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Interpretación de los textos de las normas de origen en los acuerdos comerciales o solicitudes de conceptos sobre las mismas

07 Diciembre 2016
Autor :  

Título:

Interpretación de los textos de las normas de origen en los acuerdos comerciales

Fecha:

3 de noviembre de 2015

Problema Jurídico:

¿Qué entidad es competentes para realizar interpretación de los textos de las normas de origen de los Acuerdos Comerciales Internacionales?

Regla:

Artículo 10 del Decreto 210 de 2003.

Concepto:

Concepto sobre la interpretación de los textos de las normas de origen de los Acuerdos Comerciales Internacionales, exclusivamente cuando sean requeridos por la Coordinación del Servicio de Origen o la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera, al respecto esta Oficina manifiesta lo siguiente:

El artículo 10 del Decreto 210 de 2003 “Por el cual se determinan los objetivos y la estructura orgánica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y se dictan otras disposiciones”, establece las funciones de esta Oficina de la manera siguiente:

“(…) 2. Coordinar con la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, la elaboración de proyectos e interpretación de los tratados internacionales relacionados con el comercio internacional, la industria y el turismo. 3. Conceptuar en coordinación con otros organismos competentes, sobre la vigencia e incorporación al derecho interno, de los compromisos asumidos dentro de los procesos de integración económica en los que Colombia sea parte y sobre la incidencia de dichos compromisos en las operaciones de comercio exterior y en los temas del desarrollo industrial y turístico. (…)”.

El aparte de la disposición transcrita, enuncia la obligación en cabeza de esta dependencia, para absolver inquietudes, incluso en coordinación con otros organismos, sobre la vigencia e incorporación al derecho interno, de los compromisos asumidos por Colombia en los procesos de Integración económica, dentro de los cuales se encuentran los Acuerdo Comerciales Internacionales tanto regionales como bilaterales. Los Acuerdos pueden contener normas en materia de acceso, medidas de defensa comercial, normas de origen, etc.

Lo anterior significa que las inquietudes que se formulen sobre las materias incorporadas en los referidos Acuerdos, deben ser absueltas por esta Oficina, sin importar de donde provengan o quien las formule, ya sea una persona natural o jurídica, incluida su naturaleza de pública o privada.

Sobre el particular es preciso recordar que toda persona o autoridad tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y obtener pronta resolución. Esto en virtud del Artículo 23 de la Constitución Nacional, el cual regula el derecho de petición y cuyo desarrollo está contenido en la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” y la Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”

Ahora bien, entendemos que su Oficina adelanta un gran número de procedimientos en la verificación de origen; sin embargo, la OALI, en cumplimiento de sus funciones legales y constitucionales no puede abstenerse de dar oportuna respuesta a las consultas presentadas por autoridades públicas, o personas naturales o jurídicas que soliciten concepto sobre asuntos de su competencia.

En consecuencia, le sugerimos respetuosamente coordinar al interior de la DIAN las solicitudes que se envíen a esta Oficina. Esto en atención a la necesidad de evitar los perjuicios a los que alude en su comunicación relativos a los procedimientos que se lleven a cabo por la Coordinación del Servicio de Origen o la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera.

En los anteriores términos damos respuesta a su requerimiento, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Conclusión:

En virtud del artículo 10 del Decreto 210 de 2003, la Oficina de Asuntos Legales Internacionales es competente para la elaboración de proyectos e interpretación de los tratados internacionales relacionados con el comercio internacional, la industria y el turismo, de conformidad con las peticiones o derechos de petición provenientes de personas naturales, jurídicas u otras entidades estatales.

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