El 7 de julio de 2017 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió sentencia en el proceso 01-AI-2015, en la cual, al referirse a los requisitos de la legitimación de los particulares para acudir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, indicó que era necesario diferenciar en este ámbito dos niveles: el primer nivel “el simple interés para presentar una acción” y el segundo nivel, “la afectación de un derecho subjetivo o un interés legítimo”.

El Tribunal precisó que de conformidad con el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 49 literal b) de su Estatuto, la legitimación activa para presentar una acción de incumplimiento por parte de los particulares se encuentra en el segundo nivel, es decir, en la demostración de la afectación de derechos subjetivos o de intereses legítimos.

En su sentencia, el Tribunal hizo precisiones sobre la forma en que se puede ejercer el derecho que tienen los particulares para instaurar acción de incumplimiento contra un País Miembro de la CAN cuando consideran que un Juez Nacional ha incumplido la obligación de solicitar la Interpretación Prejudicial de las normas andinas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal y el parágrafo del artículo 128 del Estatuto del Tribunal. Para ejercer correctamente ese derecho se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

a. Solo los sujetos que participaron efectivamente en el proceso interno, como partes principales o coadyuvantes, podrán ejercerlo. Excepcionalmente, también lo podrá hacer quien, sin haber sido parte, demuestre que la sentencia emitida por el juez nacional lo afecta en sus derechos subjetivos o intereses legítimos.

b. La norma prevé dos supuestos: (i) que el juez nacional que conoce de un caso concreto no solicite la interpretación prejudicial a pesar de estar obligado a ello; (ii) que el juez nacional, una vez recibida la interpretación prejudicial no la aplique.

c. No se puede utilizar esta vía para resolver una controversia nacional de competencia y conocimiento exclusivo de un juez nacional.

Así, la sentencia tiene una especial relevancia porque sentó jurisprudencia para limitar los casos en los que los particulares pueden demandar a los Países Miembros, dejando en claro que un simple interés particular como sería el de ser una persona interesada en los temas de la integración, no es suficiente para demandar a un Estado ante ese Tribunal. En tal sentido, dicho documento precisa que sólo se puede ejercer correctamente esa acción cuando se tiene interés legítimo o un derecho subjetivo vulnerado.

El Tribunal también precisó en su sentencia, que de acuerdo con lo previsto en los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 123 de su Estatuto, los parámetros que se deben tener en cuenta para determinar si un juez nacional está obligado a solicitar la interpretación prejudicial a dicho Tribunal, son:

1- Cualquiera de las partes en el proceso nacional haya invocado una norma andina como sustento de sus alegaciones.

2. Ante tal invocación, cualquiera otra de las partes en el proceso nacional controvierta la interpretación o aplicación de dicha norma andina, o de otras normas andinas, como sustento de sus alegaciones.

3- El juez nacional que va a resolver la causa necesariamente tenga que aplicar una norma andina para fallar el asunto, más allá de si fue o no invocada o controvertida por cualquiera de las partes.

Si bien estos parámetros no son concurrentes, el último de ellos es necesario para establecer la obligatoriedad de la solicitud de interpretación prejudicial.

(Tomado de: http://intranet.comunidadandina. org/Documentos/Gacetas/GACE3100.pdf)

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