El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina (CAN) y su mecanismo de solución de controversias

31 Octubre 2017

 


Resumen

El artículo presenta un análisis del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y de su mecanismo de solución de controversias, y propone la creación de un Centro de Arbitraje, Mediación y Conciliación. Explica sucintamente el ordenamiento jurídico comunitario vigente desarrollando las fuentes y principios del derecho comunitario andino. Se ocupa asimismo del funcionamiento del mecanismo de solución de diferencias que se ha generado en la Comunidad Andina y la estructura y funcionamiento del Tribunal de Justicia. Finalmente hace una revisión de las reformas que recientemente se han propuesto para perfeccionar el mecanismo de solución de controversias y presenta una propuesta para hacer efectivo el mecanismo de arbitraje en la Comunidad Andina.



Introducción

La Comunidad Andina (CAN) es el organismo de integración de mayor profundidad jurídica e institucional de Suramérica. Desde la firma del Acuerdo de Cartagena en 1969 se ha construido una consistente estructura jurídica e institucional que ha sido fundamental para la consolidación de la zona de libre comercio andina.

En el ámbito institucional, se constituyó el Sistema Andino de Integración (SAI) conformado por órganos e instituciones de carácter intergubernamental,comunitarioydecooperación. En materia jurídica, “el ordenamiento jurídico andino, ha alcanzado en los últimos años, un grado de desarrollo, coherencia y solidez que sólo puede ser comparado con el sistema jurídico de integración europea”1 .

En este contexto, la supranacionalidad de la normativa andina junto a la existencia de un Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) y un mecanismo de solución de controversias transparente y efectivo, constituyen los pilares de la seguridad jurídica de la CAN.

2. Ordenamiento Jurídico Comunitario

El ámbito del ordenamiento jurídico andino está delimitado en el artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y se compone, principalmente, de dos tipos de normas jurídicas: “originarias”, “primarias”, o “constitucionales” y “derivadas” o “secundarias”2 .

Un primer componente del ordenamiento jurídico es el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales, el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y sus Protocolos Modificatorios. Un segundo componente son las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión de la Comunidad Andina y las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN). El tercer componente son los Convenios de Complementación Industrial y otros que suscriban los Países Miembros entre sí y en el marco del proceso de la integración subregional andina.



2.1. Fuentes de derecho primario

Se constituyen en fuentes de derecho originario, los tratados constitutivos del ordenamiento jurídico andino junto con sus protocolos modificatorios. El instrumento constitutivo, denominado Acuerdo de Cartagena, fue suscrito por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú el 26 de mayo de 1969 y reformado por los Protocolos Modificatorios de Trujillo (1996) y Sucre (1997). Chile se retiró de la CAN el año 1976 y por tanto dejó de ser miembro pleno. Sin embargo, en fecha 20 de septiembre de 2006 fue admitido como País Asociado, estatus del que actualmente goza. Venezuela ingresó a la Comunidad el año 1973 y se retiró el año 2006.

El Tratado de Creación del TJCA es la norma fundacional en la esfera jurídica de la CAN, fue suscrito el 28 de mayo de 1979 y modificado mediante el protocolo de Cochabamba que entró en vigencia en 1999. La finalidad del Tratado fue crear el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como órgano jurisdiccional de la CAN y regular su funcionamiento y atribuciones, establecer el régimen de solución de controversias y delimitar las competencias jurisdiccionales.

2.2. Fuentes de derecho secundario

Son fuentes de derecho derivado aquellas normas que no son adoptadas de forma directa por los Países Miembros sino son derivadas de la actuación de los órganos comunitarios creados por el Acuerdo de Cartagena como las Decisiones y Resoluciones.

Las Decisiones de la CAN son instrumentos jurídicos emitidos por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y por la Comisión3 , las mismas regulan los temas derivados del Acuerdo de Cartagena y del Tratado del Tribunal. Tal como puede apreciarse en el gráfico 1, a partir de 1969 hasta junio de 2017, la CAN ha emitido 819 Decisiones, en una variedad de materias y disciplinas relacionadas con la integración andina tales como los temas institucionales, política industrial, arancel externo común, sanidad agropecuaria, política exterior común, estadísticas, transporte, programa de liberación, aduanas, franjas de precios, nomenclatura, servicios, telecomunicaciones e inversiones, entre muchos otros.

Gráfico 1: Decisiones de la CAN por Tema

Fuente: SGCAN

Las Resoluciones son otra fuente de derecho secundario y son disposiciones emitidas por la Secretaría General en el marco de sus atribuciones y tienen el carácter específico de “actos administrativos”4 .

Gráfico 2: Resoluciones de la SGCAN, 1997 - 10 junio 2017



Fuente: SGCAN



Como se observa en el gráfico 2, la SGCAN desde 1969, ha emitido 1.931 Resoluciones sobre distintas materias tales como: Calificación de restricciones y gravámenes, publicación de franjas de precios, registro de normas sanitarias y fitosanitarias, acciones de defensa comercial y de libre competencia y el registro satelital andino entre otros.

Las Resoluciones de la SGCAN abarcan distintos ámbitos, el primero de carácter reglamentario o administrativo y el segundo de carácter pre- jurisdiccional relacionado con la capacidad de la SGCAN en materia de eventuales incumplimientos de la norma comunitaria andina.

2.3. Fuentes auxiliares

Los convenios de complementación industrial, como por ejemplo, el Convenio de complementación en el sector automotor suscrito entre Colombia, Ecuador y Venezuela en 1993, constituyen una fuente auxiliar de la normativa andina; así como también otros convenios que los países andinos adopten entre sí en el marco del proceso de integración.

De igual manera son fuentes auxiliares las que ayudan a precisar el sentido, contenido y alcance de la normativa andina tales como “los principios generales del derecho comunitario, el derecho sustantivo de los Países Miembros y en forma complementaria las disposiciones emanadas de la OMC siempre que sean compatibles con los principios y normas del Acuerdo de Integración Andina5 ”.

2.4. Principios del Derecho Comunitario Andino

“Los principios generales del Derecho Comunitario constituyen las nociones elementales de derecho a las que obedecen todo ordenamiento jurídico de una organización internacional de integración supranacional”6. Los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de la CAN son: El principio de aplicación directa y el principio de preeminencia.

El principio de aplicación directa significa que las normas de derecho comunitario se integran automáticamente en el sistema jurídico de los Países Miembros sin necesidad de aprobación por parte de los legislativos nacionales y son obligatorias desde su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Como resultado, la normativa andina se aplica de manera simultánea y uniforme en el ámbito de la CAN a partir de su entrada en vigor. “En este sentido, la normativa comunitaria es aplicable directamente, no únicamente en las relaciones entre los Países Miembros, sino también en la relaciones entre estos y los particulares”7 .

Por otra parte, la preeminencia del ordenamiento jurídico andino supone la superioridad jerárquica de las normas del ordenamiento jurídico comunitario supranacional por encima de los ordenamientos jurídicos internos. “En consecuencia, cuando algún precepto de la legislación interna contradiga al ordenamiento jurídico de la integración, los Países Miembros deberán aplicar la norma andina de modo preferente”8, efectivizándose de esta manera la inaplicabilidad de la norma interna contraria a la comunitaria. Esto implica que los países no sólo deben adoptar medidas para garantizar el cumplimiento de la normativa andina, sino también, abstenerse de adoptar cualquier medida que pueda obstaculizar la aplicación del ordenamiento jurídico andino9 .

En consecuencia, “el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena es imperativo, y, como tal, de aplicación obligatoria por los órganos del Acuerdo, por todos los Países Miembros comprometidos con ese régimen, por los funcionarios que en éstos ejercen atribuciones conforme a dicho ordenamiento, y aun para los particulares10”. Por esta razón los particulares pueden demandar el cumplimiento de los derechos de la normativa comunitaria ante los poderes públicos nacionales y jueces nacionales, los cuales están obligados a asegurar el acatamiento de las obligaciones asumidas por los Estados.

3. Mecanismo de Solución de Diferencias

Cuando se presentan controversias con motivo de la aplicación de las normas del ordenamiento jurídico andino, los países andinos están obligados a acudir al mecanismo de solución de controversias establecido en el Tratado de Creación del TJCA11 y no pueden someter ninguna diferencia, por la aplicación de la normativa andina, a ningún procedimiento o sistema de arbitraje distinto de lo establecido en el Tratado de Creación del Tribunal.

Una característica importante del sistema normativo andino es que las personas naturales o jurídicas tienen el derecho de acudir ante los tribunales nacionales competentes, cuando los Países Miembros incumplen las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino y cuando sus derechos resultan afectados por dicho incumplimiento12 .

El Acuerdo de Cartagena establece que la SGCAN y el TJCA son los órganos competentes para administrar y resolver las controversias derivadas de la aplicación del ordenamiento jurídico andino. Existe una fase administrativa o pre-jurisdiccional a cargo de la SGCAN y una fase jurisdiccional propiamente dicha a cargo del TJCA.

La SGCAN en la fase administrativa tiene la competencia de conducir las investigaciones para la verificación de prácticas restrictivas del comercio, la existencia de gravámenes o restricciones al comercio intrasubregional, el incumplimiento de normas del ordenamiento jurídico andino, la existencia de prácticas como dumping, subsidios u otras que puedan distorsionar la competencia o prácticas restrictivas de la libre competencia y también autorizar, modificar o suspender medidas de salvaguardia aplicadas por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.



Cuando un País Miembro o un particular, con interés legítimo13, considera que algún País Miembro ha incurrido en incumplimiento del ordenamiento jurídico andino, puede interponer una demanda por incumplimiento ante el TJCA, pero antes debe agotar una instancia previa ante la SGCAN.

En la fase administrativa (también llamada pre- contenciosa), la SGCAN inicia una investigación administrativa para determinar la responsabilidad del País Miembro por el incumplimiento de la norma andina. El procedimiento de la acción de incumplimiento está establecido en la Decisión 623 Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento; ello implica que la SGCAN emite un Dictamen motivado, el cual podrá declarar el cumplimiento o el incumplimiento del ordenamiento jurídico andino14; en cualquiera de los casos es posible interponer un recurso de reconsideración contra el Dictamen15.

Como puede observarse en el gráfico 3, después de la entrada en vigencia de la Decisión 623, la Secretaría General, durante el periodo 2006 a junio de 2017, ha emitido 71 Dictámenes. De éstos, 41 han sido de cumplimiento y 30 han señalado el incumplimiento de la normativa andina.

Gráfico 3: Dictámenes por año 2006 junio 2017



Fuente: SGCAN

En este sentido, en el gráfico 4 puede observarse como en el periodo de 2006 a junio de 2017, la SGCAN ha emitido 30 Dictámenes de incumplimiento de la norma andina. De éstos, Colombia presenta el mayor número con 19, le sigue Perú con 14, Ecuador con 8 y Bolivia con 1 Dictamen negativo representa el menor número de casos de incumplimiento.

Gráfico 4: Dictámenes por país 2006 - junio 2017



Fuente: SGCAN



4. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Como se ha señalado el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) fue suscrito en 1979. Dicho órgano inició sus funciones en el año 1984 en su sede en la ciudad de Quito Ecuador. El TJCA “es el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, de carácter supranacional y comunitario, instituido para declarar el derecho andino y asegurar su aplicación e interpretación uniforme en todos los Países Miembros”16 , este Tribunal está compuesto por cuatro magistrados titulares, uno por cada País Miembro. También se han designado cuatro magistrados suplentes.

El TJCA es el órgano comunitario encargado de dirimir las controversias que derivan de la aplicación e interpretación del ordenamiento jurídico andino y sus competencias se encuentran previstas en su tratado constitutivo y desarrolladas en la Decisión 500, Estatuto del TJCA que regula su funcionamiento. Entre las características del TJCA podemos destacar que: a) es un órgano independiente de los Estados, b) es de carácter supranacional, c) su jurisdicción es obligatoria y d) sus sentencias tienen efecto de cosa juzgada17 .

El Tratado de Creación del Tribunal de Justicia le concede competencia para decidir las siguientes acciones: a) de nulidad, b) de incumplimiento, c) interpretación prejudicial, d) recurso por omisión o inactividad, d) demandas laborales y e) función arbitral.

La acción de nulidad18 busca declarar nulas aquellas Decisiones, Resoluciones y aún Convenios suscritos en violación del ordenamiento jurídico andino, cuando sean impugnados por algún País Miembro o por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión, la SGCAN o las personas naturales o jurídicas cuando estén afectadas en sus derechos subjetivos o sus intereses legítimos19. La eficacia o vigencia de la norma no será interrumpida por la interposición de la acción de nulidad; sin embargo, el TJCA puede ordenar la suspensión provisional de la medida impugnada o disponer medidas cautelares.

La acción de incumplimiento20 se sustenta en un reclamo en el que se demanda que algún País Miembro incumple con sus obligaciones derivadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino. La acción de incumplimiento está compuesta de dos fases: la primera de carácter administrativa que se tramita ante la SGCAN; la segunda es jurisdiccional que se gestiona ante el TJCA.

Al concluir la fase administrativa, la SGCAN emite un dictamen sobre el estado de cumplimiento de las normas frente al cual no existe posibilidad de impugnación. Si el dictamen declara incumplimiento y el País Miembro persiste en la conducta observada, la SGCAN debe solicitar el pronunciamiento del TJCA; si no lo hace, el país reclamante puede acudir directamente al TJCA. Si el dictamen no señala incumplimiento o la SGCAN no se pronuncia, el país reclamante puede acudir directamente al Tribunal.

Tras la emisión del dictamen o en su falta, se abre para el país reclamante la posibilidad de acudir al TJCA. El Tribunal emite su sentencia, si la sentencia declara probado el incumplimiento, el País Miembro está obligado a adoptar las medidas necesarias para rectificar su conducta en un plazo no mayor de noventa días. Si el País Miembro no cumple, el TJCA, previa opinión de la SGCAN, podrá restringir o suspender, total o parcialmente, las ventajas del Acuerdo de Cartagena que beneficien al País Miembro.

El TJCA tiene asimismo la facultad de realizar interpretación prejudicial21 que tiene como objetivo asegurar la aplicación uniforme de las normas andinas. En este tema, los jueces nacionales que conozcan un proceso en el que deba aplicarse alguna de las normas del ordenamiento jurídico andino, deben solicitar de manera obligatoria la interpretación del Tribunal con sede en Quito acerca del contenido y alcance de dichas normas. En aquellos procesos que están en última o única instancia en los que la sentencia no es susceptible de más recursos, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de una de las partes la interpretación prejudicial del Tribunal, antes de emitir su sentencia. Luego, una vez que el juez conozca la resolución del Tribunal, deberá adoptar en su sentencia la interpretación del TJCA.

Otra de las atribuciones del TJCA es el Recurso por Omisión o Inactividad22 , mediante el cual el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión, la SGCAN y las personas naturales o jurídicas pueden solicitar el pronunciamiento del TJCA cuando alguno de los órganos comunitarios se abstuviera de cumplir una actividad a la que estuviera obligado expresamente por el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Como primer paso se debe requerir el cumplimiento de obligaciones directamente al órgano correspondiente, si el órgano no accede a la solicitud, se puede acudir ante el TJCA para que se pronuncie sobre el caso. El Tribunal debe pronunciarse señalando la forma, modalidad y plazo en que el órgano demandado deberá cumplir con su obligación.

En materia laboral23, el TJCA es competente para conocer las controversias laborales que se susciten en los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración y sus empleados o funcionarios, de conformidad con el Convenio Sede que aplique. Para hacerla efectiva se debe demostrar que previamente se ha presentado reclamo al empleador por sus derechos laborales o, en su defecto, demostrar que han transcurrido más de treinta días sin respuesta y en su sentencia el TJCA aplicará los principios generales del derecho laboral reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo y aquellos que sean comunes a los Países Miembros24.

Como puede observarse en el gráfico 5, desde 1984, año en el que comenzó a funcionar el Tribunal, hasta junio de 2017, el TJCA se ha pronunciado en 3.460 interpretaciones prejudiciales, 123 acciones de incumplimiento, 60 acciones de nulidad, 7 recursos por omisión o inactividad y 18 demandas laborales.

Gráfico 5: Tribunal de Justicia de la CAN Actividad Judicial 1984 - 2015



Fuente: TJCA

Un elemento sustancial a considerar es que para su cumplimiento, las sentencias del Tribunal y las resoluciones y dictámenes de la SGCAN, no requieren de homologación o exequátur en ninguno de los países miembros, esto quiere decir que el pronunciamiento del TJCA da fin al proceso contencioso y lo convierte en vinculante y de obligatorio cumplimiento.

Respecto a la denominada función arbitral del TJCA nos ocuparemos con más detalle en el punto 6, más adelante.

5. Reformas y ajustes del Mecanismo de Solución de Diferencias

El año 2013, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 792, estableció el mandato de revisar el sistema de solución de controversias comunitario y presentar las propuestas de ajuste y modificación en el marco del proceso de reingeniería de la CAN.

Entre los Países Miembros existe el consenso que el sistema de solución de controversias de la CAN funciona pero evidentemente puede ser susceptible de perfeccionamiento para mejorar su eficiencia y su efectividad. De esta manera, se han realizado reuniones en las que se ha discutido sobre la posibilidad de hacer ajustes al sistema, previéndose que hasta fines de año se tenga una postura consensuada por parte de los Países Miembros sobre tan importante temática.

Uno de los temas nodales de análisis radica en si las eventuales reformas al sistema de solución de controversias andino podría implicar la revisión del Tratado de Creación del TJCA contemplado en la Decisión 472, del Estatuto del Tribunal contenido en la Decisión 500, y del Reglamento de la fase prejudicial de la acción de incumplimiento regulada en la Decisión 623.

A la fecha, el análisis y debate del grupo de expertos ha adelantado un trabajo sumamente positivo, pero serán los Países Miembros quienes determinen, previo consenso, la orientación que tendría una eventual reforma, siempre con el objetivo de mejorar la precisión y la claridad legal de las normas, así como de mejorar la eficiencia y eficacia del sistema de solución de controversias de la CAN.



6. Mecanismo de Arbitraje en la Comunidad Andina

Los artículos 38 y 39 del Tratado de creación del Tribunal regulan la función arbitral, el que establece que el TJCA tiene la competencia para resolver, mediante arbitraje, las controversias surgidas por aplicación o interpretación de contratos suscritos entre órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración o entre estos y terceros, cuando las partes así lo acuerden. Asimismo, los particulares tienen la posibilidad de someter a arbitraje ante el TJCA las controversias que se susciten por la aplicación o interpretación de aspectos contenidos en contratos de carácter privado. El Tribunal emitirá su laudo, el cual será obligatorio e inapelable para las partes.

De igual manera, el Tratado de creación del Tribunal le otorga a la SGCAN, la competencia para dirimir mediante arbitraje administrativo las controversias que le sometan particulares respecto de la aplicación o interpretación de aspectos contenidos en contratos de carácter privado y regidos por el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina25 . El laudo de la SGCAN será obligatorio e inapelable, salvo que las partes acuerden lo contrario y constituirá título legal y suficiente para solicitar su ejecución.

Este procedimiento alternativo de solución de diferencias incorporada en el Protocolo de Cochabamba (1996) aún no ha sido implementado en la práctica y tampoco ha merecido una reglamentación. Ha surgido entonces una iniciativa en el seno de la SGCAN de proponer a los Países Miembros la creación de un Centro de Mediación, Conciliación y Arbitraje.

Los mecanismos de solución alternativa de controversias han permitido a los particulares en general y a los comerciantes en particular someter sus diferendos o conflictos ante un tribunal arbitral. La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUMDI) ha emitido una Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional “reconociendo el valor del arbitraje como método de solucionar controversias nacidas de las relaciones comerciales internacionales”

En el seno de la Comunidad Andina se produce una ingente cantidad de relaciones comerciales entre pequeños, medianos y grandes empresarios que intercambian bienes y/o servicios entre dos o más países que forman parte del mecanismo andino de integración. Contratos de transporte internacional de mercancías, de seguros, de suministro de bienes, de prestación de servicios y en fin, de cualesquier otra naturaleza se firman cotidianamente entre sujetos económicos al interior de la CAN.

Pues bien, ocurre que estos contratos no siempre establecen la cláusula arbitral, aquella que habilita a las partes a acudir a un centro de arbitraje que a su vez se constituirá en tribunal arbitral y emitirá un laudo poniendo fin a la controversia. Aún en el caso en que se hubiese incorporado la cláusula arbitral o compromisoria ésta no tiene naturaleza comunitaria por lo que la parte demandante tendrá que acudir al centro de arbitraje designado en el contrato, que funciona en un determinado país de la CAN.

La iniciativa de la SGCAN busca precisamente superar esta valla. Creando un Centro de Mediación Conciliación y Arbitraje de la CAN se logrará prestar un servicio eficaz a los cientos sino miles de empresarios andinos que podrán someter sus diferencias a un centro comunitario, cuyo laudo además tendrá valor de cosa juzgada y será ejecutable en el territorio de cualquier País Miembro sin necesidad de exequátur.

Por supuesto la creación de un centro de tales características sólo podrá darse luego de un análisis en el seno de la Comisión o del propio CAMRE, órganos comunitarios que tienen capacidad de emitir Decisiones, normas supranacionales de cumplimiento obligatorio.

La propuesta de la SGCAN incluye que el TJCA sea facultado para conocer el Recurso de Anulación que eventualmente sea presentado por las partes que desean impugnar un determinado laudo. Así, el TJCA podrá cumplir a cabalidad la función arbitral que hasta hoy día no ha podido cumplir. El fallo que pronuncie el Tribunal en única y exclusiva instancia decidirá si existe mérito para anular o no un laudo arbitral y tendrá la característica de fallo vinculante y de alcance comunitario y no requerirá de homologación o exequátur en ninguno de los países miembros.

La propuesta de creación del Centro será presentada próximamente al seno del CAMRE y de la Comisión de la Comunidad Andina, con su debida exposición de motivos.

Conclusiones

La CAN tiene una sólida estructura jurídica construida a lo largo de casi cincuenta años de existencia, conformada por sus tratados constitutivos, 819 Decisiones, 1.931 Resoluciones, 71 dictámenes26 , 3.460 Interpretaciones Prejudiciales, la jurisprudencia de 208 sentencias del TJCA y los convenios firmados en el marco del proceso de la integración subregional andina.

La principal fortaleza del sistema jurídico andino es la supranacionalidad de sus normas27 que tienen efectos directos y vinculantes en los Países Miembros sin necesidad de aprobación previa de los órganos legislativos y con supremacía frente a las normas nacionales.

Asimismo, se ha desarrollado un mecanismo de solución de controversias transparente y efectivo, en el cual la SGCAN y el TJCA son los órganos competentes para administrar y resolver los procedimientos y las controversias de la aplicación del ordenamiento jurídico andino. La SGCAN, como órgano ejecutivo, vela por el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario y dispone de un poder resolutivo propio en diversas disciplinas. Por otro lado, el TJCA es el órgano jurisdiccional encargado de dirimir, en forma definitiva, las controversias que se derivan de la aplicación e interpretación del ordenamiento jurídico andino.

Sin embargo, a pesar del criterio mayoritario que el sistema de solución de controversias de la CAN funciona, es cierto también que adolece de fallas y es perfectible. Debido a esto, los Países Miembros han iniciado discusiones con el propósito de hacer reformas y ajustes para mejorar la eficiencia y efectividad en la solución de diferencias. En ese sentido es que la Secretaría General presentará en breve una propuesta para la creación de un Centro de Mediación, Conciliación y Arbitraje de la CAN a fin de dotarse de un mecanismo alternativo de solución de controversias de carácter comunitario y dirigido a los empresarios que realizan transacciones comerciales intracomunitarias y que no cuentan con un mecanismo ágil, eficiente y dinámico de resolución de controversias.

Todos los elementos mencionados, en especial la sinergia de la supranacionalidad de la normativa andina, la existencia del TJCA, un mecanismo de solución de controversias efectivo y la posibilidad de implementar un Centro de Mediación, Conciliación y Arbitraje Comunitario constituyen los elementos que permiten proyectar con optimismo la estructura jurídica de la Comunidad Andina que en breve cumplirá cincuenta años de creación.



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1 Novak F. en Instituto de Estudios Internacionales (2003) pag. 99.

2 Proceso 07-AI-99 TJCA

3 Art. 17 y 21 del Acuerdo de Cartagena

4 Pag. 11, Proceso 3-AI-96 del TJCA

5 Proceso 118-AI-2003

6 Anaya Vera E. & Tello Vidal L. (2014) pag. 52

7 Anaya Vera E. & Tello Vidal L. (2014) pag. 54

8 TJCA, Proceso No. 5 IP 89, Pag. 10.

9 Art 4, Tratado de Creación del TJCA

10 TJCA caso 30-IP-9, Pag. 11

11 Art. 47 Acuerdo de Cartagena

12 Art 31, Tratado de Creación del TJCA

13 Art 25 Tratado de Creación TJCA

14 Art 8 Decisión 623

15 Art. 37 Decisión 425

16 Art 4, Decisión 500, Estatuto del TJCA

17 Pizzolo C. (2010) pag. 981

18 Cap. III Sección 1ra, Tratado de Creación del TJCA

19 Art 17, Tratado de Creación del TJCA

20 Cap. III Sección 2da, Tratado de Creación del TJCA

21 Cap. III Sección 3ra, Tratado de Creación del TJCA

22 Cap. III Sección 4ta, Tratado de Creación del TJCA

23 Cap. III Sección 6ta, Tratado de Creación del TJCA

24 Art. 135 Decisión 500 Estatuto del TJCA

25 Art. 39, Tratado de Creación del TJCA

26 Periodo 2006 –jun 2017

27 Von Bogdandy A. & Landa C. & Morales M. (2009) Pag. 393

 

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