El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, buscando un mejor uso de las medidas “antidumping” como instrumento para combatir las prácticas desleales del comercio, expidió el Decreto 1750 de 2015, que modifica algunos aspectos del procedimiento y la naturaleza de los derechos “antidumping”.

La progresiva integración de Colombia en el escenario económico internacional, así como los avances en las políticas de comercio exterior de sus socios comerciales, han introducido modificaciones en las condiciones de competencia a nivel internacional. Bajo estas circunstancias, el Ministerio de Comercio reconoció la necesidad de actualizar la normativa existente para asegurar la eficacia de los instrumentos de defensa comercial y permitir a los empresarios colombianos competir en condiciones equitativas con otros países.

Las modificaciones que se proponen al actual régimen antidumping se encuentran enmarcadas en el ámbito y regulación internacional en esta materia. Este nuevo decreto respeta los compromisos adquiridos por Colombia en el marco multilateral, Acuerdo Antidumping de la OMC, y las disposiciones correspondientes en sus acuerdos comerciales bilaterales.

Las principales modificaciones son las siguientes:

1. Los derechos antidumping tendrán una vigencia de hasta 5 años. El régimen anterior definía este período como el máximo de duración de los derechos antidumping para proteger la rama de producción nacional. Se acogió un lenguaje similar al utilizado por la Unión Europea, indicando que “un derecho antidumping expirará a los cinco (5) años”, reemplazando el lenguaje anterior que indica que “un derecho antidumping permanecerá vigente máximo durante 5 años”. Este cambio de redacción ofrece mayor certeza acerca de que la duración preferible será de 5 años. El nuevo decreto conserva la posibilidad de prorrogar la aplicación de las medidas antidumping cuando persistan las causas que lo originaron.

2. Se establece que los derechos antidumping se pueden imponer por la totalidad del margen de dumping. Esto quiere decir que el sobre-arancel impuesto como medida antidumping puede llegar a ser hasta del 100% de la diferencia entre el precio de exportación de la mercancía hacia Colombia y su “valor normal” en el país exportador. En la norma anterior se establecía la facultad de imponer un monto suficiente siempre que no fuera superior al margen de dumping, con lo cual se priorizaba el concepto del derecho inferior (lesser duty).

3. Dado que los mecanismos de defensa comercial se pueden imponer a productos del país exportador por el que transitan mercancías de distinto origen, con la modificación de la norma se establece que al momento de abrir una investigación por algún producto, la autoridad que adelanta dicho proceso puede usar la información del país de origen de la mercancía y no la del país exportador para la definición del margen de dumping.

4. Se toman medidas para evitar la elusión de los derechos antidumping: Por un lado, se impone un plazo máximo de 5 meses a las investigaciones que se hagan para establecer si existe o no elusión de los derechos antidumping impuestos. Y, por otra parte, se establece la posibilidad de exigir garantías para los productos objeto de la medida desde el momento en que se abre la investigación por elusión. Si en la investigación se comprueba que, efectivamente, dicho cambio en las características del comercio de esa mercancía se debe a prácticas de elusión, la garantía se haría efectiva y podrán ser ampliados para aplicarse a las importaciones de productos similares o a partes de los mismos procedentes de terceros países.

5. Finalmente, el Ministerio de Comercio realizó una revisión de la estructura institucional del Comité de Prácticas Comerciales. Entre los cambios introducidos se destaca la participación con voz y voto de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la participación, con voz pero sin voto del Director de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio.


1 Sin perjuicio de su aplicación deseable en el caso de la Unión Europea, TLC Col-UE, Art. 40

 

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Título:                                     Estatus de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo

Fecha:                                    29 de Septiembre de 2013.

Problema Jurídico:                               ¿Qué estatus alcanzarían los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo una vez aprobados por la Comisión Administradora del Acuerdo?

Regla:                                    Acuerdos de Libre Comercio suscritos y vigentes para Colombia

Concepto:

Los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (en adelante ARMs) o recomendaciones en todos los tratados bajo revisión, para producir efectos deben ser revisados y aprobados por la Comisión Administradora de cada uno de los Tratados de Libre Comercio. La pregunta que surge es sobre el estatus que alcanzarían una vez sean aprobados en esta instancia compuesta en el caso de Colombia por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo. Las decisiones adoptadas por esta Comisión deberían ser entendidas como acuerdos o convenios de ejecución del tratado que no están sujetos a una nueva revisión legal o judicial previa. En todo caso ha de tenerse claro que las obligaciones que se asumen en relación con estos acuerdos o recomendaciones, adoptados mediante decisión de la Comisión no pueden exceder lo ya establecido en el Tratado de Libre Comercio correspondiente.

Al respecto habrá de establecerse si hay diferentes modelos de acuerdo bajo los que se ha regulado este asunto, pues de conformidad con la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados en su el artículo 26, que consagra el principio de Pacta sunt servanda, “Todo tratado en vigor obliga a las Partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”.

En aplicación de este principio, recurrimos al texto de diferentes acuerdos comerciales internacionales suscritos por Colombia y observamos que puede haber diferencias en cuanto a las disposiciones sobre reconocimiento mutuo, como se verá a continuación:

A. El Anexo 11- B sobre Servicios Profesionales del acuerdo de promoción comercial con los Estados Unidos, dispone:

“1. Cada Parte alentaráa los organismos pertinentes en su territorio a elaborar normas y criterios mutuamente aceptables para el otorgamiento de licencias y certificados a proveedores de servicios profesionales así como a presentar a la Comisión recomendaciones sobre su reconocimiento Mutuo.

… 3. Al recibir una recomendación mencionada en el párrafo 1, la Comisión la revisará en un plazo razonable para decidir si es consistente con las disposiciones de este Acuerdo. Con fundamento en la revisión que lleve a cabo la Comisión, cada Parte alentará a sus respectivas autoridades competentes, a poner en práctica esa recomendación, en los casos que correspondan, dentro de un plazo mutuamente acordado.”

B. De manera muy similar, en el Anexo 10.9 el TLC con Chile establece que:

“1. Cada Parte alentará a los organismos pertinentes en su respectivo territorio a elaborar normas y criterios, mutuamente aceptables, para el otorgamiento de licencias y certificados a proveedores de servicios profesionales, así como a presentar a la Comisión recomendaciones sobre su reconocimiento mutuo.

3. Al recibir una recomendación mencionada en el párrafo 1, la Comisión la revisará en un plazo razonable para decidir si es consistente con las disposiciones de este Acuerdo. Con fundamento en la revisión que lleve a cabo la Comisión, cada Parte alentará a sus respectivas autoridades competentes, a poner en práctica esa recomendación, en los casos que correspondan, dentro de un plazo mutuamente acordado.

C. En el Artículo 908 del TLC Colombia-Canadá, las Partes acordaron que:

“4. Las Partes procurarán asegurar que los organismos profesionales pertinentes de ciertos sectores de servicios profesionales en sus respectivos territorios:

… (b) se reúnan dentro de los 12 meses siguientes para discutir la elaboración de un acuerdo o convenio …

(d) suministren una notificación a la Comisión una vez se concluya un acuerdo o convenio. …

5. Al recibir una notificación como la referida en el subpárrafo 4(d), la Comisión revisará el acuerdo o convenio dentro de un período de tiempo razonable para determinar si éste es compatible con este Acuerdo. Basándose en la revisión de la Comisión, cada Parte asegurará que sus autoridades competentes, cuando sea apropiado, implementen el acuerdo o convenio en un plazo mutuamente acordado.”

D. De otra parte, el artículo 129 del Acuerdo Comercial con la Unión Europea, como se puede ver del texto trascrito a continuación:

“2. Las Partes alentarán a las asociaciones profesionales relevantes en sus respectivos territorios a que desarrollen y proporcionen conjuntamente recomendaciones sobre reconocimiento mutuo al Comité de Comercio a los efectos del cumplimiento, parcial o total, por parte de los inversionistas y proveedores de servicios de los criterios aplicados por cada parte para la autorización, el otorgamiento de licencias, la operación y la certificación de los inversionistas y proveedores de servicios, y de servicios profesionales en particular.

3. A la recepción de una recomendación referida en el párrafo 2, el Comité de Comercio revisará, en un tiempo razonable, dicha recomendación con miras a determinar si es compatible con el presente Acuerdo.

4. Cuando el Comité de Comercio haya determinado que una recomendación es compatible con el presente Acuerdo de conformidad con el párrafo 3, y exista un nivel suficiente de correspondencia entre las regulaciones pertinentes de las partes, las Partes negociarán, a través de sus autoridades competentes, con miras a aplicar dicha recomendación, un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de los requisitos, cualificaciones, licencias y otras regulaciones.”

E. Bajo el modelo de los Acuerdos con los Estados Unidos, Chile y Canadá la obligación de las Partes (es decir de cada Estado que ha suscrito el Acuerdo) es de asegurarse que sus autoridades implementen o apliquen aquellos Acuerdos que le hayan recomendado a las Partes y que, por conducto de la Comisión Administradora, éstas hayan revisado y determinado que es compatible con el Acuerdo. Es decir, el resultado de cumplir con la obligación prevista en estos acuerdos es la directiva a las autoridades competentes para que concluyen un ARM.

F. Bajo el modelo del Acuerdo con la Unión Europea, la obligación de las Partes es negociar el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo por conducto de sus autoridades competentes. Es decir, el resultado de cumplir con la obligación prevista en este Acuerdo es la propia negociación del ARM.

En cuanto al carácter de los acuerdos (ARMs)que se alcancen por las autoridades competentes, es indispensable considerar lo que la Corte Constitucional ha manifestado en innumerables fallos, entre otros el Auto 288 de 2010.

Para el caso particular de los ARMs, no se encontró jurisprudencia específica que los defina o los analice o considere como desarrollo de otro Acuerdo etc. Sin embargo, teniendo en cuenta la similitud que existe con la interpretación que hace la Corte Constitucional sobre los Acuerdos Marco de Cooperación y los Acuerdos Complementarios, consideramos que los ARMs respecto a los TLC cuentan con elementos comunes respecto de los de Cooperación Internacional.

La Corte Constitucional desde sus primeros pronunciamientos precisó los efectos jurídicos que tienen los Acuerdos derivados de un Acuerdo Internacional ya aprobado por el Congreso, así “(…) estos Acuerdos son los instrumentos necesarios para que el Jefe de Estado o sus Ministros – en ejercicio de la facultades propias que se derivan de su calidad de supremo director de las Relaciones Internacionales, pueda negociar con otras partes para dar cumplimiento real a las obligaciones contenidas en tratados Internacionales que ya han sido incorporados al ordenamiento jurídico colombiano (..)” (Sentencia C-170 de 1995).

De otra parte la Corte Constitucional señaló que los Acuerdos Simplificados se caracterizan porque “ (…) puede prescindirse del trámite de aprobación parlamentaria y ponerse en vigor por el Presidente de la República, en ejercicio de la competencia que posee para la dirección de las relaciones internacionales.” (subrayado fuera de texto) (Sentencia C-1258 de 2000)

Más adelante fijó los requisitos que deben cumplir los Acuerdos Simplificados, cuando señalo “dichos acuerdos tendrán validez en el derecho interno siempre que se firmen en desarrollo de una ley que apruebe el tratado marco y siempre que las obligaciones en éste contenidas sean un simple desarrollo de las obligaciones contempladas en la ley aprobatoria del tratado marco.” (subrayado fuera de texto) (Sentencia C-239 de 2006)

La Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados establece en sus artículos 12 y 13 que los Acuerdos Simplificados son aquellos que “entran en vigencia sin necesidad de agotar o cumplir el procedimiento en cada Estado para su perfeccionamiento y entran a regir solo con la firma del respectivo representante del Estado.” De lo cual puede inferirse que “ … tienen tanta validez los Tratados formales como los Acuerdos en forma simplificada” (Sentencia C-710 de 1998)

De conformidad con lo dicho en los párrafos precedentes, los Acuerdos Simplificado debe cumplir estas condiciones para que sean válidos:

a. No pueden contener obligaciones distintas o nuevas obligaciones a las pactadas en el Acuerdo Principal.

b. Deben enmarcarse dentro del propósito y objetivo del Convenio que pretende desarrollar.

c. No deben modificar el Acuerdo Principal, ni pueden referirse a aspectos diferentes.

Conclusión

En conclusión los ARMs que se convengan entre las Partes en desarrollo del procedimiento previsto en cada acuerdo comercial internacional suscrito por nuestro país, de conformidad con los diferentes procedimientos en ellos previstos, pueden ser acuerdos simplificados, si cumplen con los requisitos establecidos en la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados y desarrollados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, según se describe en este documento.

Panel organizado por Colombia en la OMC resalta la importancia de que la Organización aborde este fenómeno.

Ginebra, 1 de octubre de 2015.- Colombia organizó con éxito la sesión sobre “Comercio Ilícito” en el Foro Público de la Organización Mundial del Comercio – OMC - que celebra sus 20 años.

Esta es la primera vez que el país se presenta en este importante evento, que durante tres días reúne a un muy amplio y variado número de representantes del gobierno, el sector privado, la academia y ONGs, para debatir asuntos que interesan al sistema multilateral de comercio.

El tema central del foro este año es “El Comercio Funciona”. En palabras del Embajador de Colombia ante la OMC, Gabriel Duque, Colombia está de acuerdo con esta afirmación y con el valor del comercio como factor que contribuye al desarrollo –pero resaltó a su vez que el comercio ilícito, que abarca fenómenos como el contrabando, el lavado de activos y el comercio de mercancías falsificadas, entre otros, trae efectos contrarios y causa serios problemas al desarrollo económico y social.

En esta sesión de trabajo participaron Gabriel Duque, embajador de Colombia ante la OMC; Angeles Rentsch, Gerente de Observancia Fiscal de Philip Morris International; David Luna, Director de Seguridad Nacional y Diplomacia del Departamento de Estado de los Estados Unidos; Norbert Steilen, Director de Programas de Cumplimiento y Observancia de la Organización Mundial de Aduanas; Michael Ellis, Director Asistente de la Unidad de Tráfico de Mercancias Ilegales y Piratería de INTERPOL y; el profesor Joost Pauwelyn del Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra como moderador. El objetivo de la sesión de trabajo era generar consciencia sobre los efectos negativos que tiene el comercio ilícito, más específicamente el lavado de activos a través de operaciones de comercio exterior, en el giro ordinario de las transacciones internacionales.

El profesor Pauwelyn instauró la sesión haciendo unos comentarios iniciales sobre las implicaciones del comercio ilícito en el marco del sistema multilateral de comercio. Enfatizó en que si bien el objetivo de la OMC era liberalizar el comercio, se debía entender que no todos los flujos de comercio eran deseables. En este sentido, era vital que los Países Miembros, de manera colectiva, aunaran sus esfuerzos para establecer mecanismos legítimos para controlar este tipo de actividades, en vista de la difusa regulación sobre el tema dentro de los acuerdos abarcados de la OMC. Seguidamente, intervino en la sesión el embajador Duque, resaltando que el comercio ilícito era el lado oscuro de la integración económica global.

Manifestó asimismo que estaba demostrado tanto por la práctica de las autoridades colombianas como por las investigaciones de otras organizaciones internacionales, que los grupos delictivos realizaban operaciones de lavado de activos por medio de transacciones comerciales con bienes genéricos, con precios bajos y de una alta rotación, actividad que era propiciada además por los pocos controles ejercidos en las zonas de libre comercio. De esta forma, instó a los Países Miembros a reconocer está realidad e implementar acciones efectivas para evitar que actividades de comercio ilícito sean protegidas bajo las reglas de la OMC.

Continuó la discusión la señora Renstch, quien expuso las formas de tratar el problema del comercio ilícito desde el punto de vista de las empresas multinacionales. Expuso que en Philip Morris International, eran elementos centrales de sus políticas internas la celebración de acuerdos de cooperación con diferentes países y la verificación de la reputación e idoneidad de sus socios comerciales, con el fin de evitar que a través de sus productos se realizaran actividades relacionadas con el lavado de activos. A su vez, David Luna, del Departamento de Estado de los Estados Unidos recalcó la importancia de la lucha contra el comercio ilícito, no solo para preservar el sistema multilateral de comercio que ha construido la OMC, sino para proteger a todos los países contra las amenazas de los actores del crimen organizado internacional. Señalo en este punto que era de vital importancia la cooperación internacional para la consecución de soluciones conjuntas frente al lavado de activos y el comercio ilícito, resaltando así los esfuerzos realizados por organizaciones como el Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Activos (FAFT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Se pronunció posteriormente Norbert Steilen, Director de Programas de Cumplimiento y Observancia de la Organización Mundial de Aduanas. Precisó Steilen la importancia que tienen los funcionarios de administración de aduanas en la implementación de acciones encaminadas a la detección y control de operaciones ilícitas de comercio exterior. En este punto, instó a los gobiernos de los países a fortalecer sus sistema de administración de adunas y dotar a los agentes aduaneros de las facultades necesarias para combatir el comercio ilícito y el lavado de activos. Finalmente intervino el señor Ellis, representante de la INTERPOL. Resaltó la necesidad de fomentar la cooperación entre las diferentes fuerzas policiales de los países para coordinar y preparar acciones conjuntas en contra de las organizaciones criminales transnacionales. Además, puso como ejemplo de cooperación exitosa en el marco de las operaciones contra el lavado de activos, la Operación Júpiter realizada de manera conjunta por las fuerzas policiales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Francia Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Concluyó la Sesión de Trabajo con un espacio de preguntas por parte de los asistentes hacia los panelistas expertos. Allí se profundizó sobre las cuestiones relativas al tratamiento del tema del comercio ilícito dentro de las disputas de la OMC y los posibles mecanismos de cooperación que se podrían implementar entre la OMC y diferentes organizaciones como INTERPOL, OCDE y FAFT. Este evento organizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo constituye un avance significativo en la concientización de los diferentes Países Miembros de la OMC sobre los peligros y los riesgos del comercio ilícito y la necesidad de implementar dentro del marco de dicha organización regulaciones para combatir y contrarrestar los efectos negativos de dichas prácticas restrictivas al comercio.

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Demandante: Panamá

Demandado: Argentina

Fecha: 30 de septiembre de 2015

Título:

Reglamentos Técnicos vigentes sobre marcado y etiquetado permanente de las confecciones y el calzado

Fecha:

19 de Septiembre de 2013.

Problema Jurídico:

Evaluación sobre las obligaciones del Acuerdo con la UE y los Reglamentos Técnicos vigentes sobre marcado y etiquetado permanente de las confecciones y el calzado.

Regla:

Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia, Perú y la Unión

Título:

Facultades de la Comisión de Libre Comercio del Protocolo Adicional del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.

Fecha:

19 de noviembre de 2013

Problema Jurídico:

¿ Es posible otorgarle a la Comisión de Libre Comercio del Protocolo Adicional del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico nuevas facultades en virtud del Acuerdo, y que para su aprobación e incorporación al ordenamiento jurídico interno requieran en nuestro país el agotamiento de trámites adicionales a la adopción por el órgano de administración del acuerdo de las modificaciones relativas a ese asunto?

Regla:

Protocolo Adicional del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico. Tratado de Libre Comercio Canadá Colombia. Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio GATT, Artículo XXIV. Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios AGCS, Artículo V. Acuerdo de Libre Comercio que suscribió Colombia con los Estados de la AELC.

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