Demandante: Panamá

Demandado: Argentina

Fecha: 30 de septiembre de 2015

Medidas en cuestión:

En esta controversia, el Grupo Especial estudió de fondo 8 medidas de carácter fiscal, contable y registral implementadas por Argentina para regular la prestación de servicios y transacciones de mercancías donde estuvieran involucrados países considerados como no cooperadores para los fines de la transparencia fiscal. Dichas medidas se enmarcan dentro de una política más amplia de protección al sistema de recaudación de impuestos por parte de Argentina, en contra de las prácticas fiscales poco transparentes y nocivas llevadas a cabo por ciertos países.

Obligaciones en discusión:

AGSC: Art. I:1, II:1, XVI:1, XVI:2, XVII, XIV y 2(a) del Anexo de Servicios Financieros GATT de 1994: Art. I:1, III:4 y XI:1

Consideraciones del Grupo Especial:

Ante el Grupo Especial, Panamá argumentó que las medidas implementadas por Argentina otorgaban un trato menos favorable a los proveedores de servicios financieros de países considerados por Argentina como no cooperadores para los fines de la transparencia fiscal con respecto a los proveedores de servicios tanto de países considerados como cooperadores como nacionales. Antes de comenzar sus constataciones el Grupo Especial, hizo énfasis en la identificación de los criterios utilizados por Argentina para clasificar a un país como cooperador y no cooperador. Así, estableció que un país cooperador era todo país con el cual Argentina (i) tuviera un acuerdo vigente de cooperación e intercambio de información fiscal o (ii) estuviera en proceso de negociación de un acuerdo de cooperación e intercambio de información fiscal.

Habiendo determinado los criterios de calificación de los países, el Grupo Especial entró a determinar si las medidas implementadas por Argentina otorgaban un trato menos favorable a los proveedores de servicios de países no cooperadores con respecto a los proveedores de servicios de países cooperadores. En este sentido determinó que en efecto sí existía un trato diferenciado hacia los países no cooperadores en relación con los países cooperadores. Constató el Grupo Especial que un país clasificado como cooperador, en virtud de estar en proceso de negociación de un acuerdo de intercambio de información fiscal, podría estar en igualdad de condiciones con un país considerador como no cooperador en relación con el intercambio efectivo de información fiscal con Argentina, en cuanto la negociación de un acuerdo no implica que exista dicho intercambio. Así, dos países en igualdad de condiciones estarían recibiendo un trato diferenciado, que es además discriminatorio en cuanto los requisitos adicionales impuestos a los proveedores de servicios financieros de países no cooperadores modifican las condiciones de competencia en detrimento suyo y en favor de los proveedores de servicios fincnacieros de países cooperadores. En conclusión, el Grupo Especial consideró que si existía un trato menos favorable dado a los proveedores de países no cooperadores en comparación con los proveedores de países cooperadores y en consecuencia las medidas implementadas por Argentina eran inconsistentes con el artículo II del AGCS.

Seguidamente, pasó el Grupo Especial a considerar si las medidas implementadas por Argentina otorgaban un trato menos favorable a los proveedores de servicios de países no cooperadores respecto a los proveedores de servicios nacionales. En este punto determinó que las consideraciones realizadas en relación con los proveedores de servicios de países cooperadores no eran aplicable en este caso en cuanto los proveedores de servicios argentinos y los proveedores de países no cooperadores si tenían situaciones disimiles en cuanto al intercambio de información fiscal con las autoridades argentinas. En este sentido, el Grupo Especial constató que las medidas implementadas por Argentina estaban diseñadas para garantizar que la relación de competencia entre servicios y proveedores de servicios argentinos y países no cooperadores se dieran en un plano de igualdad. El Grupo Especial consideró que los efectos de la falta de transparencia fiscal sobre las condiciones de competencia, pueden llevar a la adopción de medidas defensivas cuyo objetivo no es poner en una situación más ventajosa a los servicios y proveedores de servicios nacionales sino hacer frente en sus respectivos mercados a riesgos derivados de la falta de transparencia fiscal. En consecuencia, consideró que las medidas implementadas por Argentina no modificaban las condiciones de competencia en favor de los proveedores de servicios argentinos, y por lo tanto no se les estaba otorgando a los proveedores de servicios de países no cooperadores un trato menos favorable.

Frente a las acusaciones presentadas por Panamá, Argentina argumentó que sus medidas estaban justificadas en virtud de las excepciones generales Artículo XIV (c) del AGCS en cuanto eran necesarias para lograr la observancia de las leyes y los reglamentos que no fueran incompatibles con las disposiciones del AGCS y además cumplían con los requisitos del preámbulo del artículo. Sobre la defensa planteada por Argentina, si bien el Grupo Especial constató que efectivamente las medidas implementadas por Argentina eran necesarias para cumplir con el objetivo legítimo de proteger el sistema fiscal, estas no cumplían con los requisitos del preámbulo del artículo XIV. Consideró el Grupo Especial que el mero hecho de iniciar y proseguir negociaciones no permitía a Argentina cumplir con sus objetivos de asegurar la recaudación de impuestos y luchar contra prácticas fiscales nocivas. Por lo tanto, consideró el Grupo Especial que la discriminación a la que estaban sujetos los proveedores de servicios de países no cooperadores era arbitraria e injustificada, y por lo tanto dichas medidas no cumplían los requisitos del preambulo del artículo XIV.

Finalmente, frente a las reclamaciones presentadas por Panamá en relación con el GATT, el Grupo Especial consideró que las medidas en cuestión no estaban abarcadas por los artículos del GATT pues no estaban relacionadas con el comercio de mercancías.

Conclusiones:

En vista de las anteriores consideraciones el Grupo Especial determinó que:

  • Las medidas implementadas por Argentina eran incompatibles con el artículo II del AGCS.
  • Las medidas implementadas por Argentina no eran incompatibles con el artículo XVII del AGCS.
  • Las medidas implementadas por Argentina no estaban justificadas bajo el artículo XIV (c).
  • Las medidas implementadas por Argentina no estaban abarcadas por los artículos I:1, III:4 y XI:I del GATT.

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