Título:

Expedición de la prueba de origen “declaración en factura” del Acuerdo Comercial entre Colombia y Perú con la Unión Europea

Fecha:

Agosto 24 de 2016

Problema Jurídico:

El artículo 20 del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia y Perú, establece las condiciones para expedir una declaración en factura. ¿Ésto se hace por embarque?, por exportador?, ¿qué sucede si la negociación es CPT en donde el valor de la mercancía es 5800 euros, el flete es 150 euros y el seguro es 100 euros para un total de 6050 euros?

Regla:

Artículo 20 del Acuerdo Comercial entre Colombia y Perú con la Unión Europea



El 7 de julio de 2017 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió sentencia en el proceso 01-AI-2015, en la cual, al referirse a los requisitos de la legitimación de los particulares para acudir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, indicó que era necesario diferenciar en este ámbito dos niveles: el primer nivel “el simple interés para presentar una acción” y el segundo nivel, “la afectación de un derecho subjetivo o un interés legítimo”.

El Tribunal precisó que de conformidad con el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 49 literal b) de su Estatuto, la legitimación activa para presentar una acción de incumplimiento por parte de los particulares se encuentra en el segundo nivel, es decir, en la demostración de la afectación de derechos subjetivos o de intereses legítimos.

En su sentencia, el Tribunal hizo precisiones sobre la forma en que se puede ejercer el derecho que tienen los particulares para instaurar acción de incumplimiento contra un País Miembro de la CAN cuando consideran que un Juez Nacional ha incumplido la obligación de solicitar la Interpretación Prejudicial de las normas andinas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal y el parágrafo del artículo 128 del Estatuto del Tribunal. Para ejercer correctamente ese derecho se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

a. Solo los sujetos que participaron efectivamente en el proceso interno, como partes principales o coadyuvantes, podrán ejercerlo. Excepcionalmente, también lo podrá hacer quien, sin haber sido parte, demuestre que la sentencia emitida por el juez nacional lo afecta en sus derechos subjetivos o intereses legítimos.

b. La norma prevé dos supuestos: (i) que el juez nacional que conoce de un caso concreto no solicite la interpretación prejudicial a pesar de estar obligado a ello; (ii) que el juez nacional, una vez recibida la interpretación prejudicial no la aplique.

c. No se puede utilizar esta vía para resolver una controversia nacional de competencia y conocimiento exclusivo de un juez nacional.

Así, la sentencia tiene una especial relevancia porque sentó jurisprudencia para limitar los casos en los que los particulares pueden demandar a los Países Miembros, dejando en claro que un simple interés particular como sería el de ser una persona interesada en los temas de la integración, no es suficiente para demandar a un Estado ante ese Tribunal. En tal sentido, dicho documento precisa que sólo se puede ejercer correctamente esa acción cuando se tiene interés legítimo o un derecho subjetivo vulnerado.

El Tribunal también precisó en su sentencia, que de acuerdo con lo previsto en los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 123 de su Estatuto, los parámetros que se deben tener en cuenta para determinar si un juez nacional está obligado a solicitar la interpretación prejudicial a dicho Tribunal, son:

1- Cualquiera de las partes en el proceso nacional haya invocado una norma andina como sustento de sus alegaciones.

2. Ante tal invocación, cualquiera otra de las partes en el proceso nacional controvierta la interpretación o aplicación de dicha norma andina, o de otras normas andinas, como sustento de sus alegaciones.

3- El juez nacional que va a resolver la causa necesariamente tenga que aplicar una norma andina para fallar el asunto, más allá de si fue o no invocada o controvertida por cualquiera de las partes.

Si bien estos parámetros no son concurrentes, el último de ellos es necesario para establecer la obligatoriedad de la solicitud de interpretación prejudicial.

(Tomado de: http://intranet.comunidadandina. org/Documentos/Gacetas/GACE3100.pdf)



Bogotá, D.C., 12 de septiembre del 2017.- A través del Decreto 1451 de septiembre de 2017, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo definió los requisitos que deberán cumplir las micro, pequeñas y medianas empresas que aspiren a comercializar bienes en el exterior.

La mencionada norma plantea la creación de las Sociedades de Comercialización Internacional para las mipymes, con el propósito de que exporten productos colombianos adquiridos en el mercado interno a ese tipo de empresas.

A diferencia de las Sociedades de Comercialización Internacional que hoy existen, que son 254, a esta nueva categoría no se le exigirá patrimonio líquido y la garantía a constituir a favor de la Dian deberá corresponder al 1% del valor de las exportaciones realizadas durante los 12 meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud. Cuando no haya realizado operaciones de exportación, o cuando la persona jurídica haya sido constituida el mismo año en que presente la solicitud, el monto será del 1% sobre el estimativo de exportaciones, según el estudio de mercado. De cualquier forma, en ningún caso el valor a asegurar será inferior a 2.000 Unidades de Valor Tributario (UVT) o superior a 2.500 UVT.

Es decir, deberá oscilar entre $63.718.000 y $79.647.500. La garantía exigida a las CI existentes hoy es por 9.000 UVT, es decir $286.731.000.

Para poder ser una de estas CI, el interesado deberá acreditar que tiene un plan de trabajo con ProColombia o que ha sido beneficiaria de recursos por parte de las entidades o programas del sector Comercio, Industria y Turismo.

Igualmente, deberá presentar constancia de que cuenta con la infraestructura y requerimientos informáticos exigidos para cumplir con las formalidades aduaneras y presentar su plan exportador, entre otros requisitos.

Esta categoría de CI gozará de los mismos beneficios que tienen las Sociedades de Comercialización Internacional que operan actualmente. Podrán comprar bienes en el mercado nacional exentos del pago de IVA, siempre y cuando estos sean exportados dentro de los seis meses siguientes a la fecha de expedición del correspondiente certificado al proveedor. Y podrán tener acompañamiento por parte de ProColombia para el desarrollo de sus planes de trabajo en los mercados internacionales en los que haya identificadas oportunidades.



Bogotá, octubre 11 de 2017 (Mincomercio).- Con el fin de combatir más contundentemente el contrabando, el Gobierno Nacional anunció hoy la creación de un grupo de seguimiento de alto nivel a las acciones de las autoridades involucradas en la lucha contra este delito, para identificar y desarticular las grandes estructuras y organizaciones dedicadas al contrabando, el lavado de activos y la financiación de actividades ilícitas.

El grupo estará conformado inicialmente por el Ministerio de Comercio, la DIAN, la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF y la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), pero involucrará a todas las entidades que participan en las acciones anticontrabando.

En la reunión donde se dio a conocer la conformación del grupo, el coronel Willliam Valero, director de la Polfa, anunció el desmonte de un grupo criminal dedicado al contrabando de textiles, confecciones y calzado procedentes de Estados Unidos y China. En el operativo las autoridades detuvieron a los tres cabecillas del grupo, acusados también de actividades de lavado de activos del denominado “Cartel de Sinaloa”.

Entre los años 2011 y 2016, esta red transnacional generó una defraudación al fisco nacional por un valor aproximado de $170.000 millones, y el movimiento no justificado de aproximadamente US$50 millones en cuentas bancarias de Panamá y Colombia. Los capturados deberán responder ante la fiscalía por los delitos de contrabando, concierto para delinquir, lavado de activos y cohecho.

Microgerencia y Acciones

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, explicó que aunque ya existen mecanismos contra el acceso ilegal de mercancías al país, como la Ley Anticontrabando y el comité interinstitucional, se requiere agregar una tarea de microgerencia, que permita hacer seguimiento detallado a las acciones y estrategias.

Destacó que la labor adelantada por la Fiscalía en este aspecto ha sido fundamental y eficaz, y que el trabajo del grupo permitirá articular tanto las acciones como la información de todas las entidades.

Entre las acciones a las que se les hará seguimiento está un plan de choque en las aduanas para combatir el contrabando técnico, anunciado por el director de la DIAN, Santiago Rojas.

Este plan consiste en incrementar la inspección física de mercancías aprovechando infraestructura existente como los escáneres y en un nuevo sistema de gestión de riesgos que permite identificar aquellos casos donde la entrada ilegal de mercancías se hace a través de las aduanas.

La Ministra invitó al sector privado a seguir trabajando con el gobierno en este tema a través de las mesas técnicas y a la ciudadanía a denunciar el contrabando, para lo cual anunció que en las próximas semanas se darán a conocer nuevas herramientas tecnológicas para facilitar estos procedimientos.

“La lucha contra el contrabando tiene que ser una lucha de todos. El contrabando le está haciendo daño a nuestras empresas y a nuestra economía. Está afectando a las familias de todos nosotros”, enfatizó la ministra.



El 26 de septiembre de 2017, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se hizo presente en el Foro Público de la OMC, con la temática del “Comercio Internacional Lícito y Justo: una oportunidad para las PYMES”.

El Foro Público de la OMC es un evento anual que ofrece a los participantes la oportunidad de debatir la evolución reciente del comercio mundial y de proponer maneras de mejorar el sistema multilateral de comercio. Suele congregar a más de 1.500 participantes procedentes de diversos ámbitos, que van desde las organizaciones no gubernamentales hasta la comunidad empresarial.

En la exposición para sensibilizar a la Comunidad Internacional se tuvieron como argumentos que el comercio ilícito es un fenómeno mundial que afecta a todos los países, entre ellos Colombia, que representa un abuso del sistema comercial internacional negando la base del marco jurídico multilateral, el cual a menudo derrota el objeto y el propósito de la liberalización del comercio, como es crear desarrollo y riqueza.

Otro de los argumentos presentados durante el Foro, es la evidencia de que el comercio ilícito a nivel internacional asciende a unos 650 000 millones de dólares, únicamente a efectos del comercio de mercancías, también los flujos financieros ilícitos se estiman en el orden de USD 1,3 billones, la economía ilícita representa aproximadamente el 15% del PIB y el 7% de la mercancía mundial circulante.

Entre otros objetivos se pretendió sensibilizar a la Comunidad Internacional para abordar el comercio ilícito dentro de un marco legal, estableciendo una regulación integral, la aplicación de otras normas comerciales internacionales, y su inclusión en la solución de controversias.

Colombia seguirá interesada en concienciar a la comunidad internacional sobre la importancia de abordar el comercio ilícito desde la perspectiva multilateral, por ello la OMC debería ofrecer un foro adecuado para negociar y acordar estrategias para responder al desafío del comercio ilícito (OMC-Noticias y Eventos-Foro Público). En este Foro se contó con los expositores doctor Petros C. Mavroidis-Edwin B. Parker, profesor de derecho en Columbia Law School, New York y en la UN; la doctora Neuchatel Arancha González, Directora Ejecutiva, ITC; el doctor Jeffrey P. Hardy, Director General, Alianza Transnacional para combatir el Comercio Ilicito (TRACIT) y el doctor Alan Yanovich, Consejero Mayor, Akin Gump StraussHauer & Feld LLP.

Con posterioridad a dicho Foro, el 27 y 28 de septiembre del presente año, en la ciudad de Londres, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, participó en la cumbre “Combatiendo el Comercio Ilícito”; contando para ello con la presencia del doctor Mauricio Salcedo, como panelista en la conferencia “Una aproximación holística al Comercio Ilícito, con la presentación “Illicit Trade and WTO?, The Institutional Question”, abordándose la utilización del comercio para alcanzar fines ilícitos, que viene siendo denominada por muchos como “comercio ilícito”, la cual es contraria a los fines reconocidos por todos los que hacen parte de la OMC.

En desarrollo de su exposición, entre otros argumentos, se sostuvo que el comercio ilícito destruye en lugar de crear valor, el cual afecta la competitividad de los productos que se comercian de manera lícita, impidiendo que los Estados recauden impuestos sobre el comercio, negando a los titulares de derechos de propiedad intelectual la posibilidad de obtener beneficios de tales derechos y perjudicando a los consumidores con mercancías que no cumplen con las normas exigidas.

En ese sentido, la mala utilización del comercio tiende a disminuir los ingresos de quienes lo adelantan de manera lícita, a hacer menos competitivas las economías y a tener una mala utilización de los recursos mundiales; todo lo cual atenta contra el desarrollo económico, la empresa, el trabajo, los consumidores y el medio ambiente.



La facilitación del comercio -la simplificación, modernización y armonización de los procedimientos de exportación e importaciónse ha convertido, en un tema importante para el sistema mundial de comercio, por ello los Miembros de la OMC que concluyeron en la Conferencia Ministerial de Bali (Indonesia) en diciembre de 2013, las negociaciones relativas al importante Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC y/o TFA por sus siglas en inglés). Dicho instrumento internacional entró en vigor el 22 de febrero de 2017, debido a que para esa fecha, más de dos tercios de los miembros de la OMC lo habían ratificado.

El AFC contiene disposiciones para agilizar el movimiento, el levante y el despacho de las mercancías, incluidas las mercancías en tránsito. Asimismo, en él se establecen medidas para la cooperación efectiva entre las autoridades aduaneras y otras autoridades competentes en las cuestiones relativas a la facilitación del comercio y el cumplimiento de los procedimientos aduaneros, además de disposiciones sobre asistencia técnica y creación de capacidad en esta esfera.

El núcleo del acuerdo se concentra en más de 40 medidas técnicas relacionadas con reglamentaciones y nuevos procedimientos, que pretenden mejorar el nivel de transparencia; claridad en las leyes; procesos y otras obligaciones en las fronteras, además de mejorar las condiciones en los trámites de despacho simplificados y reducción de las trabas administrativas al tránsito.

Este acuerdo también contempla disposiciones especiales para los países en desarrollo y menos adelantados, relacionándose con la capacidad de cada país para determinar la fecha y cuáles disposiciones técnicas aplicará, además podrán recibir asistencia técnica y apoyo para la creación de las capacidades que requiera para desarrollar las disposiciones.

Uno de los principales avances que contiene el Acuerdo, se refiere a la posibilidad de ayudar a las pequeñas y medianas empresas, tendiente a disminuir los costos operativos, los tiempos que toma desarrollar las actividades aduaneras, favoreciendo el flujo del comercio internacional.

El Acuerdo contempla la creación del comité permanente de facilitación del comercio en la OMC, para facilitar la coordinación interna y la aplicación nacional del Acuerdo.

Lo anterior permite afirmar que la implementación del AFC representará un desafío para los principales actores del comercio internacional en Colombia, por una parte, los empresarios del país se verán motivados a consolidar cadenas logísticas seguras, confiables y ágiles.

Es importante resaltar que la adopción del AFC permitirá al sector productivo e industrial insertarse en un escenario internacional más favorable para el comercio de bienes en Colombia, pues esto representa incentivos para la inversión extranjera, lo cual deriva en que el sector empresarial y los operadores de comercio se verán enfrentados a ajustar sus prácticas para cumplir con las expectativas de los inversionistas.

Se puede decir que estas calidades se encuentran en la línea de los propósitos del AFC en la medida en que se busca agilidad, reduciendo cargas y procedimientos administrativos, dentro del marco de seguridad en el desarrollo de operaciones de comercio exterior.

La implementación de procedimientos electrónicos, como el pago de derechos de importación a través de estos medios o la solicitud de Resolución Anticipada de Clasificación Arancelaria, son ejemplos de la tendencia del país hacia la simplificación y modernización en las operaciones de comercio exterior.

Hoy en día se busca rapidez y confianza en las operaciones de comercio internacional y en países como el nuestro, esto constituye un incentivo indiscutible para los inversionistas que buscan destinar sus recursos en países que proporcionen un marco simplificado y armonizado con los estándares internacionales.

Por primera vez en la historia de la OMC, la obligación de aplicar el Acuerdo está directamente vinculada a la capacidad del país para hacerlo, se estima que la plena aplicación del AFC podría reducir los costos del comercio un 14,3%, en promedio, e impulsar el comercio mundial en 1 billón de dólares anuales, y serían los países más pobres los que más se beneficiarían.

La implementación del AFC es coherente con los objetivos y los principios de la Nueva Regulación Aduanera (Decreto 390 de 2016).

Si bien el Acuerdo de Facilitación del Comercio entró en vigor en el mes de febrero del presente año, en el caso de Colombia, dicho Acuerdo se encuentra surtiendo el trámite ante el Congreso de la República, para su incorporación a la legislación interna.

Tomado de: https://www.wto.org/spanish/ news_s/news17_s/fac_31jan17_s.htm ,

OMC: NOTICIAS 2017, 22 DE FEBRERO DE 2017 FACILITACIÓN DEL COMERCIO

Tomado de: https://economia.elpais.com/ economia/2017/03/08/actualidad/...

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