Corte Constitucional determinó que tanto el “Acuerdo Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Corea, firmado en Seúl, República de Corea, el 21 de febrero de 2013”, como la Ley 1747 de 2014 aprobatoria del mismo resultan acordes en su aspecto formal y material con los preceptos de la Constitución Política Colombiana, con excepción de una cláusula que desconocía las competencias constitucionales de la Junta Directiva del Banco de la República, respecto de la cual se ordenó hacer una declaración interpretativa

Fecha: Abril 13 y 14 de 2016

Norma revisada: Ley 1747 de 2014, aprobatoria del “Acuerdo Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Corea”, firmado en Seúl, República de Corea, el 21 de febrero de 2013. Por su extensión, no se transcribe el texto de la ley y el tratado, los cuales pueden ser consultados en el Diario Oficial No. 49.376 del 26 de diciembre de 2014.

Decisión:

Primero

Declarar EXEQUIBLE la Ley 1747 de 2014 “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y la República de Corea’, firmado en Seúl, República de Corea, el 21 de febrero de 2013”.

Segundo

Declarar EXEQUIBLE el “Acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y la República de Corea, firmado en Seúl, República de Corea, el 21 de febrero de 2013”, salvo el literal A, numeral 2 del Anexo 8C del Acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y la República de Corea, que se declara EXEQUIBLE con la condición de que se interprete que el plazo allí establecido tiene el carácter de una orientación de política exterior a las autoridades competentes, por cuanto las competencias constitucionales autónomas del Banco Emisor no pueden tener las restricciones allí previstas conforme al artículo 371 de la Constitución. En consecuencia, ORDENAR al Presidente de la República que al manifestar el consentimiento del Estado colombiano en obligarse por este tratado mediante el depósito del instrumento de ratificación, formule esta declaración interpretativa.

3. Síntesis de los fundamentos

La Corte determinó que la revisión formal de constitucionalidad del instrumento y de su ley aprobatoria, muestra que se cumplieron las reglas y subreglas jurisprudenciales establecidas para las fases: (i) previa gubernamental: que acreditó la representación válida del Estado colombiano por el entonces Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados Guida, en la negociación, celebración y suscripción del instrumento internacional, así como en su aprobación y remisión al Congreso de la República por parte del Presidente de la República. Así mismo, del contenido del tratado no se derivó la obligación de agotar el mecanismo de consulta previa; (ii) legislativa: en la que se verificó el cumplimiento del procedimiento legislativo establecido para las leyes ordinarias y en especial, la exigencia de anuncio previo conforme el artículo 160 de la Constitución, los quórums deliberatorios y decisorios de los debates legislativos; y (iii) posterior gubernamental: que consagra el deber del Presidente de la República de sancionar la ley y remitirla a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes, en cumplimiento del artículo 241.10 de la Constitución Política.

En cuanto al contenido material del “Acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y la República de Corea”, firmado en Seúl el 21 de febrero de 2013, la Corporación lo encontró ajustado a la Constitución.

En relación con la constitucionalidad de las zonas de libre comercio, la Corte se ha pronunciado en múltiples oportunidades, en las que ha considerado que dicha medida se erige en una herramienta de integración y desarrollo económico que no contradice per se, los postulados de la Carta Política. Se trata de un instrumento que promociona la integración económica del Estado colombiano con otras naciones, y propicia las relaciones exteriores del Estado en el marco de la soberanía nacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia.

Sobre las cláusulas específicas del tratado examinado, la Corte efectuó un análisis de manera separada para concluir en su constitucionalidad a priori, sin perjuicio de que desarrollos legislativos concretos del instrumento puedan conducir a infracciones de los postulados y preceptos constitucionales, salvo respecto del literal A, numeral 2 del Anexo 8C del Acuerdo, en relación con el cual la Corte ordena al Presidente de la República formule una declaración interpretativa, que preserva la estipulación acordada pero de manera compatible con la Constitución Política de Colombia. En particular, la Corte encontró que el plazo que allí se establece para que el Banco Emisor en cada Estado parte adopten o mantengan medidas temporales de salvaguarda, respecto de pagos y movimientos de capital en situaciones de dificultades o amenaza de crisis de balanza o desequilibrios macroeconómicos , desconoce la competencia constitucional de la Junta Directiva del Banco de la República, en materia de regulación de cambios internacionales y la fijación de sistemas de cambio, dentro del ámbito de la autonomía que consagra el artículo 371 de la Carta Política. En consecuencia, se declaró la exequibilidad del Acuerdo, salvo lo estipulado en el literal A, numeral 2 del Anexo 8C, respecto del cual se condicionó a que se interprete que el plazo allí establecido tiene el carácter de una orientación de política exterior a las autoridades competentes y en este sentido, el Presidente de la República, al momento de manifestar el consentimiento del Estado colombiano en obligarse por este Acuerdo mediante el depósito del instrumento de ratificación, formule la respectiva declaración interpretativa.

4. Salvamentos parciales y aclaraciones de voto

Los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo y Gloria Stella Ortiz Delgado manifestaron su salvamento de voto parcial en relación con la declaración interpretativa. En su concepto, por las mismas razones de constitucionalidad que la Corte ha expuesto en anteriores oportunidades en relación con cláusulas similares pactadas en varios acuerdos de libre comercio celebrados por Colombia –entre otros el celebrado con la Unión Europea- consideraron que la limitación acordada en el literal A, numeral 2 del Anexo 8C del Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y Corea ha debido ser declarada exequible, sin ordenar una declaración interpretativa.

Observaron que por su naturaleza, los tratados de libre comercio siempre acuerdan por regla general, la libre transferencia de pagos y movimientos de capital, estipulación que la Corte ha considerado no atenta contra las funciones constitucionales ni la autonomía de la Junta Directiva del Banco de la República. Señalaron que el literal A, numeral 2 del Anexo sujeto a una declaración interpretativa, constituye una excepción a esa regla general, por lo cual la autorización para ejercer la facultad que limita tales pagos y giros de capital es temporal. Por consiguiente, no se entiende que la regla general sea constitucional, mientras que una excepción temporal no lo sea.

Los magistrados Gloria Stella Ortiz Delgado y Alberto Rojas Ríos anunciaron aclaraciones de voto sobre algunos de los temas analizados en esta sentencia sobre los cuales tienen una posición individual. Los magistrados María Victoria Calle Correa y Jorge Iván Palacio Palacio, así como la conjuez Catalina Botero Marino, se reservaron la posibilidad de presentar aclaraciones de voto.

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