Calidad para la Productividad: más allá de los Obstáculos Técnicos al Comercio

02 Julio 2016

 


Las ideas y puntos de vista presentados en este documento sólo comprometen a los autores; y las omisiones son responsabilidad de los mismos.

Resumen

El artículo tiene como finalidad presentar la situación de Colombia respecto del desarrollo de la infraestructura de la calidad como una plataforma fundamental para apoyar la protección al consumidor, impulsar procesos de innovación y con ello incrementar la productividad en la industria nacional. Para ello se adelanta un análisis de la relación entre la calidad, el acceso a mercados, la innovación, la productividad y el incremento de la competitividad industrial, el cual sirve de marco para estudiar los avances y principales retos del país respecto de la política de calidad. Entre estos últimos se destaca la necesidad de avanzar en el desarrollo del campo voluntario y con ello superar el equívoco de pensar que la calidad es un sinónimo de reglamentación técnica.

Palabras clave: Política de Calidad, Innovación, Productividad, Comercio.

Introducción

La segunda mitad del Siglo XX estuvo marcada por una notable profundización del proceso de globalización, la cual se ve representada, según autores como Herrera Valencia, por una mayor intensidad en las relaciones comerciales, esto es, “(…) en el sentido que penetra más profundamente las economías nacionales, incluso en sectores hasta ahora protegidos (…)” (2005, pág. 66). Dicha intensidad resulta bastante notable en el incremento de los flujos comerciales, lo cual se puede corroborar al examinar el incremento del tráfico marítimo internacional. Así, mientras en 1980, de acuerdo con la UNCTAD, se alcanzaron los 102 millones de toneladas cargadas, para el 2013 se transportaron cerca de 1.524 toneladas (UNCTAD, 2014). Paralelo a este proceso se avanzó en el desarrollo institucional que permitiera hacer realidad la idea de los mercados libres. Es así como, luego de varios años de negociaciones en torno al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por sus siglas en inglés), y una vez culminada la 8va Ronda de Negociaciones, más conocida como Ronda de Uruguay, se dio origen a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el año 1995. Hasta este punto, uno de los temas que concentró la atención de los Estados alrededor del mundo fue la eliminación progresiva de barreras arancelarias y respecto de lo cual se han alcanzado consensos y acuerdos en varios campos.

En conjunto con la puesta en marcha de la OMC, tomaron mayor visibilidad otras disciplinas que como el caso del Obstáculos Técnicos al Comercio fueron el producto de la Ronda de Tokio (1973 – 1979). En particular y por ser de interés de este análisis, el Acuerdo OTC como se conoce hoy en día, tiene por objetivo “(…) que los reglamentos, las normas y los procedimientos de prueba y certificación no creen obstáculos innecesarios al comercio” (OMC, 2014, pág. 5). Este acuerdo ha incrementado su importancia para los Estados miembros de la OMC durante los últimos años. Lo anterior, particularmente, por la dificultad de establecer barreras arancelarias y la oportunidad que se crea para algunos países de recurrir a “nuevos” aranceles a través de prácticas en las cuales se apela a un interés legítimo3, definido en el marco del Acuerdo OTC, para regular las características o atributos de un producto de manera tal que se restrinja la competencia.

Esto ha llevado a que el desarrollo de capacidades técnicas e institucionales para garantizar el cumplimiento de exigencias de acceso, incentivar la innovación y la productividad o advertir de manera temprana la aparición de medidas cuyo único propósito sea obstaculizar el comercio, tome cada vez más importancia, particularmente, en países en desarrollo, como Colombia, que buscan incrementar sus exportaciones no minero energéticas y alcanzar una canasta exportadora más diversificada.

En este contexto, el análisis que se presenta a continuación tiene como propósito mostrar la situación de Colombia respecto del desarrollo de la infraestructura de la calidad como una plataforma fundamental para apoyar la protección al consumidor, impulsar procesos de innovación y, con ello, incrementar la productividad en la industria nacional. Con esta finalidad, este documento se ha dividido en cuatro secciones, incluyendo esta breve introducción. La segunda sección presentará la importancia de la Infraestructura de la Calidad (IC) como soporte para la protección al consumidor, la innovación en procesos productivos y el incremento de la productividad de la industria nacional; la tercera presentará los avances más notables de la IC en Colombia durante los últimos años; y finalmente, la cuarta presentará algunos de los principales retos que se han identificado para fortalecer la política de calidad en el país.

I. Importancia de la Infraestructura de la Calidad (IC)

De acuerdo con Sanetra & Marbán, por IC se hace referencia “(…) a todos los aspectos de metrología, normalización, ensayos, y administración de la calidad incluyendo certificación y acreditación. Esto incluye las instituciones públicas y privadas así como el andamiaje regulador dentro del cual operan” (2001, pág. 13). Para comprender de mejor manera la forma como la IC se relaciona con la innovación, la protección al consumidor, el incremento a la productividad y las exportaciones de una economía, resulta necesario examinar de manera preliminar cada uno de sus componentes.

En este sentido, para iniciar con un breve repaso de los componentes de la IC, resulta necesario detenerse un segundo en una pregunta que subyace tanto a la IC como a la misma existencia del Acuerdo OTC, ¿Qué es la calidad? Esta pregunta, que resulta sencilla en su formulación, pareciera tener serias dificultades para ser resuelta de manera acertada. En muchos casos se ha corroborado que en el ámbito nacional se confunde la calidad de un producto con la idea de “querer hacer bien las cosas” o “hacer las cosas con compromiso”. Si bien las dos posturas anteriores son un valioso activo en un proceso productivo, desde el punto de vista de la evaluación del cumplimiento o de la conformidad de los atributos de un producto, resulta casi imposible corroborarlas de manera objetiva.

Es en este contexto que surge la normalización. Esta es una actividad que agrupa todo el proceso para establecer los estándares o normas técnicas que permiten tener un referente contra el cual identificar si un producto los cumple y, con ello, dictaminar si es o no calidad. En el caso de Colombia esta actividad se encuentra en cabeza del ICONTEC. Además de servir de mecanismos de verificación, de acuerdo con Maskus, Wilson, & Otsuki (2000) y Swann (2010), el cumplimiento de estándares internacionales o normas técnicas bridan una señal importante de confianza en el comercio, ayudan a promover la competitividad de aquellos que cumplen de manera rigurosa dichos estándares y promueven la reducción de costos de transacción en los procesos productivos. A manera de ejemplo, se puede citar el trabajo de Swann, Temple, & Shurmer, quienes para el caso del Reino Unido identificaron que el cumplimiento de 100 nuevos estándares de calidad durante la década de los años 80s y parte de los 90s tuvo el potencial de incrementar las exportaciones en un 48% (1996, pág. 1306). Finalmente, es importante resaltar que la implementación de normas técnicas se consolida como un referente para facilitar que la industria de un país pueda insertarse en cadenas globales de valor. Lo anterior al brindar los criterios de cumplimiento para que un insumo pueda articularse con otros en un proceso de producción completamente descentralizado.

Otra actividad de gran importancia en la IC corresponde a la metrología, conocida como la ciencia de las mediciones. Para un país resulta 23 fundamental saber si las mediciones que adelanta su industria están acordes y tienen trazabilidad internacional. El campo de aplicación de esta ciencia es bastante amplio y puede cubrir desde la identificación del peso de un niño recién nacido hasta el desarrollo de superficies con bajos coeficientes de fricción y aumentar con ello la aerodinámica de un vehículo. Desde el punto de vista del apoyo al acceso a mercados, resulta fundamental, a través de la medición de niveles de metales pesados en productos como el cacao o el aguacate, o la identificación de un manejo adecuado de la temperatura en una cadena de frio, esencial para las exportaciones de productos frescos como la Tilapia.

Es importante resaltar que dentro de la metrología existen dos campos de acción bastante delimitados, a saber, el primero de ellos, denominado metrología científica e industrial, que se encuentra en el caso Colombiano en cabeza del Instituto Nacional de Metrología (INM) y el segundo, metrología legal, que está a cargo la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). En el primer campo, el papel del INM es brindar la guía científica y técnica para desarrollar nuevos procesos de medición físicos o químicos e irradiar dicho conocimiento a través de la red de laboratorios que prestan servicios a la industria, como a aquellos que hacen parte de esta última. Así mismo, tiene la tarea de representar al país en foros internacionales en los cuales se demuestre la competencia técnica en diferentes magnitudes de medición, esto último a través de la publicación de sus Capacidades de Medición y Calibración (CMC). Por su parte, la SIC se encarga de la protección al consumidor a través de la verificación de un uso adecuado de instrumentos de medición como las balanzas en plazas de mercado, el funcionamiento de las bombas de gasolina o el cumplimiento de contenido mínimo de un producto que es ofrecido al público.

De la mano con la normalización y la metrología aparecen dos actividades fundamentales en la IC, la acreditación y certificación. Estas dos actividades tienden a presentar cierto nivel de confusión al momento de ser explicadas. De manera general, mediante la acreditación, que en Colombia es liderada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), se corrobora que un organismo evaluador de la conformidad (laboratorio de ensayo, organismo de certificación, inspector) cuenta con las capacidades técnicas y la idoneidad para efectuar procesos de evaluación. En este punto es fundamental que el acreditador sea reconocido internacionalmente en foros como la Cooperación Interamericana de Acreditación (IACC, por sus siglas en inglés) o el Foro Internacional de Acreditación (IAF, por sus siglas en inglés) garantizando que las capacidades de certificación que se acreditan sean reconocidas en otros mercados. Por su parte, la certificación corresponde a una actividad que desarrollan los organismos evaluadores de la conformidad y que tiene como propósito brindar una evaluación de tercera parte a través de la cual se establezca si un proceso o un producto cumple con las exigencias definidas en una norma técnica.

Finalmente, aparecen las actividades de regulación, inspección, vigilancia y control. En el caso concreto de las actividades de regulación se encuentran los procesos de elaboración de reglamentos técnicos, los cuales se consolidan como una herramienta para proteger alguno de los intereses legítimos definidos al inicio de este documento. No obstante, este instrumento resulta ser bastante sensible a posibles capturas de los reguladores, con lo cual puede ser utilizado como un mecanismo para cerrar mercados y restringir la competencia. En razón a ello, requiere de la implementación de mecanismos más transparentes y que, basados en evidencia, puedan garantizar la relación entre la creación de un reglamento técnico y la protección de uno de los objetivos legítimos. En lo que respecta a los organismos de supervisión, vigilancia y control, su papel central recae en la verificación del cumplimiento de requisitos establecidos en reglamentos técnicos y medidas sanitarias y fitosanitarias con la finalidad de proteger al consumidor.

La suma de todas las actividades que se acaban de mencionar, de manera general conforman la IC. Desde un punto de vista económico, la IC se puede asemejar con un bien público4 en la media que el Estado debe garantizar que el acceso a estos servicios no fuese rival ni excluyente para ningún agente. Sin embargo, dadas las características de cada una de las actividades, resulta evidente la existencia de diversas fallas de mercado que requieren de un trabajo coordinado entre el Estado y los actores que conforman la IC para su corrección o debida administración. En primera instancia, y tomando como marco la teoría de las fallas del mercado, una IC con un entendimiento y articulación de sus componentes generan externalidades positivas para la innovación, el consumidor y la industria y, con ello, facilita el comercio y el acceso a mercados.

4 Esta definición se presenta desde una lectura económica, en el marco de la cual se considera que los bienes públicos corresponden a aquellos que no son rivales ni excluyentes. Para mayor detalle se recomienda ver Mankiw (2004). En detalle, una IC que funciona articuladamente se consolida como una plataforma que puede apoyar los procesos de innovación industrial. Como lo sugiere Sanetra (2016), la IC en países en desarrollo se ha concentrado en brindar servicios que permitan a la industria local cumplir con los requisitos obligatorios definidos en reglamentos técnicos en su país. Esta situación se representa por el área “A” en el Gráfico 1, mientras, en otras circunstancias, la IC se esfuerza por brindar apoyo para el cumplimiento de requisitos obligatorios en mercados externos, área “B”. En algunos casos las IC que se orientan a brindar servicios y condiciones para el cumplimiento de requisitos voluntarios o definidos por los consumidores (canales de comercialización o grupos organizados de consumidores), área “C”. Finalmente, en muy pocos casos la IC logra ser orientada para que brinde servicios e instrumentos que, además de brindar cumplimiento de requisitos voluntarios, provea de atributos que generen valor agregado y diferencien al producto que se está comercializando, zona “D”.

Gráfico 1: Innovación en la Infraestructura de la Calidad

Fuente: Elaboración propia con base en Sanetra (2016).

Una empresa que se apoya en la IC para acumular mayores niveles de calidad en su producto, el costo total del esfuerzo está dado por la suma de los costos que implicó alcanzar cada uno de los niveles de cumplimiento. Esto se puede expresar de la siguiente manera:

CTC=P1+P2+P3+Pn

Donde, CTC corresponde al Costo Total de Cumplimiento, y Pn señala el costo de cumplimiento de cada nivel de calidad. De acuerdo con el Gráfico 1, los procesos de innovación resultarán de la necesidad de parte del empresario de alcanzar cada nivel de cumplimiento a un menor precio, de tal manera que resulte más competitivo respecto de su competencia. Esta situación, se puede representar de la siguiente manera:

CTC1+<CTCi

Donde “i” y “j” representan empresas que compiten con un mismo producto en el mismo mercado. De esta forma, una empresa “i” será más competitiva en la medida que pueda alcanzar niveles de cumplimiento a un costo inferior que el de la empresa “j” y con un mayor nivel de valor agregado.

Por otra parte, en el Gráfico 1 el eje “x” presenta la cantidad de empresas (Q) para cada nivel de cumplimiento, en donde el incremento marginal de la cantidad de empresas para cada nivel de cumplimiento es menor al inmediatamente anterior. Éste, en principio, se explica por los costos de cumplimiento y el interés en acceder a mercados más sofisticados. En este punto es necesario señalar un posible equívoco respecto del nivel óptimo de cumplimiento de estándares de calidad en relación con los procesos de exportación. Dicho mal entendido corresponde a considerar que la IC debe responder exclusivamente al cumplimiento de requisitos obligatorios derivados en la mayoría de los casos en reglamentos técnicos. Si bien este es el primer paso para acceder a un mercado, es tan sólo el inicio desde el punto de vista del desarrollo de una política de calidad para los productos que buscan ser posicionados en mercados externos.

A manera de ejemplo, es posible que dos productos cumplan con los requisitos básicos de acceso a un mercado. Sin embargo, es probable que el consumidor dará por descontado dicho cumplimiento, en razón a lo cual el cumplimiento no será una variable diferenciadora del producto. En este sentido, el primer escenario de diferenciación de valor agregado de un producto corresponde a la zona “C” del Gráfico 1, en donde el cumplimiento de requisitos “adicionales” a los obligatorios brindará una posición más competitiva respecto de aquellos que tan sólo cumplen con lo obligatorio. No obstante, si existe un interés real por tener un mejor posicionamiento en el mercado y, con ello, un mayor nivel de competitividad, es necesario avanzar a la zona “D” del Gráfico 1. Ésta se encuentra caracterizada por la ausencia de normas voluntarias, lo cual hace necesario dar paso a la creación de un proceso completamente novedoso e innovador que permita verificar el cumplimiento de 26 Revista Derecho Económico Internacional atributos que otros productos no tienen y que, por tanto, reportan mayor niveles de calidad o lo que para Hausmann & Hidalgo (2010) corresponde a un incremento en el nivel de sofisticación de los productos y, con ello, una disminución de su nivel de ubicuidad.

De acuerdo con lo anterior, la lucha por incrementar la calidad de los bienes que se transan en otros mercados genera externalidades positivas para los consumidores del país de origen de dichos productos, en la medida en que se beneficiarán con acceso a mejores productos con menores costos. Así mismo, se beneficiará la industria nacional dado que la búsqueda de productos más competitivos, en los términos mencionados, impactará positivamente los niveles de productividad industrial. De manera trasversal, se incentiva la innovación en los procesos industriales y se favorece la competencia en el mercado. Lo anterior, toda vez que mayores niveles de productividad requieren mejores procesos productivos, menores niveles de reprocesos y de pérdidas en las líneas de producción. Todo lo anterior, está directamente ligado a la calidad del proceso industrial y de los bienes que devienen de éste.

Ahora bien, pese a la existencia de externalidades positivas que requieren de una adecuada administración de la IC, tal y como se acaba de ilustrar, es necesario advertir la existencia de otras fallas que en conjunto justifican la intervención del Estado a través de la formulación e implementación de una política de calidad para la productividad5. Problemas como la existencia de mercados incompletos, provisión óptima de bienes públicos, y riesgos de captura, han llevado a que los últimos años se hayan alcanzado notables avances en la coordinación de los actores que hacen parte de la IC, como de las capacidades técnicas de éstos.

II. Avances de la IC en Colombia durante los últimos años

A manera de recuento, es fundamental destacar que han sido numerosos los esfuerzos por construir un marco institucional que permita articular tanto la IC como a sus actores al servicio de la productividad, por ejemplo, el Decreto 2269 de 1993, donde se conforma El Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología. Sin embargo, es con la expedición del documento CONPES 3446 de 2006, el cual definió los lineamientos para una política nacional de calidad, que marcó uno de los hitos más importantes en materia de calidad de Colombia. Este documento definió el arreglo institucional que, bajo la coordinación de la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, permitiría contar con una IC al servicio de la productividad, la protección del consumidor y el acceso a mercados. De acuerdo con la evaluación adelantada sobre los resultados de este documento CONPES, los principales objetivos fueron alcanzados de manera satisfactoria6 como por ejemplo la creación del Instituto Nacional de Metrología (INM) en el año 2011 y el Organismo Nacional de Acreditación (ONAC) en el año 2007.

Sumado a lo anterior, con la expedición del Decreto 1595 de 2015 se establecen las bases para el funcionamiento del Subsistema Nacional de la Calidad (SICAL). A través de este Decreto se avanzó en la modernización del SICAL al fijar lineamientos claros para avanzar en la unificación de criterios y roles que permiten consolidar una IC más robusta. Adicionalmente, se incluyeron mejores prácticas de mejora normativa para la producción de reglamentos técnicos en consonancia con los lineamientos del documento CONPES 3816 de 2014 de política de mejora normativa. Este último tema, presenta una importancia particular en el ámbito obligatorio de la política de calidad. En particular, con implementación de la metodología de Análisis de Impacto Normativo y el mejoramiento de los procesos de consulta pública que se contemplan en el Decreto 1595 que brindan las herramientas a reguladores y agentes regulados para que la expedición de los reglamentos técnicos sean el resultado de un examen profundo y detallado que con base en evidencia permita concluir que es la única forma de proteger un interés legítimo, acorde con los lineamientos del Acuerdo OTC.

De manera paralela, las entidades tanto públicas como privadas que hacen parte del SICAL fueron desarrollando e incrementando su competencia técnica. En el caso del INM, durante el año 2015 se alcanzó el reconocimiento de sus primeras 50 CMC por parte de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas en las magnitudes de temperatura, humedad, tiempo y frecuencia y hoy se avanza en la aceptación por parte del Sistema Interamericano de Medidas (SIM) de cuatro magnitudes que miden densidad, fuerza, PH y conductividad electrolítica. Estos avances han implicado que el INM de Colombia se esté posicionando como uno de los institutos de metrología más importantes de la región. En esta misma línea, el área de la acreditación el ONAC, además de ser reconocido para la acreditación de laboratorios por el ILAC (Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios) en 2014; en el 2015 fue reconocido en sus capacidades de acreditación ante la Cooperación Interamericana de Acreditación (IACC) y el Foro Internacional de Acreditación (IAF). Todo esto hace del ONAC el organismo de acreditación más robusto de la región.

Finalmente, luego de la expedición del Decreto 1595 del 2015 resultó evidente la necesidad de fortalecer el Subsistema Nacional de la Calidad a través de una mayor coordinación y reconocimiento de los actores que lo conforman, particularmente buscando estrechar los vínculos entre la IC y la industria. Para ello, se diseñó una estrategia de relanzamiento y posicionamiento del Subsistema Nacional de la Calidad. Ésta responde a una evaluación que identificó que el Subsistema Nacional de Calidad no sólo estaba desarticulado sino que carecía de identidad, reconocimiento y valor. Dentro de las principales razones que debilitaban al subsistema se identificó una asimetría de información entre actores y servicios. Esto explicado principalmente por la ausencia de un espacio donde se encontrara unificada la información sobre la calidad del país y por la falta de participación y comunicación de los diferentes actores y beneficiarios. Derivado de lo anterior, se cuentan con dos resultados. El primero de ellos corresponde a la construcción de una nueva imagen institucional que tiene por objetivo generar mayor pertenencia frente al subsistema. Así, se creó la marca SICAL que tiene como slogan “Dile sí a la calidad”, tal y como se presenta en la Ilustración 1.

Ilustración 1. Nueva Imagen Subsistema Nacional de la Calidad

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2015)

El segundo está asociado al desarrollo de un portal web que, además de servir de nodo para la articulación de servicios, proveedores y usuarios, corrigiendo con ello la asimetría de información antes mencionada, permitirá potenciar el funcionamiento del punto de contacto ante la OMC, la CAN y demás socios comerciales. Lo anterior, en la medida que permitirá que aquellos interesados en las iniciativas de modificación o expedición de reglamentos de otros países puedan recibir de manera automática, previa inscripción, aquellas iniciativas de su interés y frente a las cuales podrán manifestarse en caso de considerar que 28 Revista Derecho Económico Internacional puedan tratarse de un potencial obstáculo técnico al comercio. Así mismo, se espera que a través de este portal pueda ser más fácil y transparente el proceso de expedición de un reglamento técnico, en caso que el análisis de impacto normativo haya concluido que es la única forma para proteger un interés legítimo.

Pese a los notables avances en el desarrollo de capacidades técnicas, así como el diseño de estrategias de política que permitan mejorar la coordinación entre las entidades que hacen parte del SICAL, la política de calidad en Colombia aún encara retos para lograr que ésta sea vista como un motor para la innovación, la productividad y la base para potenciar las exportaciones y la protección el consumidor. En este sentido, y para finalizar el análisis desarrollado en este documento, a continuación se presentan algunos de los retos más importantes para la política de calidad en el país.

III. Principales retos para fortalecer la política de calidad en Colombia

En primera instancia, es necesario romper con la falsa idea que la política de calidad es sinónimo de reglamentación técnica. Para ello se debe reconocer que un reglamento técnico es un mecanismo para proteger un objetivo legítimo en los términos definidos en la OMC, lo cual no quiere decir necesariamente que los productos sujetos al cumplimiento de reglamentos técnicos son aquellos que presentan un mayor nivel de calidad en el mercado, o que puedan considerarse como innovadores. En países con IC más desarrolladas la reglamentación técnica representa un conjunto bastante reducido de las actividades de las que se encarga la política de calidad. Por el contrario, en dichos países la política gira en torno al mundo voluntario, es decir, a la zona C y D del Gráfico 1. En esta medida, se requiere construir una cultura de la calidad en la industria y en el consumidor que sea proclive al mejoramiento de los atributos de los bienes que se tranzan tanto en el mercado local como en aquellos que incentiven a la industria nacional a diversificar y sofisticar su oferta exportable.

Sumado a lo anterior, resulta incuestionable que las regulaciones técnicas pueden ser utilizadas para propósitos incorrectos. Por ello, y para no descuidar el ámbito obligatorio, se requiere introducir las mejores prácticas que garanticen la transparencia, la toma de decisiones basadas en evidencia, y que justifiquen la relación de la regulación técnica con la protección de un objetivo legítimo. En este caso, el principal reto es mejorar las capacidades de reglamentación técnica de todas aquellas entidades con competencia para esta tarea.

En tercera instancia, para avanzar en el mundo voluntario de la calidad se requiere fortalecer los procesos de normalización, que en Colombia se encuentran en cabeza del ICONTEC. Para ello, es imprescindible la generación de incentivos y mecanismos que faciliten la participación de todos los posibles interesados (industria, academia, Estado, consumidores, etc.) en los procesos de normalización. De igual manera, es fundamental avanzar en el estudio y entendimiento de las normas internacionales con el propósito de contar con verdaderos referentes en materia de calidad que, a su vez, sirvan de faros para identificar rápidamente la ubicación del estado del arte de un producto. Adicionalmente, es fundamental el uso de referentes normativos internacionales que garanticen que no se establezca un nivel de cumplimiento para el mercado nacional y otro para el internacional. Esta situación, en la práctica implica, en algunos casos un doble estándar, y en otros la generación de costos innecesarios para aquellos que tienen el deseo de competir.

Así mismo, se requiere de un mayor compromiso de parte de los evaluadores de la conformidad para que de la mano de ellos, la industria nacional encuentre procesos de certificación que resulten estratégicos para acceder a nuevos mercados. En este caso, es necesario romper un círculo vicioso respecto de la provisión óptima de servicios de certificación. De acuerdo con los resultados de la última Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica (EDIT, versión VII) del DANE, para el periodo 2013 – 2014, de una muestra de 8835 empresas 850 manifestaron contar con algún tipo de certificado de calidad (sin discriminar entre certificado de proceso o de producto), lo cual representó el 9,6% del total de las empresas encuestadas (DANE, 2015). Este resultado, corresponde a una tendencia al menor uso de certificaciones, la cual se evidencia al consultar los resultados de las encuestas EDIT anteriores7. En este punto, el desafío principal es mostrar como las certificaciones son un mecanismo para demostrar valor agregado en el área C del Gráfico 1, y que más allá de ser un gasto, son un activo para incrementar la competitividad de los productos nacionales en el mercado global.

Finalmente, desde el punto de vista institucional aparecen dos desafíos. El primero de ellos corresponde a evaluar la forma como el SICAL se articulará con el nuevo arreglo institucional que propone el artículo 186 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1753 de 2015. En este marco, el papel que puede cumplir el SICAL para incentivar la innovación, incrementar la productividad, proteger al consumidor, y apoyar el acceso a mercados no puede pasar desapercibido en el nuevo Sistema de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. De esta manera será posible corregir las debilidades de coordinación que hoy persisten entre el SICAL y el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (SNCI). El segundo desafío implica que el SICAL se proyecte más allá del sector comercio, industria y turismo. La calidad no es un tema que solo competa a la industria, es una materia fundamental para sectores como salud, ambiente, defensa, entre otros tantos, y por ello es necesario una interacción entre los sectores y el SICAL.

Conclusión

En resumen, y a manera de conclusión, la política de calidad en Colombia enfrenta un doble reto. Desde el punto de vista del Estado se requiere incentivar que un mayor número de empresas ingresan al área “D” del Gráfico 1, y a su vez brindar y garantizar el buen funcionamiento de los servicios que se requieren para avanzar del área “A” a la “D”. Desde el punto de vista del sector privado, es necesario que la industria nacional avance de manera innovadora en la disminución de costos en sus procesos productivos para ello permita que su CTC sea inferior al de un mismo producto de un país “j”. De esta manera, la industria nacional incrementará su competitividad en la medida que alcance mayores niveles de calidad a menores costos, es decir, se concretará la idea que la calidad está al servicio de la productividad.

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1 Abogado de la Universidad Externado de Colombia y Master en Administración Pública y Desarrollo Económico de la University of London

2 Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, Máster en Derecho Económico de la misma universidad, y Máster en Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Colombia.

3 De acuerdo con el Acuerdo OTC, por intereses legítimos se contemplan: “la protección de la salud y la vida de las personas y de los animales o la preservación de los vegetales, para la protección del medio ambiente, o para la prevención de prácticas que puedan inducir a error (…) (OMC, 1995).

4 Esta definición se presenta desde una lectura económica, en el marco de la cual se considera que los bienes públicos corresponden a aquellos que no son rivales ni excluyentes. Para mayor detalle se recomienda ver Mankiw (2004).

5 De acuerdo con Agosin et al (2014), el desarrollo de políticas públicas en general y en particular aquellas que orientan el desarrollo de productivo de una sociedad deben partir por la identificación de fallas de mercado que justifiquen la intervención del Estado para procurar su corrección.

6 Para mayor detalle de los resultados de la ejecución del documento CONPES 3446 de 2006 se recomienda ver: Castro, Arboleda, Balcázar, & Estupiñan (2013).

7 A continuación se presentan los resultados para las versiones IV a VI de la EDIT, de las empresas que manifestaron contar con algún tipo de certificado de calidad: EDIT IV (Periodo 2007 – 2008), 24,4%; EDIT V (Periodo 2009 – 2010), 17,8%; EDIT VI (Periodo 2011 – 2012), 12,3%.

 

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