El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, buscando un mejor uso de las medidas “antidumping” como instrumento para combatir las prácticas desleales del comercio, expidió el Decreto 1750 de 2015, que modifica algunos aspectos del procedimiento y la naturaleza de los derechos “antidumping”.

La progresiva integración de Colombia en el escenario económico internacional, así como los avances en las políticas de comercio exterior de sus socios comerciales, han introducido modificaciones en las condiciones de competencia a nivel internacional. Bajo estas circunstancias, el Ministerio de Comercio reconoció la necesidad de actualizar la normativa existente para asegurar la eficacia de los instrumentos de defensa comercial y permitir a los empresarios colombianos competir en condiciones equitativas con otros países.

Las modificaciones que se proponen al actual régimen antidumping se encuentran enmarcadas en el ámbito y regulación internacional en esta materia. Este nuevo decreto respeta los compromisos adquiridos por Colombia en el marco multilateral, Acuerdo Antidumping de la OMC, y las disposiciones correspondientes en sus acuerdos comerciales bilaterales.

Las principales modificaciones son las siguientes:

1. Los derechos antidumping tendrán una vigencia de hasta 5 años. El régimen anterior definía este período como el máximo de duración de los derechos antidumping para proteger la rama de producción nacional. Se acogió un lenguaje similar al utilizado por la Unión Europea, indicando que “un derecho antidumping expirará a los cinco (5) años”, reemplazando el lenguaje anterior que indica que “un derecho antidumping permanecerá vigente máximo durante 5 años”. Este cambio de redacción ofrece mayor certeza acerca de que la duración preferible será de 5 años. El nuevo decreto conserva la posibilidad de prorrogar la aplicación de las medidas antidumping cuando persistan las causas que lo originaron.

2. Se establece que los derechos antidumping se pueden imponer por la totalidad del margen de dumping. Esto quiere decir que el sobre-arancel impuesto como medida antidumping puede llegar a ser hasta del 100% de la diferencia entre el precio de exportación de la mercancía hacia Colombia y su “valor normal” en el país exportador. En la norma anterior se establecía la facultad de imponer un monto suficiente siempre que no fuera superior al margen de dumping, con lo cual se priorizaba el concepto del derecho inferior (lesser duty).

3. Dado que los mecanismos de defensa comercial se pueden imponer a productos del país exportador por el que transitan mercancías de distinto origen, con la modificación de la norma se establece que al momento de abrir una investigación por algún producto, la autoridad que adelanta dicho proceso puede usar la información del país de origen de la mercancía y no la del país exportador para la definición del margen de dumping.

4. Se toman medidas para evitar la elusión de los derechos antidumping: Por un lado, se impone un plazo máximo de 5 meses a las investigaciones que se hagan para establecer si existe o no elusión de los derechos antidumping impuestos. Y, por otra parte, se establece la posibilidad de exigir garantías para los productos objeto de la medida desde el momento en que se abre la investigación por elusión. Si en la investigación se comprueba que, efectivamente, dicho cambio en las características del comercio de esa mercancía se debe a prácticas de elusión, la garantía se haría efectiva y podrán ser ampliados para aplicarse a las importaciones de productos similares o a partes de los mismos procedentes de terceros países.

5. Finalmente, el Ministerio de Comercio realizó una revisión de la estructura institucional del Comité de Prácticas Comerciales. Entre los cambios introducidos se destaca la participación con voz y voto de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la participación, con voz pero sin voto del Director de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio.


1 Sin perjuicio de su aplicación deseable en el caso de la Unión Europea, TLC Col-UE, Art. 40

 

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