En el cuarto debate la Plenaria del Senado de la República aprobó el proyecto de ley de licores presentado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio Comercio, Industria y Turismo. En el último debate se introdujeron varios cambios el en el articulado del proyecto de ley razón por la cual, pasará a conciliación con la Cámara de Representantes.

Fecha: 4 de octubre de 2016.

Síntesis de los objetivos de la Ley:

De acuerdo con el artículo 336 de la Constitución de 1991 “la organización, administración, control y explotación de los monopolios rentísticos estarán sometidos a un régimen propio, fijado por la ley de iniciativa gubernamental… Las rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio de licores, estarán destinadas preferentemente a los servicios de salud y educación.” La Constitución de 1991 retomó el tema de los monopolios con fines rentísticos estableciendo que se deberían reglamentar por medio de una Ley de régimen propio, cuestión que se está cumpliendo por medio del proyecto de Ley aprobado.

El objetivo del proyecto aprobado en el Senado, es reformar ((i) incrementar el recaudo de los Departamentos proveniente del impuesto al consumo de licores, en el cual se modifica su base gravable y la tarifa, ii) establecer reglas claras para la introducción de licores a los departamentos. Se trata de reemplazar el impuesto al consumo actual con un impuesto mixto no discriminatorio compuesto por un gravamen sobre el contenido del alcohol y un impuesto ad valorem. El proyecto también contiene requisitos claros y objetivos para la autorización de introducción de bebidas alcohólicas a los Departamentos, garantizando que tales autorizaciones se concedan de una forma abierta, justa y no discriminatoria.

En general el proyecto aprobado, proporciona directrices claras para el funcionamiento de los monopolios rentísticos que los Departamentos deben cumplir y de igual forma se armoniza las leyes nacionales con las normas internacionales.

El efecto inmediato se verá reflejado en mayores recursos para la salud, el deporte y la educación en los Departamentos y en la lucha contra el contrabando y la adulteración de bebidas alcohólicas.

De acuerdo con la Ley, los licores destilados tendrán que pagar un impuesto de $220 por cada grado de alcohol, además de un impuesto ad valorem del 25%. Así mismo, se estableció que todos los licores tendrán que pagar un IVA del 5%. Por último, las bebidas alcohólicas fermentadas como los vinos, pagarán $150 por grado y su gravamen ad valorem quedo definido en el 20%.

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Problema Jurídico: Argentina impugna algunas medidas adoptadas por la Unión Europea (UE) que establecen derechos antidumping sobre el biodiesel procedente de Argentina. Colombia, ejerciendo su derecho bajo el marco del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC), participa como tercero en la controversia.

Notas:

Argentina aduce que las medidas de la Unión Europea son contrarias a los artículos 1, 2.1, 2.2, 2.2.1.1, 2.2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 6.2, 6.4, 6.5, 6.5.1, 9.3, 18 y 18.4 del Acuerdo Anti-Dumping, el artículo VI del GATT de 1994 y el artículo XVI del Acuerdo de Marrakech.

El 19 de diciembre de 2013, Argentina presentó una solicitud de consultas con la Unión Europea para discutir algunas medidas en las que la Unión Europea establece derechos antidumping sobre el biodiesel procedente de Argentina. Después de no llegar a una solución satisfactoria durante las consultas, el 13 de marzo de 2014 Argentina solicitó el establecimiento de un Grupo Especial, cuyo informe final fue circulado el 29 de marzo de 2016. Ante el Grupo Especial, Argentina demandó el apartado 5 del artículo 2 del Reglamento (CE) Nº 1225/2009 del Consejo de la Unión Europea (Reglamento de base), por ser incompatible “en sí mismo” con el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping y el artículo VI:1 (b) (ii) del GATT de 1994. Adicionalmente, impugnó las medidas antidumping impuestas por la Unión Europea sobre las importaciones de biodiesel procedente de la Argentina, como resultado de una aplicación del Reglamento de base.

Con respecto a lo anterior, el Grupo Especial determinó que el Reglamento de base no era incompatible “en sí mismo” con los artículos 2.2 del Acuerdo Antidumping y VI:1 (b)(ii) del GATT de 1994. Sin embargo, encontró que algunas partes de la investigación llevada a cabo por la UE para imponer medidas antidumping al biodiesel proveniente de Argentina, eran incompatibles con algunos artículos del Acuerdo Antidumping. Por ende, sostuvo que la aplicación del Reglamento de base, en este caso, resultaba incompatible con las obligaciones de la UE bajo este último acuerdo.

El análisis del Grupo Especial comenzó con el estudio de algunas cuestiones preliminares planteadas por la UE, en las que adujo que la demanda de Argentina referente a los artículos 2.2 del Acuerdo Antidumping y VI: 1 del GATT estaba fuera de los términos de referencia, por no haberse incluido en la solicitud de consultas. Con respecto a esto, el Grupo Especial consideró que dichos artículos tienen una relación estrecha con el 2.2.1.1 del Acuerdo Antidumping, así como con las medidas y obligaciones debatidas en la controversia. Por lo tanto, estableció que es razonable entender que el reclamo de Argentina con respecto a los artículos 2.2 del Acuerdo Antidumping y VI: 1 del GATT surgió de lo discutido en las consultas, así no se hubiese mencionado allí explícitamente.

Ante el Grupo Especial Argentina alegó que, contrario a los artículos 2.2 y 2.2.1.1 del Acuerdo Antidumping y VI.1 (b) (ii) del GATT de 1994, el Reglamento de base de la UE permite usar fuentes externas al país de origen de un producto para calcular el valor normal de sus costos de producción. Esto, cuando se determine que los registros de los productores y exportadores no lo reflejan. Sin embargo, el Grupo Especial estableció que aunque el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping y el artículo VI.1 (b) (ii) del GATT exigen que los costos de producción reflejen las condiciones existentes en el país de origen, esto no obsta para que puedan usarse fuentes ajenas a dicho país para calcular su valor normal. Por ende, el Grupo Especial determinó que la medida en cuestión no es incompatible “en sí misma” con el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping y el artículo VI.1 (b) (ii) del GATT. Ahora bien, la UE argumentó que debido a la fuerte regulación del mercado de biodiesel en Argentina, su costo normal de producción debía ser construido, pues las dinámicas del mercado interno, al no desarrollarse de forma natural, no lo reflejaban. Sin embargo, el Grupo Especial consideró que ésta no era una razón suficiente para aducir que los registros de los productores argentinos no reflejan el costo normal de producción de biodiesel en el país. Por ende, estableció que la actuación de la UE es incompatible con el artículo 2.2.1.1 del Acuerdo Antidumping. Adicionalmente, el Grupo Especial consideró que la UE actuó de forma incompatible con los artículos 2.2 del Acuerdo Antidumping y VI.1 (b) (ii) del GATT, en tanto el costo de producción construido no refleja aquel que prevalece en Argentina como país de origen del producto. Como consecuencia de lo anterior, el Grupo Especial estableció que la actuación de la UE también es incompatible con el artículo 9.3 del Acuerdo Antidumping.

Otras constataciones del Grupo Especial incluyeron i) que la investigación llevada a cabo por la UE para determinar las medidas antidumping aplicables a Argentina, no obedece a un examen objetivo de la información y por ende, es incompatible con los artículos 3.1 y 3.4 del Acuerdo Antidumping; ii) que Argentina no demostró una incompatibilidad con el artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping, referente al análisis de no atribución hecho por la UE.

Posteriormente, tanto Argentina como la UE apelaron ciertas interpretaciones del Grupo Especial y el 6 de octubre de 2016 el reporte del Órgano de Apelación fue circulado. Éste mantuvo las constataciones del Grupo Especial e hizo énfasis en que dicho grupo había realizado una evaluación objetiva de la controversia. Esto, teniendo en cuenta que cuando la normatividad interna de un país es acusada de ser “en sí misma” incompatible con las obligaciones de la OMC, el Grupo Especial debe examinar dicha normatividad de forma detallada.

Posición de Colombia:

Ejerciendo su derecho como tercero, Colombia intervino en la controversia y expresó su opinión acerca de dos asuntos puntuales analizados por el Grupo Especial: su interpretación del artículo 2(5) del Reglamento base y su determinación con respecto al análisis de no atribución llevado a cabo por la UE.

Con respecto al primer punto, Colombia consideró que el Grupo Especial no realizó un análisis profundo del artículo 2(5) del Reglamento base, pues no estudió, por ejemplo, otras normas internas de la UE que podían servir como parte del contexto. Por ende, la opinión de Colombia fue que el análisis del Grupo Especial no fue realizado de acuerdo a la obligación que impone el artículo 11 del ESD, ésta es, realizar una evaluación objetiva de la controversia.

Por otra parte, Colombia consideró que, contrario a lo que determinó el Grupo Especial, la magnitud del margen de dumping, así como los otros elementos incluidos en el artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping, podrían haber sido una causa determinante de los daños que aduce la UE.

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Título:

Naturaleza jurídica de la Declaración sobre el derecho de los pueblos y las personas a la solidaridad internacional

Fecha:

10 de diciembre de 2015

Problema Jurídico:

Se solicita concepto sobre el carácter jurídico y alcance del proyecto de declaración sobre el derecho de los pueblos y las personas a la solidaridad internacional, y determinación de la pertinencia de que Colombia apoye la iniciativa, a partir de las implicaciones que tendría para el Estado la adopción de este instrumento.

Regla:

Resolución 2005/55, Resolución 26/6, Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, Acuerdo de Cartagena, Constitución Política de Colombia, Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos, Acuerdo de Marrakech.

Título:

Certificación de conformidad en laboratorios acreditados bajo el Subsistema Nacional de Calidad.

Fecha:

30 de marzo de 2015

Problema Jurídico:

Compatibilidad de la certificación dispuesta en el artículo 2.2.1.7.9.5 del Decreto 1595 de 2015 frente al Acuerdo OTC de la OMC.

Regla:

Decreto 1595 de 2015: Artículo 2.2.1.7.9.5

Título:

Convenio de Cooperación suscrito con una sociedad de responsabilidad limitada de otro Estado y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fecha:

19 de junio de 2015

Problema Jurídico:

Se solicita concepto sobre el carácter jurídico y alcance de un Convenio de Cooperación entre una sociedad comercial de un Estado Extranjero y una entidad pública del Estado colombiano.

Regla:

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, Artículo 2. Términos Empleados (Tratado, plenos Poderes), Artículo 12. Consentimiento en obligarse por un Tratado manifestado mediante la firma, Artículo 13. Consentimiento en obligarse por un Tratado manifestado mediante el canje de instrumentos que constituyen un Tratado.

Título:

Importación vehículos Convenio de Complementación del Sector Automotor

Fecha:

25 de mayo de 2015

Problema Jurídico:

Aplicación del Convenio de Complementación del Sector Automotor relacionado con la consideración de importación de vehículos nuevos bajo el régimen de libre importación y vehículos considerados como saldos que necesitan del trámite de licencia previa.

Regla:

Convenio de Complementación en el Sector Automotor, decreto 925 de 2013 “Por el cual se establecen disposiciones relacionadas con las solicitudes de registro y licencia de importación”

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