Participación de la Superintendencia de Industria y Comercio en el comité Triple A

07 Diciembre 2016
Autor :  

Título:

Participación de la Superintendencia de Industria y Comercio en el comité Triple A

Fecha:

30 de noviembre de 2015

Problema Jurídico:

Pertinencia de la citación que se hiciera al Superintendente Delegado para la Protección al Consumidor, y no al Delegado para la Competencia, a la sesión del Comité de Prácticas Comerciales.

Regla:

Decreto 2550 de 2010, Decreto 1750 de 2015

Concepto:

El marco de funcionamiento del Comité de Prácticas Comerciales, se circunscribe en el último tiempo a los Decretos 2550 de 2010, y su derogatorio, el Decreto 1750 de 20151. Justamente, este último está vigente desde el mes de septiembre de 2015.

El Decreto 2550 de 2010, establecía en su artículo 99, que el Comité de Prácticas comerciales, estaba integrado, entre otros, por el Superintendente Delegado para la Protección al Consumidor y Metrología de la Superintendencia de Industria y Comercio y el Director de Comercio Exterior quienes participarán en las deliberaciones con voz pero sin voto.

Lo anterior implicaba que los mencionados servidores públicos tenían un papel de acompañamiento pero no tenían poder decisorio al momento de adoptar las determinaciones a que hubiera lugar dentro de las actuaciones administrativas relativas a la ocurrencia de conductas constitutivas de dumping2.

Ahora bien, tras la entrada en vigencia del Decreto 1750 de 2015, ya referido, la conformación y participación de los integrantes del Comité de Prácticas Comerciales, varió, siendo definida su integración en los términos del artículo 87, que en lo que alude a los superintendentes, señala: • El Superintendente de Industria y Comercio, o el Superintendente Delegado respectivo, de acuerdo con el asunto a tratar.

Por supuesto que la disposición aludida, advierte que en el caso de esta nueva integración los participantes y miembros del comité, tienen voz y voto, con excepción del Director de Comercio Exterior del Ministerio, a quien expresamente la disposición le advierte que cuenta exclusivamente con voz, mas carece de la posibilidad de decisión. En suma, se presentan algunas circunstancias claramente diferenciables, en vigencia de una y otra disposición:

Decreto 2550 de 2010 Decreto 1750 de 2015
Integra el Comité el Superintendente Delegado para la protección del Consumidor Integra el Comité, El Superintendente de Industria y Comercio, o el Superintendente Delegado respectivo, de acuerdo con el asunto a tratar.
El superintendente delegado tiene voz pero no voto El superintendente que deba atender la sesión del comité según su competencia, tendrá voz pero además voto.

 

En el marco de los procesos administrativos, como el conocido por el Comité de Prácticas Comerciales, y en otros tantos de similares condiciones y características, el tránsito normativo es una eventualidad que es previsible, y que debe atenderse con arreglo a las reglas propias de cada proceso, y a las reglas generales de aplicabilidad de las disposiciones procesales en el tiempo.

Ya en el marco de la ley 153 de 1887, su artículo 40 precisaba: “…Artículo 40.

Modificado por el art. 624, Ley 1564 de 2012 . Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación…”

En el caso de la transición del procedimiento establecido por el Decreto 2550 de 2010 al Decreto 1750 de 2015, caso que específicamente nos atañe, esta última disposición trae una expresa cláusula de procedimiento en su artículo final, según cuyo inciso definitivo “Las investigaciones que se encuentren en curso con determinación preliminar, a la entrada en vigencia del presente decreto, continuarán rigiéndose por la norma anterior hasta su culminación”.

Esa disposición es constitucionalmente sustentada, en la medida en que se garantiza al sujeto pasivo del proceso que las reglas que se le aplicarán serán las establecidas por el procedimiento aplicable al momento de iniciar la actuación y en todo caso las que le cobijan al ocurrirse las conductas.

La anterior es garantía del principio de legalidad del proceso, que en términos de la constitución política vigente, en el artículo 29 superior, establece: “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”.

Aspecto sustancial se extrae además de la disposición constitucional, parcialmente transcrita, y es el referente al aspecto competencia, que en el caso objeto de examen se puede traducir en que, la participación del Superintendente de Industria y Comercio o de su delegado, variará de acuerdo con el procedimiento que se esté surtiendo, y su participación deliberatoria y/o decisoria de sus en cada caso es determinante para efectos de la legitimidad o no de las recomendaciones y decisiones que a dicho comité corresponden.

En este punto, consideramos que aquellas investigaciones que hayan sido iniciadas en vigencia del Decreto 2550 de 2010, y que actualmente estén siendo conocidas por el comité de prácticas comerciales, y en las que se haya adoptado una determinación preliminar, deben sujetarse al procedimiento trazado por el decreto en mención. Ello por supuesto hace que, en el marco de dichos procesos, la citación que se haga al Superintendente Delegado para la Protección del Consumidor, se deba hacer con voz pero sin voto, pues no es legítimo que este funcionario vote en el marco de un proceso que no le confiere sino exclusivamente el atributo de voz, no el de voto.

Además, esta Oficina ha señalado que es preciso destacar que los decretos 2550 de 2010 y 1750 de 2015 son las normas procedimentales previstas por el Acuerdo Antidumping de la OMC, en adelante el AAD, a los efectos de que los países miembros de ese organismo apliquen dicha normativa multilateral de Defensa Comercial. Al respecto, en sus disposiciones finales, el AAD manda a los países miembros:

“…18.4 Cada Miembro adoptará todas las medidas necesarias, de carácter general o particular, para asegurarse de que, a más tardar en la fecha en que el Acuerdo sobre la OMC entre en vigor para él, sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos estén en conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo según se apliquen al Miembro de que se trate…”

Conclusión

En conclusión, la participación del Superintendente Delegado para la Protección del Consumidor para los casos de investigaciones antidumping iniciadas en vigencia del Decreto 2550 de 2010, y en las que se haya proferido con Determinación Preliminar , se limitará al ejercicio del derecho a voz pero sin voto, según lo previsto en el artículo 99 del Decreto 2550 del 2010.

Contrario sensu, la citación al Superintendente de Industria y Comercio, o a su delegado, según el asunto de que se trate, será para el ejercicio del derecho a voz y a voto, en aquellos casos en que se adelanten las investigaciones antidumping iniciadas a partir de la fecha de entrada en vigor del referido Decreto 1750 de septiembre 1º de 2015.


1  Por el cual se regula la aplicación de derechos antidumping.

2   Decreto 2550 de 2010, Artículo 5°. Dumping. Se considera que un producto es objeto de dumping es decir, que se importa en el mercado colombiano a un precio inferior a su valor normal, cuando su precio de exportación al exportarse hacia Colombia es menor que el precio comparable de un producto similar destinado al consumo en el país investigado. Para efectos de la determinación del dumping en una investigación es preciso considerar los artículos de esta sección.

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