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INFORME DE LOS GRUPOS ESPECIALES, WT/DS461/RW DEL 5 DE OCTUBRE DE 2018. COLOMBIA - MEDIDAS RELATIVAS A LA IMPORTACIÓN DE TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO RECURSO DE COLOMBIA AL PÁRRAFO 5 DEL ARTÍCULO 21 DEL ESD RECURSO DE PANAMÁ AL PÁRRAFO 5 DEL ARTÍCULO 21 DEL ESD

El 5 de octubre de 2018, la OMC distribuyó los informes sobre el cumplimiento en relación con la diferencia “Colombia — Medidas relativas a la importación de textiles, prendas de vestir y calzado — Recurso de Panamá al párrafo 5 del artículo 21 del ESD y recurso de Colombia al párrafo 5 del artículo 21 del ESD” (DS461)

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN

8.1. Por las razones expuestas en el presente informe, el Grupo Especial concluye lo siguiente:

8.2. Con respecto a su mandato, el Grupo Especial concluye que:

  1. la garantía específica y el régimen especial de importación con las características descritas en el Decreto No. 1745/2016 están “indisolublemente vinculadas” y “claramente relacionadas” con la medida declarada como destinada para cumplir por Colombia, es decir, los aranceles impuestos por el Decreto No. 1744/2016;
  2. la garantía específica y el régimen especial de importación con las características previstas en el Decreto No. 2218/2017 entran dentro del mandato del Grupo Especial, debido a que el lenguaje de la solicitud de establecimiento de Panamá es lo suficientemente amplio y la esencia de las medidas originales no ha cambiado por su reemplazo;
  3. para cumplir con su mandato de resolver el asunto que se le ha sometido, tiene que examinar y formular constataciones y, en su caso, recomendaciones, sobre la garantía específica y el régimen especial de importación con las características previstas en el Decreto No. 2218/2017 y no con las características previstas en el Decreto No. 1745/2016;
  4. las alegaciones de Panamá respecto de los artículos VIII:3 del GATT de 1994 y 7.2 g) del Acuerdo sobre Valoración en Aduana no se encuentran dentro del mandato del Grupo Especial, dado que Panamá no incluyó estas disposiciones en su solicitud de establecimiento de grupo especial; y
  5. las alegaciones de Panamá incluidas en su solicitud de establecimiento de grupo especial se encuentran dentro del mandato del Grupo Especial en ambos procedimientos.

8.3. Con respecto al Decreto No. 1744/2016, el Grupo Especial concluye que Colombia ha acreditado que los aranceles previstos en dicho Decreto no son incompatibles con las obligaciones de Colombia al amparo de los artículos II:1 a) y II:1 b), primera oración, del GATT de 1994.

8.4. Con respecto a las alegaciones de Panamá al amparo del artículo XI:1 del GATT de 1994, el Grupo Especial concluye que: a. Panamá no ha acreditado que la garantía específica prevista en el artículo 7 del Decreto No. 2218/2017 tiene efectos limitativos sobre las importaciones de manera incompatible con el artículo XI:1 del GATT de 1994; y b. Panamá no ha acreditado que el régimen especial de importación previsto en los artículos 4 a 10 del Decreto No. 2218/2017 tiene efectos limitativos sobre las importaciones de manera incompatible con el artículo XI:1 del GATT de 1994.

8.5. Con respecto a las alegaciones de Panamá al amparo del artículo X:3 a) del GATT de 1994, el Grupo Especial concluye que:

  1. La alegación de Panamá de que el Decreto No. 390/2016 es aplicado de forma incompatible con el artículo X:3 a) del GATT de 1994 a través del Decreto No. 2218/2017 no se encuentra dentro del mandato del Grupo Especial;
  2. Panamá no ha acreditado que la garantía específica prevista en el artículo 7 del Decreto No. 2218/2017 es aplicada de manera no uniforme, no imparcial o no razonable, de forma incompatible con el artículo X:3 a) del GATT de 1994; y
  3. Panamá no ha acreditado que el régimen especial de importación previsto en los artículos 4 a 10 del Decreto No. 2218/2017 es aplicado de manera no uniforme, no imparcial o no razonable, de forma incompatible con el artículo X:3 a) del GATT de 1994.

8.6. Con respecto a las alegaciones de Panamá al amparo del Acuerdo sobre Valoración en Aduana, el Grupo Especial concluye lo siguiente:

  1. El régimen especial de importación previsto en los artículos 4 a 10 del Decreto No. 2218/2017 no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de los artículos 1, 2, 3, 5, 6 y 7.2 f) del Acuerdo sobre Valoración en Aduana en la manera descrita por Panamá. En consecuencia, el Grupo Especial rechaza las alegaciones de Panamá al amparo de cada uno de dichos artículos; y
  2. Panamá no ha acreditado que la garantía específica prevista en el artículo 7 del Decreto No. 2218/2017 es incompatible con el artículo 13 del Acuerdo sobre Valoración en Aduana.

8.7. Por todo lo anterior, habiendo constatado que los aranceles previstos en el Decreto No. 1744/2016 no son incompatibles con las obligaciones de Colombia al amparo de los artículos II:1 a) y II:1 b), primera oración, del GATT de 1994, y que Panamá no ha acreditado que la garantía específica y el régimen especial de importación sean incompatibles con el Acuerdo sobre la OMC, el Grupo Especial concluye que Colombia ha aplicado las recomendaciones y resoluciones del OSD en Colombia - Medidas Relativas a la Importación de Textiles, Prendas de Vestir y Calzado de poner su medida en conformidad con las obligaciones que le corresponden en virtud del Acuerdo sobre la OMC.

8.8. Al haber constatado que Panamá no ha acreditado que Colombia ha actuado de manera incompatible con las obligaciones que le corresponden en virtud del Acuerdo sobre la OMC, el Grupo Especial considera que no es necesaria ninguna recomendación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 19 del ESD, y no formula ninguna.

Fuente: https://www.wto.org/spanish/news_s/ news18_s/461rw_s.htm

Título:                      Acuerdo sobre Tecnología de la Información OMC

 

Fecha:                      Julio 3 de 2018

 

Problema Jurídico:    Estado actual del Acuerdo sobre Tecnología de la Información OMC[1]

 

Regla:                      Acuerdo sobre Tecnología de la Información

 

 

Concepto:

 

Atentamente hago referencia a su solicitud, mediante la cual consulta sobre el estado actual del Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI) y el ATI ampliado con la OMC y formula unas preguntas en relación con ese asunto así:

 

A través de qué Ley Colombia aprobó los Acuerdos ATI y ATI ampliado?

A través de qué normatividad se han aprobado las exenciones arancelarias surgidas con ocasión a la aplicación del ATI y ATI ampliado?

Cuándo fue o cuándo sería la entrada en vigencia de esos acuerdos para Colombia en caso de que aún no se hayan aprobado?

Ha puesto el Ministerio a disposición del Congreso algún proyecto de Ley referente a la aprobación de los mismos?

Existe actualmente algún proyecto de Ley promovido por el Ministerio que tenga como fin la desgravación o reducción de gravámenes para productos de tecnología?

Cuál fue la última modificación del arancel de aduanas referente a las partidas arancelarias de productos de tecnología?

 

Sobre el particular quisiera presentarle las siguientes consideraciones:

 

Funcionamiento del Acuerdo sobre Tecnología de la Información

 

a) Declaración Ministerial sobre el Comercio de Productos de Tecnología de la Información

 

Dicho Acuerdo se alcanzó el 13 de diciembre de 1996 con la adopción de una

“Declaración Ministerial sobre el Comercio de Productos de Tecnología de la Información” en la primera Conferencia Ministerial de la OMC, la cual se celebró en Singapur.

 

Mediante dicho pronunciamiento, los Ministros que la suscribieron declararon que se había alcanzado un acuerdo para consolidar y eliminar, los derechos de aduana y los demás derechos o cargas de cualquier clase, en el sentido del párrafo 1 b) del artículo II del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, con respecto a los productos a los que allí se hace referencia.

 

En el punto 9 de dicha declaración, se indicó que la misma quedaba abierta a la “aceptación” de todos los Miembros de la OMC. Por último, Colombia aceptó el ATI mediante una Certificación de las modificaciones y rectificaciones de la Lista LXXVI de Colombia remitida al Director General de la OMC, la cual tendría efectos a partir del 8 de agosto de 2012. El envío de la copia autenticada por el Director General se encuentra contenida en el documento WLI/100.

 

b) Ampliación de productos comprendidos en la Declaración Ministerial sobre el Comercio de Productos de Tecnología de la Información

 

En la Declaración Ministerial sobre la Expansión del Comercio de Productos de Tecnología de la Información, del 16 de diciembre de 2015 un grupo de Ministros que representan los Miembros de la OMC que allí se señala (WT/MIN(15)/25 del 16 de diciembre de 2015), dentro de los que se encuentra Colombia, emitieron una declaración, en donde los “participantes” convinieron en ampliar la lista de productos comprendidos en el ATI , y declararon que quedaba abierta a la aceptación de cualquier Miembro que así lo deseara. Asimismo, señalan que aprueban los resultados del proceso de examen que se refleja en las listas de compromisos que figuran en el documento G/MA/W/117, 3 que fueron presentadas por cada Participante.

 

Colombia aceptó la ampliación de los productos comprendidos en el Acuerdo sobre Tecnología de la Información de conformidad con la comunicación remitida al Director General de la OMC el día 11 de abril de 2016, contenida en el documento G/MA/TAR/RS/431.

 

c) Alcance de las declaraciones ministeriales sobre expansión del comercio de productos de tecnología de la información:

Teniendo en cuenta lo anterior, el llamado ATI contiene compromisos relacionados con la

modificación de las listas de concesiones, para los productos de tecnología de la información, comprendidos en dos apéndices (por un lado, el Apéndice A enumera las partidas del Sistema Armonizado (SA) o las partes de las mismas que quedarán comprendidas; por otro lado, el Apéndice B enumera los productos específicos que quedarán comprendidos en los compromisos de desgravación, independientemente de la partida del SA en que estén clasificados).

 

Bajo el ATI, los compromisos de los Miembros adherentes se encuentran consignados en el Artículo 2, el cual dispone:

 

"2. De conformidad con las modalidades establecidas en el Anexo de la presente Declaración, cada parte consolidará y eliminará los derechos de aduana y los demás derechos o cargas de cualquier clase, en el sentido del párrafo 1 b) del artículo II del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, con respecto a los siguientes productos:

 

a) todos los productos clasificados (o clasificables) en las partidas del Sistema Armonizado de 1996 ("SA") enumeradas en el Apéndice A del Anexo de la presente Declaración; y

b) todos los productos especificados en el Apéndice B del Anexo de la presente Declaración, estén o no incluidos en el Apéndice A; mediante reducciones iguales de los tipos de los derechos de aduana a partir de 1997 y hasta el año 2000, reconociendo que, en limitadas circunstancias, podría ser necesario ampliar el escalonamiento de las reducciones y, antes de la aplicación, los productos comprendidos".

 

En otras palabras, en dichas declaraciones los participantes manifiestan que se comprometen a modificar su arancel consolidado para los bienes comprendidos en los Anexos de la Declaración y a eliminar cualquier tipo de arancel que se le imponga a estos productos, de tal manera que el arancel consolidado para los productos comprendidos en los anexos de las declaraciones alcancen según los cronogramas un consolidado del 0% respecto a los derechos de aduana de dichos productos.

 

Teniendo en cuenta que en dichas declaraciones se menciona al artículo II:1(b) del GATT, cabe hacer dos precisiones:

 

En primer lugar, bajo el GATT, las partes están obligadas a “conceder al comercio de las

demás partes contratantes un trato no menos favorable que el previsto en la parte apropiada de la lista correspondiente anexa al presente Acuerdo” (Artículo II: 1(a) del GATT de 1994).

 

Los Miembros de la OMC, por virtud del artículo XXVIII tienen derecho de modificar las listas de concesiones, y en caso de que esa modificación implique otorgar un trato menos favorable a los demás Miembros, es preciso negociar con los demás Miembros, pero en el caso del llamado ATI los "participantes" aplican a los consolidados para los productos cubiertos, a todos los Miembros sin discriminación.

 

En segundo lugar, de acuerdo con el Procedimiento para la Modificación y Rectificación de las En segundo lugar, de acuerdo con el Procedimiento para la Modificación y Rectificación de las Listas de Concesiones, Decisión del 26 de marzo de 1980, los Miembros pueden realizar modificaciones a sus Listas de Concesiones a través de Certificaciones, las cuales deberán ser comunicadas al Director General dentro de los tres meses posteriores.  (Decisión de 26 de marzo de 1980 “Procedimiento para la modificación y rectificación de las Listas de Concesiones”, L/4962 marzo 28 de 1980).

 

La modificación de las concesiones es algo que está previsto desde el GATT. Así pues, el ATI no genera obligaciones distintas para Colombia diferentes a la desgravación arancelaria de ciertos bienes cubiertos en sus Listas de concesiones. Es decir, no genera obligaciones internacionales diferentes a las cubiertas por el Artículo II del GATT. Por lo tanto, Colombia está facultada para cambiar las Listas de conformidad con la Decisión del 26 de marzo de 1980 siempre y cuando realice las certificaciones correspondientes.

 

Bajo los compromisos derivados del ATI, Colombia certificó el cambio en sus Listas de Concesiones a través de una Certificación de las Modificaciones y Rectificaciones de la Lista LXXVI Colombia, con efecto a partir del 8 de agosto de 2012.  (WLI/100 10 de septiembre de 2012).

 

A su turno, mediante el documento WT/Let/863 el Director General de la OMC circuló copia autenticada de la Certificación de las Modificaciones de la Lista LXXVI de Concesiones Arancelarias de Colombia, con efecto a partir de 8 de agosto de 2012.

 

Finalmente, en las sesiones del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior: 281 del 13 de febrero de 2015; 292 del 24 de febrero de 2016; y 302 del 1 de marzo de 2017, se recomendó modificar el gravamen de algunas

subpartidas del Arancel de Aduanas para dar cumplimiento a los compromisos en materia de aranceles consolidados, derivados de la participación de Colombia en el ATI.

 

En su consulta pregunta a través de qué normatividad se han aprobado las exenciones arancelarias surgidas con ocasión a la aplicación del ATI y ATI ampliado:

 

En primer lugar el Acuerdo por el que se establece la "Organización Mundial de Comercio (OMC)", suscrito en Marrakech (Marruecos) el 15 de abril de 1994, sus acuerdos multilaterales y anexos fue ratificado por Colombia mediante la ley 170 de 1994.

 

Las desgravaciones que alcance Colombia está previstas en el GATT y las Declaraciones ministeriales que con tienen los llamados ATI y ATI ampliado, que en nuestra opinión, de una parte no han sido concebidos como enmiendas al Acuerdo de Marrakech, sino como una ampliación o desarrollo del objeto mismo del GATT 1994, y de otra, las modificaciones a las Listas de Concesiones de Colombia se han desarrollado dentro del marco de las posibilidades que ofrece el acuerdo y que en Colombia son permitidas por su incorporación mediante la ley 170 de 1994.

 

El Gobierno Nacional, posteriormente reglamentó dichas desgravaciones a través de Decretos, de conformidad con la facultad reglamentaria que se reconoce al Presidente de la República en particular la que guarda relación con las competencias para reglamentar la política arancelaria del país (art. 189, numerales 11 y 25 de la Constitución Política).

 

En ese sentido, se expidieron los decretos:

 

Decreto 1704 del 28 de agosto de 2015

Decreto 1246 del 1 de agosto de 2016

Decreto 1563 del 25 de septiembre de 2017

 

En el texto de los decretos expedidos consta la última modificación del arancel de aduanas referente a las partidas arancelarias de productos de tecnología de la información.

En el caso del ATI ampliado ver calendario de desgravación de Colombia en el documento G/MA/TAR/RS/431.

La anterior respuesta se brinda con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

[1] Sandra Catalina Charris Rebellón, Jefe de la Oficina de Asuntos Legales Internacionales, Ministerio de Comerico, Industria y Turismo

ACE 72 y APC Agrícola

Título:                      ACE 72 y APC Agrícola

 

Fecha:                     Abril 24 de 2018

 

Problema Jurídico:    Aplicación del artículo 48 del Decreto 730 de 2012 para la

                               Partida 1507.10.00.00 aceite de soya en bruto[1]

 

Regla:                      TLC suscrito con Estados Unidos – ACE 72

 

 

Concepto: 

 

Atentamente hago referencia a su comunicación en la cual solicita concepto acerca de la aplicación del Artículo 48 del Decreto 730 de 2012 (TLC con Estados Unidos) para la partida 1507.10.00.00 Aceite de Soya en Bruto, incluso Desgomado. En concreto consulta, con base en el artículo 48 del Decreto 730 de 2012 si la importación de Aceite de Soya clasificado por la dicha partida de origen Estados Unidos debe pagar el arancel del 7.2% o puede pagar el arancel del Mercosur ACE 72 de 2017 que según indica, sería inferior a ese porcentaje para la quincena del 16 al 30 de abril.

 

Sobre su consulta nos permitimos manifestar lo siguiente:

 

El Artículo 3 del Título II del Acuerdo de Alcance Parcial ACE No. 72, precisa la aplicación del programa de liberación bajo este acuerdo. A los productos originarios y procedentes de los territorios de las Partes signatarias, dicho programa consistirá en desgravaciones progresivas y automáticas aplicables sobre los aranceles vigentes para la importación de terceros países en cada Parte signataria, al momento de la aplicación de las preferencias conforme a lo dispuesto en sus legislaciones internas.

 

Ahora bien, para los productos sujetos al MEP (mecanismo de estabilización de precios, la desgravación la desgravación se aplicará únicamente sobre los aranceles consignados en dicho Anexo.

 

El ANEXO al Artículo 3° del Acuerdo señala lo siguiente:

 

"Los productos de este anexo están sujetos a un Mecanismo de Estabilización de Precios (MEP) según lo establecido en la legislación andina vigente y sus posteriores modificaciones o sustituciones de conformidad con la política arancelaria andina. El arancel sujeto a desgravación más el MEP no excederá los niveles consolidados de la OMC vigentes a la fecha de su aplicación."

 

Lo anterior significa que, el arancel a aplicar, es el resultado de sumar al arancel sujeto a desgravación el arancel variable. Sin embargo, por no ser el objeto de esta consulta, no se analizará el porcentaje que señala en su consulta, se debe aplicar durante la quincena del 16 al 30 de abril, por lo cual nos centraremos en analizar si es posible aplicar un arancel menor a mercancías originarias de los Estados Unidos de América cuando ello está previsto en un acuerdo suscrito por Colombia.

 

2- Aplicación del Acuerdo de Promoción Comercial (APC) con los Estados Unidos de

América y el Artículo 48 del Decreto 730 de 2012: El Artículo 48 del Decreto 730 de 2012, establece la llamada "cláusula transversal agrícola" prevista en el Capítulo de Acceso a Mercados en las Notas del Apéndice I párrafo 2 en el Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos (APC). En virtud de esta cláusula, las mercancías agrícolas definidas en el Capítulo Dos (Trato Nacional y Acceso a Mercados), Colombia no podrá:

 

a) aplicar un sistema de banda de precios a las mercancías agrícolas importadas de los Estados Unidos.

b) no podrá aplicar un arancel más alto que el previsto en la Lista de Colombia del Anexo 2.3 a una mercancía agrícola importada de Estados Unidos.

c) si Colombia aplica un arancel más bajo a una mercancía agrícola de cualquier origen, Colombia aplicará a dicha mercancía importada de los Estados Unidos y si está sujeta a arancel bajo el APC con Estados Unidos, el menor de los aranceles descrito bajo el subpárrafo d) del párrafo 2 en la Nota del Apéndice I. Esto es:

 

"....

  1. el arancel de nación más favorecida (NMF) vigente aplicado a esa mercancía; y
  2. el arancel aplicado a dicha mercancía en virtud de cualquier acuerdo preferencial, salvo que ese arancel sea aplicado en cumplimiento de obligaciones expresamente asumidas por Colombia antes del 27 de Febrero del 2006, bajo un acuerdo suscrito por Colombia antes de dicha fecha y no modificado o profundizado luego de dicha fecha.” ( subrayado y resaltado nuestro).

 

Conforme a dichas disposiciones, si Colombia aplica un arancel menor a una mercancía agrícola de cualquier origen, le extenderá ese trato a la mercancía importada de los Estados Unidos. Si dicha mercancía está sujeta a arancel en el APC, el menor que otorgue entre el arancel NMF y aquel aplicado en virtud de un acuerdo preferencial. La excepción a esta regla es que si Colombia había establecido aranceles menores antes del 27 de febrero de 2006 bajo un acuerdo preferencial y ese compromiso no ha sido modificado ni profundizado luego de esa fecha, no cabe aplicar a la mercancía originaria de los Estados Unidos el arancel menor.

 

Por su parte el artículo 48 del Decreto 730 de 2012 dispone:

 

"ARTíCULO 48°. En el caso en que para cualquier producto se haya establecido un menor arancel en el marco de un acuerdo comercial suscrito por Colombia con otro país con posterioridad al 27 de febrero de 2006, dicho menor arancel se aplicará a las importaciones de mercancías agrícolas originarias de Estados Unidos de América en lugar del arancel establecido en la Sección B de esta Parte."

 

El artículo 48 del Decreto 730 de 2012, incluido en la sección D (relación con otros acuerdos) del Capítulo Tercero (programa de desgravación para mercancías agrícolas) señala que se extenderá el tratamiento arancelario de cualquier compromiso que se "haya establecido" con posterioridad al 27 de febrero de 2006 con otro país, cuando éste sea menor que el arancel que se aplica a las mercancías originarias de los Estados Unidos de América.

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso señalar que si bien el Acuerdo de Alcance Parcial ACE No. 72, se suscribe en la ciudad de Mendoza, Argentina el 21 de julio de 2017, el arancel que bajo ese Acuerdo corresponde aplicar para la partida 1507.10.00.00 Aceite de Soya en bruto incluso desgomado, fue negociado y su desgravación asumida por Colombia antes del 27 de febrero de 2006.

 

Lo anterior quedó consignado en el Acuerdo ACE No. 72, que en el inciso 6 del Artículo 2 (programa de liberación) precisa lo siguiente: "Este Acuerdo incorpora las preferencias arancelarias negociadas con anterioridad entre las Partes Signatarias en los Acuerdo de Alcance Parcial en el marco de la ALADI, en la forma como se refleja en el programa de Liberación Comercial."

 

Por ese motivo, estimamos que para el evento que nos plantea no sería aplicable la

cláusula de preferencia agrícola contenida en el APC con los Estados Unidos e incluida en el Artículo 48 del Decreto 730 de 2012, toda vez que en el ACE 72, Colombia no ha establecido nuevos compromisos, ni los ha profundizado, ni éstos fueron objeto de modificación alguna respecto de los que asumió nuestro país antes de febrero de 2006.

 

Esta respuesta se da con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

 

 

[1] Sandra Catalina Charris Rebellón, Jefe de la Oficina de Asuntos Legales Internacionales, Ministerio de Comerico, Industria y Turismo

Título:                      Interpretación concepto de “espontánea” Tratado de Libre Comercio

                                de los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia

 

Fecha:                      Septiembre 13 de 2018

 

Problema Jurídico:    Interpretación concepto de “espontánea” en aplicación del artículo

                               703, numeral 2, del Tratado de Libre Comercio de los Estados

                               Unidos Mexicanos y la República de Colombia.

 

Regla:                      Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos Mexicanos y la

                                República de Colombia

Concepto:

Conforme a su solicitud de opinión presentada con la comunicación electrónica del pasado 4 de septiembre, en donde expone que al interior de las Direcciones Seccionales de la DIAN han surgido cuestionamientos acerca de la interpretación de la expresión “espontánea”, contenida en numeral 2 del artículo 703 (obligaciones respecto a las importaciones) del Tratado de Libre Comercio suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia ( TLC Colombia - México), manifestamos lo siguiente:

 

El párrafo 2 del Artículo 703 del TLC Colombia México, establece lo siguiente:

 

“…2. Cada Parte requerirá del importador que presente o entregue una declaración corregida y pague los impuestos de importación correspondientes, cuando el importador tenga motivos para creer que el certificado de origen en que se sustenta su declaración de importación contiene información incorrecta. Si presenta la declaración mencionada en forma espontánea, conforme a la legislación interna de cada Parte, no será  sancionado….”

 

Conforme al texto citado, se observa que se trata de los casos en los que el importador tiene motivos para creer que su certificado se sustenta en información incorrecta, caso en el cual se espera de él que corrija su declaración y si corresponde pague los derechos de aduana a que haya lugar.

Para establecer el alcance y significado de la expresión "espontáneo", se deben observar las reglas para la interpretación de los tratados internacionales. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que es el referente de la costumbre internacional sobre esta materia, señala que como regla general, la interpretación de un tratado debe hacerse de buena fe, conforme el sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin.

 

En ese sentido es de tener en cuenta que conforme al Diccionario de la RAE espontáneo significa:

 

1. adj. Voluntario o de propio impulso.

 

Consideramos que la expresión "espontánea" dentro del contexto del Capítulo VII, en particular párrafo 2 del Artículo 703, se refiere al acto voluntario de presentar la declaración de corrección y no como consecuencia de la intervención de la autoridad aduanera de la parte importadora.

 

En nuestra opinión, la notificación al importador de una resolución resultado de una investigación de origen porque existe duda sobre el certificado de origen presentado como prueba para acogerse a la preferencia arancelaria, hace que la declaración de corrección independientemente de que este acto no se encuentre en firme, no cabe en el concepto de presentación de manera "espontánea" a que refiere el artículo 703 párrafo 2 del Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos (anterior TLCG3).

 

En los anteriores términos damos respuesta a su consulta, con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Título:                    Certificado de origen en el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América

 

Fecha:                      Octubre 22 de 2018

 

Problema Jurídico:    Es válido que el importador corrija el certificado de origen cuando

                               tiene un error en la subpartida arancelaria, presentando un nuevo

                               certificado de origen con una fecha anterior o igual al certificado

                               inicial?[1]

 

Regla:                      Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre la República de

                               Colombia y los Estados Unidos de América

 

 

Concepto:

 

De manera atenta damos respuesta a su comunicación en la cual solicita dar respuesta al interrogante de si es válido que el importador corrija el certificado de origen a que hace referencia el párrafo 1 (a) del Artículo 4.15 del Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y los Estados Unidos, cuando tiene un error en la subpartida arancelaria, presentando un nuevo certificado de origen con una fecha anterior o igual al certificado inicial?.

 

Al respecto me permito manifestar lo siguiente:

 

El Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y los Estados Unidos (en adelante APC) establece en su artículo 4.15 que un importador podrá solicitar "trato arancelario preferencial" a través de:

 

i. un certificado de origen presentado de manera escrita o electrónica emitido por un exportador, importador o productor o ii) el conocimiento del importador de que la mercancía es originaria, incluyendo la confianza razonable en la información que posee el importador respecto del origen de la mercancía.

 

Como la consulta se centra en una certificación escrita emitida por el exportador o por el

productor de la mercancía, no haremos referencia a la certificación basada en “el conocimiento del importador de que la mercancía es originaria, incluyendo la confianza razonable en la información que posee el importador respecto del origen de la mercancía”.

 

El APC permite que la certificación escrita pueda ser emitida en cualquier formato siempre y cuando contenga los elementos enunciados, así como también aquellos que cada una de las Partes haya dispuesto en su legislación nacional. En este sentido el Decreto 730 de 2012 de implementación del APC ha establecido en su artículo 67, además de los requisitos señalados en el párrafo 2 del Artículo 4.15, entre otros:

"

(e) clasificación de la mercancía en la nomenclatura colombiana

(f) regla o criterio de origen que cumple la mercancía, incluyendo si fuere el caso, la especificación del cambio de clasificación arancelaria o el método o valor de contenido regional que cumple la mercancía; [… ]” .

 

Según estas disposiciones, una certificación de origen escrita debe contener la clasificación arancelaria de la mercancía y la regla o criterio de origen.

 

Respecto a los errores que puede presentar una certificación de origen, el APC únicamente menciona dentro de las obligaciones respecto a las exportaciones ( el literal c del párrafo 1) del Artículo 4.20) que cada Parte dispondrá que " ..Cuando un exportador o productor en su territorio haya proporcionado una certificación y tiene razones para creer que la certificación contiene o está basada en información incorrecta, el exportador o productor deberá notificar prontamente o por escrito cualquier cambio que pueda afectar la exactitud o validez de la certificación a toda persona a quien el exportador o productor proporcionó la certificación".

 

Así mismo en el párrafo dos del Artículo 4.20 "Obligaciones Respecto a las Exportaciones", se establece que cuando el exportador o productor que voluntariamente notifique por escrito que "la certificación era incorrecta" a todas las personas a quienes les hubiere proporcionado el certificado, esa conducta no será sancionada.

 

En el APC con Estados Unidos, no se encuentra expresamente contemplada la manera de corregir el certificado de origen inicialmente emitido, ni un procedimiento específico a seguir para ello, sino que únicamente prevé la posibilidad de que el exportador o

 

 

productor puedan de manera voluntaria notificar que "la certificación contiene o está basada en información incorrecta" como podría ser la subpartida arancelaria (nótese que la norma no se refiere a que el importador pueda emitir esa notificación) y en ese caso, esa conducta no será sancionada.

 

En opinión de esta Oficina, la notificación en el sentido expuesto, sería suficiente para considerar que el certificado de origen sigue siendo válido bajo el APC.

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el párrafo 5 del Artículo 4.15 dispone que la certificación tendrá una vigencia de 4 años después de la fecha de su emisión. Esto significa que el certificado que contenga un error podría ser objeto de una notificación de aclaración por parte del productor o exportador en los términos del artículo 4.20.1 (c) sólo dentro del periodo de vigencia de la certificación.

 

En los anteriores términos damos respuesta a su consulta, con el alcance señalado en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual los conceptos emitidos en respuesta a peticiones realizadas, no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución.

 

[1]Sandra Catalina Charris Rebellón, Jefe de la Oficina de Asuntos Legales Internacionales, Ministerio de Comerico, Industria y Turismo

Título:                      Vigencia del Primer y Segundo Protocolos Modificatorios al

                               Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico

 

Fecha:                      Febrero 21 de 2018

 

Problema Jurídico:    Avance en los compromisos asumidos en el Anexo 1 del Primer                                             

                               Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco   

                               de la Alianza del Pacífico.  Se requiere que los anexos negociados        

                               surtan el proceso de revisión de constitucionalidad por parte de la    

                               Corte Constitucional?, es necesaria la modificación previa de la

                               norma que regula nacionalmente las disciplinas temáticas de los

                               anexos que se negocien?[1]

 

Regla:                      Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo

                               Marco de la Alianza del Pacífico

 

 

Concepto:

 

Se pregunta si con el fin de avanzar en los compromisos asumidos en el Anexo 1 del Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, viable jurídicamente avanzar en los compromisos allí asumidos.

 

Sobre el particular es necesario establecer que el Anexo 1 del Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico (en adelante Primer Protocolo) no se encuentra en vigor.

 

Los Primer y Segundo Protocolos Modificatorios del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico (incluidos sus anexos) fueron radicados en el Congreso de la República el pasado 10 de noviembre de 2016. En su trámite legislativo han sido identificados como el proyecto de ley número 176/2016 Senado, 122/2017 Cámara, y se encuentran a la espera de aprobación en el cuarto debate ante la Plenaria de la Cámara de Representantes.

 

Una vez sancionada por el Presidente de la República la ley que apruebe dichos

Protocolos Modificatorios, debe darse inicio al examen de constitucionalidad por parte de la  Corte  Constitucional.  En  tanto la ley sea declarada exequible, conforme lo describen

los artículos 19.4 y 19.3 del Protocolo Adicional, el Primer y Segundo Protocolos Modificatorios del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico (incluidos sus anexos), entrarán en vigor el primer día del tercer mes siguiente a la fecha en la que el Depositario reciba la última notificación por la cual las Partes informen que sus procedimientos internos se han completado.

 

De otra parte, en relación con su consulta de “si es viable jurídicamente avanzar en los compromisos allí asumidos”, en tanto el Anexo 1 no ha entrado en vigor, en opinión de esta Oficina, nada obsta para que las autoridades competentes expidan los actos administrativos que consideren necesarios a fin de  regular o reglamentar los requisitos sanitarios en la producción o comercialización de productos cosméticos. Lo anterior, siempre que su contenido no desconozca la Constitución Política, y se ajuste a los compromisos comerciales asumidos por virtud de los tratados comerciales en vigor.

 

Adicionalmente, quiere conocer si en atención al artículo 7.11 del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico y al Segundo Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, se requiere que los anexos negociados surtan el proceso de revisión de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, y si es necesaria la modificación previa de la norma que regula nacionalmente las disciplinas temáticas de los anexos que se negocien.

 

Sobre este particular se señala que una vez el Segundo Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional sea aprobado por una ley de la República, declarado exequible por la Corte Constitucional y se encuentre en vigor, la Comisión de Libre Comercio contará con la competencia de “aprobar los anexos de implementación referidos en el Artículo 7.11”.

 

De otra parte, en atención a la segunda parte de su inquietud, una vez el Primer y Segundo  Protocolos Modificatorios del Protocolo Adicional entren en vigor, las autoridades competentes deberán definir la necesidad de ajustar o no aquellas normas nacionales de tal manera que se implementen los compromisos derivados de lo descrito por el Anexo 1 del Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional, y a los Anexos aprobados por la Comisión de Libre Comercio descritos por el artículo 16.2.(a) del Protocolo Adicional.

 

También requiere saber cómo funciona en la práctica la Comisión de Libre Comercio y que alcance tienen sus decisiones frente a los anexos de implementación del acuerdo.

 

A este respecto es de resaltar que la Comisión de Libre Comercio está  integrada por los funcionarios gubernamentales de nivel ministerial de cada Parte y es presidida por la Parte que ejerce la Presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico.

 

Sus funciones están descritas por el artículo 16.2 del Protocolo Adicional.

 

Una vez entre en vigor el Segundo Protocolo Modificatorio al Protocolo Adicional, será esta Comisión quien a través de sus decisiones, apruebe los anexos de implementación referidos en el Artículo 7.11 del Protocolo Adicional.

 

En los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución.

 

 

[1] Sandra Catalina Charris Rebellón, Jefe de la Oficina de Asuntos Legales Internacionales, Ministerio de Comerico, Industria y Turismo

Título:                      Interpretación Cláusula de Acumulación Extendida en TLC Colombia

                                Canadá

 

Fecha:                      Mayo 31de 2018

 

Problema Jurídico:    Aplicación del literal b) de la NOTA relacionada con la

                               determinación de origen para las  mercancías de los Capítulos 50

                               a 63, acumulación  extendida.

 

Regla:                      TLC Colombia - Canadá

 

 

Concepto:

 

Respecto a su consulta sobre la aplicación del literal b) de la NOTA relacionada con la determinación de origen para las mercancías de los Capítulos 50 a 63, en particular respecto a: i) bajo qué condiciones se da que Estados Unidos o Estados Unidos Mexicanos hagan parte del área de libre comercio establecida en el Tratado entre Colombia y Canadá y ii) si la intención de la negociación que podría perseguir el texto era permitir una acumulación extendida, bajo el entendimiento que todas las Partes del Acuerdo en mención tienen a su vez acuerdos con los Estados Unidos o los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitirle nuestra opinión:

 

Los artículos 306.3 y 306.4 del TLC entre la República de Colombia y Canadá señalan:

 

“(…)

 

“3. Sujeto a lo dispuesto en el párrafo 4, cuando cada una de las Partes tenga un acuerdo comercial que, tal como lo contempla el Acuerdo de la OMC, se refiere al establecimiento de una zona de libre comercio con el mismo país que no sea Parte, se entenderá que el territorio de ese país que no es Parte forma parte de la zona de libre comercio establecida por este Acuerdo, para propósitos de determinar si una mercancía es originaria en virtud de este Acuerdo.

 

 

4. Una Parte aplicará el párrafo 3 sólo cuando las disposiciones con efectos equivalentes a las del párrafo 3 estén en vigencia entre cada Parte y el país estén en vigencia entre cada Parte y el país que no sea parte con el cada Parte ha concluido, independientemente, un tratado de libre comercio. Cuando dichas disposiciones entre una Parte y un país que no sea Parte se apliquen solo a ciertas mercancías o bajo ciertas condiciones, la otra Parte puede limitar la aplicación del párrafo 3 a esas mercancías y bajo esas condiciones, y a las demás disposiciones establecidas en este Acuerdo.”

 

Por otra parte, la Nota de Sección XI, establece:

 

“Sección XI Materias textiles y sus manufacturas (Capítulo 5063)

Nota: Para efectos de determinar si una mercancía de los Capítulos 50 a 63 es una mercancía originaria, cualquier hilado de filamento de nailon de las Subpartidas 5402.19, 5402.31, 5402.32, 5402.45, 5402.51 ó 5402.61 utilizado en la producción de esta mercancía en el territorio de una de las Partes se considerará como originario si:

 

a) El hilado de filamento de nailon es importado al territorio de la Parte desde el territorio de los Estados Unidos de América o Estados Unidos Mexicanos; y

 

b) El hilado de filamento de nailon sería considerado como un material originario bajo la regla de origen aplicable en este Acuerdo si el territorio de Estados Unidos de América o Estados Unidos Mexicanos fueran parte del área de libre comercio establecida en este Tratado.”

 

Existen distintos tipos de acumulación: i) total o plena; ii) bilateral y iii) Acumulación diagonal, los cuales se consideran mecanismos de flexibilización de origen al igual que las reglas de escaso abasto, por cuanto permiten usar materias primas e insumos de terceras partes, y considerarlos como originarios bajo el acuerdo de que se trate.

 

La acumulación diagonal ocurre, cuando se otorga el reconocimiento a los productos o materiales originarios de terceros países no involucrados directamente en el acuerdo comercial, así como de los procesos productivos llevados a cabo en sus territorios. Esta acumulación extensiva indirecta y a favor de terceros países, implica por lo general la existencia de otro acuerdo comercial entre los países que reconocen la acumulación y el origen de materiales y procesos llevados a cabo en territorios de terceros países. (Gustavo Guzman M. Las reglas de origen del comercio internacional. Ed.Legis (2012) p. 84).

L a O M C h a s e ñ a l a d o q u e, “S i s e p e r m i t e l a a c u m u l a c i ó n d i a g o n a l , l o s m a t e r i a l e s proporcionados por ciertos países que no son miembros de un Acuerdo Regional determinado podrán considerarse “nacionales” si se cumplen ciertas condiciones.”. (Secretaría de la OMC, Regímenes de Normas de Origen en los Acuerdos Comerciales Regionales, WTC/REG/W/45, 5 de abril de 2002, pp. 6 – 7).

 

El Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y Canadá, se enmarca dentro de los acuerdos de tipo bilateral y contienen el mecanismo de flexibilización de origen de Acumulación, en el artículos 306 al igual que en forma más específica dentro de los criterios y condiciones para calificar origen, es decir en las notas a) y b) de la Sección XI sobre la regla específica de origen para textiles y manufacturas (Cap. 5063).

 

Tal como se encuentra incorporado en los artículos 306.3 y 306.4 transcritos, el principio de acumulación contiene las características de la acumulación diagonal, porque reconoce como originarios materiales de terceros países no involucrados directamente en el acuerdo comercial, requiere de la existencia de otro acuerdo comercial entre los países que reconocen la acumulación y los terceros cuyos materiales y procesos llevados a cabo en sus territorios, serán reconocidos para acreditar origen, siempre que existan disposiciones en materia de origen equivalentes en su efecto.

 

El artículo 306 en sus numerales 3 y 4, hace referencia a una ficción jurídica, la cual permite vincular para efectos de origen, los productos y procesos adelantados en un país no parte de la zona de libre comercio, con la que ambos países tienen respectivamente un tratado de libre comercio, como si en realidad fuera parte de dicha área. Lo anterior, con el fin de no afectar los procesos productivos integrados derivados de la existencia de otras zonas de libre comercio y facilitar de esta forma el flujo comercial entre los distintos países socios.

 

En síntesis, bajo la figura de la acumulación diagonal prevista en el artículo 306 del Acuerdo del Libre Comercio entre Colombia y Canadá, se contempla que los materiales o insumos producidos en el territorio de un tercer país que no forma parte de la zona de libre comercio Colombia Canadá, y que son utilizados en la elaboración de una mercancía en el territorio de una de las partes, pueden ser utilizados y sirven para acreditar el origen del bien exportado y recibir el trato preferencial.

 

En el mismo sentido, las reglas específicas de origen, para efectos de determinar si los mercancías elaboradas en Colombia o Canadá de los capítulos 50 a 63 con hilado de

filamento en nailon producido, ya sea en México y/o Estados Unidos, pueden acreditar origen bajo el acuerdo. Dichos insumos (el hilado de filamento de nailon) son considerados originarios bajo el acuerdo. Al respecto, el criterio que califica el origen se encuentra en la Nota de Sección XI, literal b) del Acuerdo, igualmente transcrito anteriormente.

 

La redacción de la cláusula citada en el literal b), no puede aplicarse de manera aislada al principio dispuesto en el artículo 306.3 y 306.4, que otorga el carácter originario a mercancías de terceros países no involucrados directamente en el acuerdo comercial, condicionándolo únicamente a: (i) la existencia de otro acuerdo comercial con los países que reconocen la acumulación y (ii) con las limitaciones y condiciones sobre mercancías que establezcan, es decir, siempre que existan en esos acuerdos disposiciones en materia de origen equivalente en sus efectos, según el artículo 301.

 

La calificación de origen tal como quedó redactada en el literal b) condiciona el origen de la mercancía filamento de nailon a una ficción como “si el territorio de Estados Unidos de América o Estados Unidos Mexicanos” fueran parte del área de libre comercio establecida en este Tratado.

 

Lo anterior se ve confirmado por la versión en inglés de esta nota la cual refiere “Section XI Textiles and Textile Articles (Chapter 5063)

Note: For the purposes of determining whether a good of Chapters 50 to 63 is an originating good any nylon filament yarn of subheading 5402.19, 5402.31, 5402.32, 5402.45, 5402.51 or 5402.61 used in the production of that good in the territory of a Party shall be considered as originating if:

 

a) The nylon filament yarn is imported into the territory of the Party from the territory of the

United States of America or the United Mexican States; and

b) The nylon filament yarn would be considered as an originating material under the applicable rule of origin of this Agreement if the territory of the United States of America or the United Mexican States were part of the free trade area established by this Agreement.”

 

El uso de la expresión “ if the territory......were” en este caso es una aplicación del modo subjuntivo del verbo “to be” o “ser o estar”, que hace referencia a un supuesto hipotético o no real, pero el cual se toma como si lo fuera para un efecto específico (Ver Oxford Dictionary, Definición de “Subjunctive mood”).

En ese sentido la versión español debe interpretarse en el sentido de entender que la frase se refiere a : “como si el territorio de los Estados Unidos de América o el de los Estados Unidos Mexicanos fueran parte”. En esa medida reconociendo que no son parte, se acordó que para esos efectos específicos de la acumulación de origen se tendrían como si fueran parte del acuerdo.

 

Conclusión:

 

Por lo expuesto, en nuestra opinión las mercancías elaboradas en Colombia o Canadá de los capítulos 50 a 63 con hilados de filamento en nailon producidos, ya sea en México y/o Estados Unidos, pueden calificar como originarias, dado que el acuerdo establece la ficción jurídica de considerarlos como tal, según la Nota de Sección XI, literal b) del mismo.

 

Teniendo en cuenta lo anterior, los Estados Unidos de América o los Estados Unidos Mexicanos no hacen parte del área de libre comercio establecida en el Tratado entre Colombia y Canadá. Solamente, para efectos de la acumulación extendida diagonal, a que hemos hecho referencia y que está reconocida incluso en el ámbito de la OMC, es posible considerar que los insumos a los que se refieren las disposiciones que hemos citado, sean considerados originarios.

 

Respecto de la intención que habrían tenido en la negociación, no contamos con información sobre los trabajos preparatorios, pero en nuestra opinión, el reflejo de esta redacción sería efectivamente que la disposición permite una acumulación extendida y en concordancia con el 306.3 la existencia de los acuerdos con Estados Unidos y los Estadios Unidos Mexicanos permite dicha acumulación.

 

La anterior consulta se responde al amparo del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1755 de 2015.

 

Origen – Cuba insumos médicos

Título:                       Origen – Cuba insumos médicos

 

Fecha:                      Junio 20 de 2017

 

Problema Jurídico:     Los certificados de origen del Acuerdo de Complementación

                                Económica No. 49 (ACE 49), vigente entre Colombia y Cuba,

                                idoneidad del formato que debe usarse a los efectos de acreditar el   

                                cumplimiento del requisito de presentación de dicho certificado ante

                                las autoridades aduaneras de las Partes del ACE 49[1].

 

Regla:                      Acuerdo de Complementación Económica No. 49 (ACE 49)

 

 

Concepto:

 

Se hace referencia a la idoneidad del formato que debe usarse a los efectos de acreditar el cumplimiento del requisito de presentación de dicho certificado ante las autoridades aduaneras de las Partes del ACE 49.

 

Especialmente, de la consulta se destaca la alegada similitud entre los formatos del certificado de origen emitido y diligenciado por la Cámara de Comercio de Cuba y el formato oficial de ALADI previsto en el ACE 49. Esto a los fines de solicitar a la DIAN permitir al importador colombiano gozar del tratamiento arancelario preferencial allí consagrado entre las Partes del mismo y no imponerle sanciones por el no pago de los aranceles aplicables a esa operación.

 

Para empezar, conviene aclarar que el formato utilizado por la Cámara de Comercio de Cuba no sería el inicialmente previsto por el Art. 11 del ACE 49, Anexo III, sino uno que parece adaptarse, o ser muy idéntico al formato oficial de la Resolución 252 de ALADI, igualmente permitido como alternativa sujeta a la condición de “…hasta tanto…adopte…”, como se ve en el mismo Art. 11 citado. Conforme al texto original del ACE 49, previo a su Protocolo II adicional:

 

"Artículo 11°.Las Partes adoptan, para su aplicación en este Acuerdo, el Régimen General de Origen de la Asociación, cuyo texto ordenado y consolidado fue aprobado mediante la Resolución 252 del Comité de Representantes de la ALADI.

 

En el caso de la República de Cuba el certificado de origen, a que se refiere el Artículo séptimo de la Resolución 252, será expedido en el formulario que figura como Anexo III del presente Acuerdo hasta tanto la Cámara de Comercio de la República de Cuba adopte el certificado tipo de la Asociación".

 

Así mismo, en el texto de la consulta se leen las menciones a la respuesta de la Secretaría de la ALADI, en la que advierte sobre las mínimas diferencias de formato entre ambos formatos de certificados, con lo cual podría sostenerse la tesis de la procedencia del otorgamiento de la preferencia arancelaria. Esto, particularmente, conforme al principio del efecto útil extraído de la regla general de interpretación consagrada en el Art. 31 de la Convención de Viena de 1969, sobre el Derecho de los tratados, conforme a la cual “…Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin…”

 

Sin embargo, la situación se torna diferente al verificar, cómo en la misma respuesta de ALADI se observa, que “el llenado de algunos de los campos del referido Certificado de Origen no se realizó de acuerdo a lo establecido en las notas al pie del formulario”, omitiéndose el diligenciamiento de los campos 2 y 3, esto es, indicar el nombre del acuerdo comercial y la norma de origen aplicable a la mercancía.

 

Conforme a lo anterior, en el caso particular, esta Oficina considera que no sería procedente el otorgamiento de la preferencia arancelaria correspondiente, dado que no obstante las similitudes de formato advertidas y los vacíos normativos del ACE 49 de ese momento, el certificado de origen presentado por el importador no satisfacía los requisitos necesarios previstos en la legislación aduanera colombiana para otorgar dicha preferencia arancelaria.

 

Como lo advirtió la Secretaría de ALADI, y se confirma en los documentos aportados, el certificado de origen emitido por la Cámara de Comercio de Cuba, presentado en Colombia, no estaba diligenciado y no parece haber sido corregido en campos esenciales como los relativos al acuerdo comercial aplicable y la regla o norma de origen aplicable al producto importado (Campos 2 y 3). De ahí que la DIAN no podría haber sabido, por lo menos documentalmente, el criterio de origen por el cual la mercancía se hacía, o no, acreedora a la preferencia prevista en el ACE 49 y solicitada con la declaración de importación, como tampoco podría haber adelantado adecuadamente una verificación física de origen que lo confirmara.

 

En ese sentido, contrario a la sostenido por la peticionaria, esta Oficina considera que el hecho de que un certificado de origen sea emitido por una autoridad competente de la otra Parte de un acuerdo comercial, de suyo, no lo hace intangible o incuestionable a los efectos de que la autoridad aduanera del país importador lo rechace cuando este certificado no cumpla con los requisitos establecidos en el acuerdo comercial de que se trate o con los de su legislación aduanera.

 

De todas formas, nos parece importante destacar que esta Oficina es de la opinión que el fundamento jurídico para negar la preferencia no estaría precisamente en el desconocimiento de los artículos 14 y 15 o 22 del Anexo III del ACE 49, pues aunque estas normas –lex specialis- regulan la validez y rectificación de los certificados de origen, son normas que fueron incluidas en el ACE 49 por virtud del Protocolo II Adicional en forma posterior (2008) al momento de los hechos en discusión (2004).

 

En efecto, conforme a la información aportada por la peticionaria, el certificado de origen fue emitido por la Cámara de Comercio de Cuba con fecha 20 de octubre de 2004 y ni en esa fecha ni en septiembre de 2008, cuando se profirió la sentencia del Juzgado 29 Administrativo de Medellín, el ACE 49 contaba con las normas claras y precisas sobre la validez y rectificación de errores de los certificados de origen del Anexo III del Protocolo II Adicional al ACE 49, las cuales conforman el actual Régimen de Origen y Procedimientos para el Control y Verificación del Origen de las Mercancías, en vigencia desde noviembre de 2008. Ello debido a que, conforme a la información disponible del Depositario del II Protocolo Modificatorio, éste entró en vigor el 19 de noviembre de 2008. Por tanto, no serían aplicables los artículos 14, 15 o 22 del Anexo II de dicho Protocolo.

 

Precisado lo anterior, y en consideración a lo que hemos mencionado antes, respecto a que la falta de llenado de los campos 2 y 3 (indicar el nombre del acuerdo comercial y la norma de origen) implicaría que no sería procedente el otorgamiento de la preferencia arancelaria correspondiente, se considera que sería la legislación aduanera colombiana la aplicable para pronunciarse sobre las pruebas de origen.

 

Conclusión:

 

En conclusión, en el presente caso, si bien las alegadas sutiles diferencias advertidas en los formatos de los certificados de origen no habrían sido óbice para otorgar las preferencias  conforme  al  acuerdo  comercial,  la falta de  diligenciamiento  de  campos

esenciales del mismo sí habrían justificado las correcciones y/o sanciones aplicadas por la DIAN conforme a la legislación aduanera colombiana pertinente. Respecto de las solicitudes formuladas por la peticionaria nos permitimos señalar lo siguiente:

 

-        Respecto de la petición, según la cual se indica que el Ministerio de Comercio Industria y Turismo es el competente para pronunciarse sobre la validez de los certificados de origen conforme a lo previsto en el Concepto 021 de 2001 de la DIAN, estimamos pertinente señalar que, en la actualidad, estas funciones corresponden a la DIAN. Dichas funciones fueron reasignadas a la DIAN en 2011 mediante el Decreto 4176 de ese año, como se verifica desde sus considerandos “…Que para facilitar la implementación de los tratados de libre comercio aprobados por el Congreso de la República, se hace necesario que una sola autoridad maneje los aspectos atinentes al origen de las mercancías…” y en su “...Artículo1. Reasignar las siguientes funciones actualmente en cabeza del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN -:…2. Fijar criterios de origen y expedir la certificación del origen de los productos colombianos con destino a la exportación…”

 

-        En ese sentido, es importante aclarar que antes de la expedición del Decreto 4176, esto es, al momento de los hechos (emisión del certificado de origen en mención en octubre de 2004), el Decreto 210 de 2003 fijaba esta facultad en cabeza de la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de este Ministerio (Art. 19, Num. 2), a través del Grupo de Origen creado por su Dirección de Comercio Exterior (Art. 18, Num. 13) así como de sus Direcciones Territoriales (22, Num. 6 d).

 

-        No obstante lo anterior, es necesario precisar que corresponde a esta oficina emitir concepto sobre la interpretación de los acuerdos y, en ese sentido, hemos presentado los comentarios arriba señalados, pero en los casos concretos es la DIAN la entidad encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos y pronunciarse sobre la validez de las pruebas de origen aportadas por el importador y sobre la base de lo previsto en los acuerdos o normas nacionales según corresponda.

 

En los términos precedentes se formulan las consideraciones de esta Oficina sobre el derecho de petición.

 

 

[1] Sandra Catalina Charris Rebellón, Jefe de la Oficina de Asuntos Legales Internacionales, Ministerio de Comerico, Industria y Turismo

Contingente maíz amarillo TLC Estados Unidos.

Título: Contingente maíz amarillo TLC Estados Unidos.

 

Fecha: Septiembre 4 de 2017

 

Problema Jurídico: Concepto en relación con el contingente del maíz amarillo previsto

en el TLC con los Estados Unidos[1]

 

Regla: TLC Estados Unidos

 

 

Concepto:

 

Solicitan concepto en relación con el contingente del maíz amarillo previsto en el TLC con los Estados Unidos, atentamente me permito presentar las siguientes consideraciones:

 

1.- En el Apéndice 1 del Anexo 2.3 del Acuerdo de Promoción Comercial (APC) con Estados Unidos se otorgó un contingente de 2 millones de toneladas a la subpartida del Arancel de Aduanas de Colombia (AACOL): 10059011 y un arancel base de 25% con un cronograma de desgravación a 12 años para el arancel extra contingente.

 

2.- La subpartida arancelaria 10059011 corresponde al Maíz Amarillo Duro. El maíz duro tiene dos variedades en la clasificación arancelaria colombiana:

- 1005.90.11.00: “Amarillo”; y,

- 1005.90.12.00: “Blanco”.

 

3.- En la negociación del APC se otorgó un contingente para el maíz amarillo en el punto 14 Apéndice 1 del Anexo 2.3; y para el maíz blanco en el punto 15. Es pertinente aclarar que durante la negociación siempre se mencionó el maíz amarillo, como uno de los productos sensibles para Colombia. Estudios sobre el sector agropecuario, se refieren al maíz amarillo y no se encuentra ninguna referencia en particular sobre el maíz dentado. Sin embargo se reconoce en los documentos consultados un histórico de comercio del maíz amarillo (como se verá más adelante ese comercio es del maíz amarillo dentado).

 

Al respecto vale la pena citar del estudio de la CEPAL lo siguiente: “Maíz: En el caso del maíz, se acordó una desgravación lineal a 12 años, y un contingente de importaciones

de maíz amarillo de 2,0 millones de toneladas, inferior a las necesidades actuales que superan los 3,5 millones de toneladas….”.

 

4.- Para atender su consulta esta Oficina ha obtenido la siguiente información con el apoyo de distintas áreas técnicas de las Direcciones, de Asesores y del Despacho del Negociador Internacional de este Ministerio:

 

a) En la negociación del APC, los EEUU buscó liberalizar mediante un contingente con cero arancel intra cuota y el arancel extra cuota (25%) a 12 años, el comercio histórico de maíz amarillo entre los Estados Unidos y Colombia.

 

b) El archivo anexo muestra las solicitudes de los EEUU durante la negociación (22-03- 05 y 25-07-05) en las que con base en las importaciones de Colombia promedio 2001/2003 de maíz amarillo por la subpartida 10059011, desde los EEUU (1.540.947 ton) y del mundo (1.826.575 ton); los EEUU solicitaron inicialmente un cupo de 2.3 millones de toneladas y finalmente de 2 millones de toneladas. Similar situación se observa para el cupo negociado para maíz blanco.

 

c) El maíz que se venía importando desde antes del inicio de la negociación es el maíz amarillo dentado. Para ilustrar se tomaron las exportaciones de EE. UU. a Colombia clasificadas de acuerdo con el arancel de dicho país:

 

d) Como se aprecia la subpartida HTS 1005.90.20, del arancel de los Estados Unidos, que corresponde al Yellow Dent Corn es el principal tipo de maíz de exportación hacia Colombia.

 

En el cuadro también se observa la evolución de las exportaciones de maíz amarillo de los EEUU hacia Colombia las cuales presentan un patrón muy claro: al menos el 96,1% de las exportaciones de maíz amarillo se clasifican como maíz amarillo dentado. No más del 3.9% corresponden a otros tipos de maíz amarillo.

 

e) La gráfica siguiente registra la perfecta correspondencia entre los volúmenes exportados de maíz amarillo dentado, por los EEUU a Colombia, que corresponden a las importaciones registradas en Colombia como maíz duro amarillo procedente de los EEUU para el periodo 1996 y 2016. Es evidente que se trata del mismo producto.

f) Durante la Segunda Reunión de Expertos en NANDINA “Proyecto Granadua” se expresó la necesidad de tener las correlaciones arancelarias de la NANDINA con los aranceles de algunos países entre ellos el de los Estados Unidos de América (ver documento: SG/REG.NAI.GRANADUA/II/Informe, 19 de mayo de 2003, 3.34.45).

 

De esa manera se observa que el documento SG/dt 223 del 23 de junio de 2003, de la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), contiene la “Correlación Arancelaria entre la NANDINA 2002 y el Arancel de los Estados Unidos de Norteamérica 2002”. En dicho documento se presenta la siguiente correlativa:

 

g) Durante la negociación siempre fue claro el interés de los EEUU y del sector avícola en Colombia de liberalizar las importaciones de maíz amarillo destinado a la elaboración de alimentos concentrados para animales, clasificado por Colombia en la subpartida arancelaria 1005.90.11, importado principalmente desde los EEUU.

 

h) El uso de esta correspondencia en las subpartidas de la NANDINA y del HTS se ve reflejada en el documento de trabajo “Cálculo de los Niveles de activación de la Salvaguardia Especial Agropecuaria en el TLC” (documento MADR/GA/W/56 de julio de 2005), en donde se elaboraron unos cuadros sobre los niveles de activación de la cláusula de salvaguardia agrícola, en el cual se observa la siguiente descripción que transcribimos en su parte pertinente:

 

De este cuadro se deduce claramente que en las negociaciones, cuando se consideraron las exportaciones procedentes de EE.UU. por la subpartida 1005.90.20, que como se ha dicho en los Estados Unidos corresponde al maíz amarillo dentado, su correlativa se identificó con la subpartida 1005.90.11.00 del AACOL.

 

5.-Teniendo en cuenta la información que hemos citado anteriormente, es evidente, que las Partes otorgaron un contingente al maíz amarillo, que tradicionalmente se ha importado desde los Estados Unidos a Colombia y que corresponde a la subpartida arancelaria HTS 1005.90.20. “Yellow dent corn”, producto que desde aún antes del inicio de la negociación ingresó por la subpartida arancelaria AACOL1005.90.11.00.

 

6.- Nos hemos detenido en el análisis del contexto y las circunstancias de la negociación, para alcanzar una claridad sobre la interpretación requerida en la solicitud de su oficina:

 

La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que es el referente de la costumbre internacional sobre esta materia, señala que como regla general, la interpretación de un tratado debe hacerse de buena fe, conforme el sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. Asimismo, el Artículo 32 señala que se puede acudir a medios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos preparatorios y a las circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido resultante de la interpretación cuando quiera que la interpretación general de una disposición:

 

a) deje ambiguo u oscuro el sentido de la misma; o

b) conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable.

 

En este sentido, a pesar de que en apariencia el texto del acuerdo no se presta para ambigüedades, si parecería que una interpretación que tome en consideración el contexto, y los antecedentes que se han citado, llevaría a un resultado absurdo o irrazonable, como sería: crear un contingente para un producto que Colombia no importa, o haber propuesto incluir una salvaguardia especial agropecuaria, para un

producto que en la relación bilateral no ha tenido un comercio histórico significativo.

 

Conclusión:

 

  • El punto 14 del Apéndice 1 del Anexo 2.3. del APC con los Estados Unidos, refleja el nivel de comercio histórico que se tenía respecto del maíz amarillo. Dicho comercio en el arancel de los Estados Unidos, se registró en la subpartida arancelaria 1005.90.20 (yellow corn dent) e ingresó por la subpartida AACOL 1005.90.11.

 

  • Los trabajos que se realizaron en la Comunidad Andina con anterioridad a la negociación bilateral entre Colombia y los Estados Unidos, establecieron una correlativa entre la 10059020 del HTS 2002 y la 10059011 de la NANDINA 2002. Esta correlativa fue usada en los trabajos previos de la negociación como se evidencia en el documento preparatorio para la presentación de una propuesta sobre una salvaguardia agropecuaria.

 

  • De lo anterior queda claro que la intención de las partes era centrar la negociación en el producto que históricamente ha reflejado el mayor volumen de comercio. Lo cual parecía obvio al punto que ni los expertos, ni los interesados cuestionaron esa clasificación y denominación sino que por el contrario, reconocieron los niveles de comercio y la importancia de tener un contingente.

 

  • Esto obliga a precisar el sentido del texto que figura en el Acuerdo y para ello es pertinente recurrir a las fuentes del derecho internacional en nuestro caso, especialmente a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados que señala que los acuerdos deben interpretarse de buena fe y conforme al contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin, de tal manera que las interpretaciones no conduzcan a un resultado absurdo o irrazonable.

 

  • Para ese fin, una herramienta dada por la propia Convención de Viena es aquella según la cual, para la interpretación del acuerdo, además del contexto, se puede tomar en consideración “todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones”. Por ello se estima que este asunto podría ser abordado por la Comisión de Libre Comercio, teniendo en cuenta que dentro de sus funciones se encuentra la de “emitir interpretaciones sobre las disposiciones de este Acuerdo” (Art. 20.1.3 (c). En ese sentido se estima que lo que adelantó el Comité Agrícola bajo el APC con los Estados Unidos, en su pasada reunión que tuvo lugar en el mes de junio del presente año, es un importante paso previo para transmitir este asunto a la Comisión de Libre Comercio.

 

La anterior respuesta se emite al amparo de lo previsto en el Artículo 28 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

 

[1] Sandra Catalina Charris Rebellón, Jefe de la Oficina de Asuntos Legales Internacionales, Ministerio de Comerico, Industria y Turismo

Título:                    Contratación pública - Acuerdo Comercial con Costa Rica

 

Fecha:                    Julio 11 de 2017

 

Problema Jurídico:  Alcance del Capítulo 10 sobre Contratación Pública del Tratado de                              

                             Libre Comercio entre Colombia y Costa Rica.  Las entidades            

                             descentralizadas del orden municipal y departamental están  

                             exceptuadas del ámbito de cobertura del capítulo respecto de la lista    

                             de Colombia[1]

 

Regla:                   Tratado de Libre Comercio suscrito entre Colombia y Costa Rica

 

 

Concepto:

 

Solicita información acerca del alcance del Capítulo 10 sobre Contratación Pública del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Costa Rica, que en lo sucesivo denominaremos el “Acuerdo”.

 

Pregunta si las entidades descentralizadas del orden municipal y departamental están exceptuadas del ámbito de cobertura del capítulo respecto de la lista de Colombia.

 

Para dar respuesta es necesario analizar el alcance de lo previsto en el Anexo 10-A del Acuerdo, y más precisamente lo que indica la Lista de Colombia en la Sección B, a la luz de las disposiciones sobre interpretación de los tratados. En particular, debe establecerse el alcance de las expresiones “Todos los Departamentos” y “Todos los Municipios”, que aparecen en la referida Sección B.

 

Para hacer el análisis hay que tener en cuenta la regla general de interpretación prevista en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Es decir, deberá tomarse el sentido corriente de los términos del acuerdo internacional, en su contexto y teniendo en cuenta el objeto y fin del mismo.

 

Los Departamentos y Municipios son entidades territoriales que hacen parte de la división político – administrativa del Estado colombiano. Están regulados por la Constitución y la Ley y pueden celebrar contratos para el cumplimiento de sus funciones.

 

Dentro de la estructura del Estado colombiano también hay entidades descentralizadas que cumplen ciertas funciones o prestan determinados servicios. Entre las entidades descentralizadas están las entidades descentralizadas de nivel territorial. Estas entidades también pueden celebrar contratos para el cumplimiento de sus funciones. Las entidades descentralizadas de nivel territorial tienen autonomía administrativa y personería separada de las entidades territoriales (departamentos y municipios).

 

En ese contexto, es necesario indicar que la lista de Colombia en los anexos a los capítulos de contratación pública de los acuerdos comerciales siempre enumera de manera afirmativa las entidades estatales contratantes cubiertas por el ámbito de dichos capítulos.

 

En general, dicha enumeración indica de manera nominativa las entidades cubiertas bajo dicho ámbito. Por ejemplo, “Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”. En el nivel subcentral de gobierno, la referencia se hace a la categoría de entidad cubierta. Por ejemplo “Todos los Departamentos”.

 

En uno y otro caso, la referencia es a una entidad o tipo de entidad, tal como dicha entidad o tipo de entidad está definida en la Constitución, la ley o el reglamento y no incluye otras entidades o tipos de entidades, no obstante que puedan tener una vinculación con la entidad cubierta.

 

Debe recordarse que de conformidad con el artículo 10.1 del Acuerdo, la contratación pública cubierta por el Capítulo 10 es la que se realiza por una “entidad contratante”, y que el artículo 10.24 define “entidad contratante” como aquellas listadas en el Anexo 10 – A.

 

Recapitulando, los principios generales y las demás obligaciones y disciplinas del Capítulo 10 solo se pueden aplicar a las entidades que se encuentren en la lista y éstas deben entenderse referidas en su sentido corriente, que en este caso tomará en cuenta el nombre o el tipo de entidad, sin que puedan entenderse incluidas otras entidades, aunque tengan alguna vinculación con las enumeradas en la lista del Anexo.

 

Es por ello que el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación de la Agencia Colombia Compra Eficiente indica que las entidades estatales descentralizadas del nivel municipal están cubiertas únicamente bajo algunos de los acuerdos suscritos por nuestro país.

 

Por ejemplo, en el Acuerdo de Libre Comercio con Chile, en el nivel subcentral se enumeran “Todos los Departamentos y Todos los Municipios”, pero se añade que “Este capítulo se aplica a todas las demás entidades públicas subcentrales, siempre que no tengan carácter industrial o comercial” (subrayado por fuera del texto original). Esta última oración no está incluida en el Acuerdo entre Colombia y Costa Rica.

 

Lo anterior resguarda la necesaria consistencia que debe existir entre las obligaciones que asume cada una de las Partes signatarias de un acuerdo comercial en armonía con las legislaciones internas. Precisamente, un aspecto que evidencia este equilibrio consiste en la obligación de las Partes de garantizar, en sus ordenamientos internos, la adopción –si fuera el caso- de todas las medidas necesarias para hacer efectivas las disposiciones de los diversos capítulos sobre compras públicas, en las modalidades convenidas.

 

Conclusión:

 

De acuerdo con lo anterior, nuestra opinión frente a la pregunta sobre si las expresiones “TODOS LOS DEPARTAMENTOS” y “TODOS LOS MUNICIPIOS” involucran a las entidades descentralizadas del orden departamental o municipal, dichas expresiones deben entenderse en el contexto integral del Capítulo, de la Sección y especialmente de las Notas a la Sección del acuerdo comercial en que estén citadas. En el caso del capítulo de compras públicas y su anexo del Acuerdo con Costa Rica, las mencionadas expresiones no incluyen entidades descentralizadas de nivel municipal, entidades descentralizadas indirectas, esquemas asociativos integrados por entidades estatales del nivel municipal.

 

Finalmente, en caso de requerir mayor información sobre el tema consultado, le informo que la Agencia Colombia Compra Eficiente es la entidad rectora en materia de contratación pública, la cual tiene entre sus funciones absolver consultas sobre la aplicación de normas de carácter general y expedir circulares externas en dicha materia.

 

La presente respuesta se otorga con el alcance del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

 

 

[1] Sandra Catalina Charris Rebellón, Jefe de la Oficina de Asuntos Legales Internacionales, Ministerio de Comerico, Industria y Turismo

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
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