende las obligaciones de Indonesia bajo el GATT, y tampoco retira o modifica ninguna de las concesiones de Indonesia bajo el GATT”. Por lo tanto, no era una medida de salvaguardia.

 

Esta decisión resulta bastante relevante para las disputas actuales donde varios Miembros de la OMC demandaron los aranceles al acero y al aluminio impuestos por Estados Unidos bajo la sección 232. Los demandantes alegan, entre otras cosas, que la sección 232 resulta violatoria de las obligaciones de Estados Unidos bajo el Acuerdo de Salvaguardias. Por su parte, Estados Unidos ha rechazado que el Acuerdo de Salvaguardias sea aplicable a la disputa.

 

Sin perjuicio de lo anterior, el nuevo reporte del Órgano de Apelación en el caso de Indonesia simplemente refuerza la jurisprudencia existente de que los Grupos Especiales tendrán la última palabra sobre si una medida se encuentra cubierta por un Acuerdo de la OMC, incluyendo el Acuerdo sobre Salvaguardias. Las cargas de Indonesia fueron impuestas bajo la ley de salvaguardia de Indonesia y aun así no fueron consideradas medidas de salvaguardia de acuerdo con el Grupo Especial y el Órgano de Apelación (ver:

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds490_e.htm también ver comentario en: https://www.tradelawguide.com/documents/documents/Commentary-2018-08-15%20WTDS490ABR.pdf)

Bogotá, D.C., 12 de octubre de 2018.- Las exportaciones totales de Colombia hacia los mercados con los que el país tiene acuerdos comerciales vigentes han registrado un aumento del 14% promedio anual, entre 2000 y 2017, al tiempo que las ventas externas al mundo en general se incrementaron -en el mismo periodo- 6,4% promedio anual.

 

Esta información se desprende del Informe sobre el Desarrollo, Avance y Consolidación de los Acuerdos Comerciales Vigentes elaborado por los ministerios de Comercio, Industria y Turismo y de Hacienda y Crédito Público, que fue entregado al Congreso de la República en agosto pasado, así como a gremios y otros organismos, y que hoy se socializó en audiencia pública con organizaciones gremiales y sindicales, y la sociedad civil en general.

En el informe también se estableció que aunque desde hace cerca de 25 años el país inició el proceso de apertura económica, ésta no tuvo la profundidad suficiente que permitiera una participación mayor de Colombia en el comercio internacional.

Esto se refleja en varios indicadores como el de la relación de las exportaciones en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional, las que representan el 17,8% del PIB, muy por debajo de América Latina y El Caribe, que representan 21,4%, y del mundo, el 27,5%.

La relación de las importaciones con el PIB es del 18,5%, mientras que el de la región es de 20% y el del mundo 22%.

El análisis evidencia que el comercio con los países con acuerdo comercial vigente ha ganado participación en la torta, al pasar del 20% en el año 2000, al 66% en 2017.

Si bien vendiendo a los países con acuerdo comercial vigente hay más empresas y nuevos productos, Colombia debe hacer un mayor esfuerzo para diversificar la oferta exportable y depender menos de los bienes minero energéticos.

La viceministra de Comercio Exterior, Laura Valdivieso, quien lideró la audiencia, explicó que uno de los ejes de la política comercial del Gobierno del presidente Iván Duque es el aprovechamiento de los 16 acuerdos comerciales vigentes que tiene el país.

También, recordó que el mandato del Presidente es trabajar en el aprovechamiento de estos instrumentos. Para ello, se validará con los actores regionales la oferta exportable que ha identificado el ministerio.

El otro eje de trabajo es la facilitación del comercio, para lo cual ya se instaló la Mesa de Facilitación del Comercio, que ha sesionado en 4 oportunidades, identificando los aspectos que impiden que las operaciones comerciales fluyan con mayor agilidad, y definiendo acciones de mejora.

Además, hay un eje transversal a estos dos: la consolidación del comercio legal, que involucra la lucha contra el contrabando y el uso y fortalecimiento de las medidas de defensa comercial.

 

Fuente:

http://www.mincit.gov.co/publicaciones/41674/en_audiencia_publica_ministerio_de_comercio_entrego_informe_sobre_acuerdos_comerciales

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
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